Corral, la justicia; Aispuro, la impunidad
Las dos caras del panismo rumbo a las elecciones
Fernando Miranda Servín.
Los dos fueron integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, los dos pertenecen al Partido Acción Nacional y ganaron las gubernaturas de sus estados natales representando a este partido, pero entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, hay un abismo de diferencia.
Esa diferencia se marcó con notoriedad desde que en el Senado de la República Javier Corral, un panista de toda la vida, votó en contra de todas las “reformas estructurales”, como las reformas energética, educativa y hacendaria, principalmente, que tanto daño le han hecho al pueblo de México; Aispuro, por el contrario, votó a favor de estos latrocinios legislativos.
El mandatario chihuahuense, Javier Corral Jurado, desde que tomó posesión de su cargo puso a trabajar intensamente a buena parte de su gabinete, especialmente a su Fiscal General, César Augusto Peniche Espejel, para obtener las pruebas de los saqueos cometidos por el ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, extenuante labor que ha culminado con el encarcelamiento de más de una docena de peces gordos, entre los que destacan Javier Alfonso Garfio Pacheco, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, sentenciado a tres años de prisión; Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, sentenciado a 4 años de cárcel; Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, sentenciada a tres años de cárcel; Enrique Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda Estatal, quien enfrenta tres procesos judiciales; y el ex auditor estatal, Jesús Manuel Esparza, quien enfrenta tres procesos y aún no ha sido sentenciado. Otros 10 personajes de menor rango se encuentran encarcelados y 15 órdenes de aprehensión están por cumplirse, entre ellas la del ex mandatario César Duarte Jáquez, actualmente refugiado en Estados Unidos y protegido por el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se niega a solicitar su extradición.
Además de esto, el gobernador chihuahuense Javier Corral destapó la enorme cloaca de corrupción que involucra al ex secretario de Hacienda y actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el desvío de 250 millones de pesos que de la secretaría de Hacienda fueron a parar al erario chihuahuense durante la administración de César Duarte para financiar de manera ilícita las campañas del PRI en estados como Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Durango, en las elecciones de 2016. Producto de estas investigaciones fue el encarcelamiento del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, mano derecha del ex presidente de este partido, Manlio Fabio Beltrones, quien recientemente solicitó un amparo para evitar ser detenido por las autoridades de Chihuahua, ya que también aparece como implicado en este millonario delito de peculado.
Así las cosas, por querer llevar la ley hasta sus últimas consecuencias, como debe de ser en un auténtico Estado de derecho, el gobernador Javier Corral Jurado se encuentra enfrentado con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien en represalia por las investigaciones y encarcelamientos que el gobierno de Javier Corral ha hecho, ordenó a su secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, frenar la entrega de 700 millones de pesos asignados al gobierno de Chihuahua desde diciembre del año pasado, hecho que dio a conocer este 8 de enero el mismo gobernador Corral Jurado en conferencia de prensa dada en la Ciudad de México, en la que, entre otras cosas, destacó:
“Ante este hecho se pretende imponer una represalia económica al gobierno de Chihuahua.
“Primero adujeron razones de disponibilidad financiera para no transferir los recursos, pero después observamos que Chihuahua fue la única entidad afectada, lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones como el pago de salarios.
“Quedó claro que el motivo fue el desarrollo de la investigación… nos detienen los recursos“, denunció el gobernador.
“Estamos conscientes que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la nación habla.
“Que nadie venga a decirnos que estamos enderezando investigaciones con fines electorales o desde la estrategia de una campaña. No se pueden llamar a sorpresa, lo ofrecí en mi campaña: el gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad”, concluyó.
Hoy, mientras el gobernador panista chihuahuense, Javier Corral Jurado, libra una batalla titánica para aplicar la ley y hacerle justicia a su pueblo, el gobernador de Durango, también panista, José Rosas Aispuro Torres, ha quedado evidenciado de manera vergonzosa por sus nulos resultados en esta materia, pues a 16 meses de haber tomado posesión de su cargo no ha encarcelado a ninguno de los altos funcionarios que durante el sexenio anterior priísta se dedicaron a saquear el erario de los duranguenses; por el contrario, este mandatario y su “Consejero General de Asuntos Jurídicos”, Lic. Galdino Torrecillas Herrera, se la han pasado montando teatros burdos anunciando con bombo y platillos “inminentes órdenes de aprehensión” que lo único que han provocado es alertar a los indiciados para que tramiten sus amparos y/o preparen sus fugas.
Como se sabe, el gobernador Aispuro Torres comenzó su sexenio encarcelando a la subsecretaria de Egresos del anterior gobierno priísta, C.P. Leonor Gutiérrez Flores, quien luego de un mes fue liberada por falta de elementos, sin pena ni gloria para el gobierno aispurista; posteriormente, a mediados de junio de 2017, en un claro ajuste de cuentas, el mandatario José Aispuro anunció en los medios de comunicación locales, como en un circo romano, otra vez por medio de su “Consejero General de Asuntos Jurídicos”, Lic. Galdino Torrecillas Herrera, la detención del conocido empresario Rafael Herrera Piedra, primo del ex gobernador Jorge Herrera Caldera, responsabilizándolo de un fraude al erario duranguense de 24 millones de pesos, pero resulta que este personaje nunca ocupó cargo alguno dentro de la pasada administración priísta. A la fecha, Rafael Herrera Piedra sigue encarcelado, más por razones personales y políticas que por las responsabilidades penales que jurídicamente se le han atribuido.
Hasta el momento, José Aispuro Torres no ha encarcelado ni al ex gobernador Jorge Herrera Caldera ni a ninguno de sus ex secretarios, como el de Obras, César Guillermo Rodríguez; de Salud, Dr. Eduardo Díaz Juárez; y de Finanzas, C.P. María Cristina Díaz Herrera, así como tampoco inició pesquisas en contra de ex servidores públicos como la ex Fiscal General, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso o la ex titular de Comunicación Social, Lic. Arlene Contreras, todos ellos con fuertes indicios de haber cometido saqueos millonarios y atrocidades durante el desempeño de sus funciones. Tampoco José Aispuro ha recuperado un solo centavo robado a los duranguenses por la mafia arriba señalada.
Ahora, estos graves actos descarados de omisión y la cobardía de evadir un enfrentamiento similar al que está teniendo el gobernador chihuahuense, Javier Corral, con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se le están revirtiendo al mandatario duranguense y nos hacen pensar irremediablemente que, de alguna manera u otra, ha recibido muy importantes beneficios personales y de grupo a cambio de no cumplir con esas promesas que en su campaña electoral le hizo a la ciudadanía: “No me va a temblar la mano para castigar a quienes le hayan hecho daño al pueblo de Durango” y “El que la hace la paga”.
Para colmo, desde la misma secretaría de Finanzas del gobierno de Durango ha salido la información sobre las pruebas que el gobernador Aispuro tendría de importantes desvíos millonarios hechos por el anterior gobierno priísta a partidos satélites del PRI duranguense, pero a diferencia del mandatario chihuahuense, Javier Corral Jurado, que está ejerciendo todo el peso de la ley en contra de los responsables de ese tipo de saqueos, el gobernador Aispuro estaría utilizando esas pruebas para chantajear a algunos líderes de esos partidos satélites del PRI local que recibieron fuertes sumas de dinero obligándolos a realizar acciones para satisfacer sus intereses políticos muy personales a cambio de no encarcelarlos.
En este contexto, y ya en pleno proceso electoral, es indudable que la ciudadanía duranguense va a pensar más de dos veces para darle su voto a los partidos que llevaron al poder a este mandatario simulador (la coalición PAN-PRD-MC), y más cuando ésta ciudadanía está viendo su manera desaseada de gobernar, su nepotismo a ultranza, su complacencia hacia los actos de corrupción cometidos por la mayoría de los integrantes de su gabinete y sus acuerdos con el crimen organizado, que se reflejan en infinidad de calles de las principales ciudades de este estado, en las que abundan los puntos de narcomenudeo.
Dicen que el tiempo pone las cosas en su lugar, y en esta entidad norteña solo fueron necesarios 16 meses para darnos cuenta que el gobernador José Rosas Aispuro Torres ha sido el fraude político más grande en la historia de Durango.