Las placas millonarias
De la redacción de razacero.
El estado de Durango es quizá el más pobre del norte de la República mexicana, rezagado en varios rubros importantes como empleo y desarrollo social, en municipios como Mezquital, por ejemplo, la miseria es comparable a la de algunos países africanos y, al igual que allá, ha habido casos en los que por desgracia los niños sufren de desnutrición extrema y llegan a morir de hambre. Pero esto al parecer no les importa mucho al secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, y a su subsecretario de Administración, Luis Ignacio Orrante Ramírez, quienes de la manera más infame dilapidan el erario de los duranguenses favoreciendo a determinados empresarios, anteponiendo intereses particulares a los intereses públicos.
Así, de acuerdo a una investigación realizada por el equipo de razacero luego de recibir información de fuentes fidedignas de los estados de Sinaloa, Durango y la Ciudad de México, se pudo determinar lo que quizá represente la punta del iceberg de los saqueos que se realizan en esta dependencia.
El punto de partida de estos hechos comienza a principios de este año 2017, cuando el gobierno del estado de Durango, a través de la secretaría de Administración y Finanzas, da a conocer las bases de la licitación pública nacional número EA-910002998-n1-2017, para la “Adquisición de Placas y Calcomanías de Verificación Vehicular”, que se declaró desierta a pesar de que cinco empresas se presentaron a concursar, entre ellas la denominada Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V.
En enero de 2017, inmediatamente después de haber declarado desierta esta licitación, el gobierno del estado de Durango, bajo la figura de Adjudicación directa, otorgó el contrato a la empresa Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V., propiedad del empresario Manuel Martínez Saldaña, con domicilio en la Ciudad de México.
En este contexto, la empresa Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V., el 27 de enero de 2017 firma el contrato con el gobierno duranguense para manufacturar las más de 400 mil placas y calcomanías de identificación vehicular que esta administración estatal ha venido vendiendo a la ciudadanía, específicamente placas y calcomanías de autos, camiones y autobuses, además de otras variantes como placas para motocicletas, remolques, de vehículos para discapacitados, ecológicos y los pertenecientes al gobierno del estado.
Llama la atención que desde diciembre de 2016 el gobierno del estado de Durango ya había signado un contrato con esta misma empresa, también para la adquisición de diversas cantidades de placas y calcomanías.
Según los contratos de adjudicación directa números EA-910002998-n1-2017/01 y GED-SA-005/2016, el precio que el gobierno de Durango, a través de la secretaría de Administración y Finanzas, pagó por cada uno de los más de 400 mil juegos de placas y calcomanías para autos y camiones principalmente, fue de 215.76 pesos (199.52 pesos por juego de placas y 16.24 pesos por calcomanía).
Hasta aquí las cosas aparentemente parecen estar bien, hasta que de acuerdo a información obtenida de otros estados de la República pudimos constatar que esta misma empresa, Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V., ha realizado contratos de esta naturaleza y en este mismo año, con otros gobiernos estatales, como por ejemplo el de Sinaloa, al que Talleres Unidos Mexicanos en el Procedimiento de Invitación a cuando Menos Tres Personas Núm. GES IN-31/2017 le ofreció un precio de 135 pesos por cada juego de placas y engomado para autos.
Haciendo cuentas, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Durango, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, y su subsecretario de Administración, Luis Ignacio Orrante Ramírez, pagaron la friolera de 80.76 pesos más por cada uno de los más de 400 mil juegos de placas y calcomanías de vehículos que adquirió con esta empresa.
Aunque las otras variantes de placas y calcomanías (de remolques, motocicletas y vehículos pertenecientes al gobierno estatal) también presentan sobreprecios, si tomamos como base el número de 400 mil autos y camiones registrados en el padrón vehicular del estado de Durango, la cifra del sobreprecio asciende a los 32 millones 304 mil pesos que el gobierno del estado de Durango pagó de más a la empresa Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V., respecto al precio que esta misma empresa ofreció al gobierno del estado de Sinaloa por cada juego de placas y calcomanías de identificación vehicular.
Y lo peor de todo esto es que, conforme a fuentes consultadas, “el secretario de Administración y Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, y el subsecretario de Administración, Luis Ignacio Orrante Ramírez, a sabiendas de esto han seguido dando adjudicaciones directas de contratos a esta misma empresa; hace dos meses le otorgaron otro contrato con el mismo sobreprecio, pero todavía no aparece en el portal de Transparencia del gobierno del estado de Durango”, revelan.
Desde su campaña electoral, el mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres prometió a la ciudadanía duranguense un gobierno austero y totalmente transparente. El 14 de junio pasado el empresario Rafael Herrera Piedra, primo del ex gobernador priísta Jorge Herrera Caldera, fue encarcelado (y hasta el momento permanece preso) por fraude al patrimonio del gobierno del estado de Durango, que asciende a 24 millones 372 mil pesos, luego de las pesquisas que realizó el Consejero de Asuntos Jurídicos, Lic. Galdino Torrecillas Herrera, y la pregunta que seguramente ahora nos haremos muchos ciudadanos duranguenses será la siguiente: ¿Qué harán el Consejero de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de Durango, Lic. Galdino Torrecillas Herrera, la secretaria de la Contraloría, Lic. María del Rosario Castro Lozano, y los diputados del Congreso local? ¿Le fincarán responsabilidades penales al secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, y a su subsecretario de Administración, Luis Ignacio Orrante Ramírez, por este descalabro al erario de los duranguenses que asciende a más de 32 millones de pesos?
Algo tendrá que hacer el gobierno del estado de Durango, a reserva de que a poco más de un año de haber llegado al poder pierda su legitimidad.