Juana Leticia Herrera manda golpear a ciudadanos

De la redacción de razacero.

El 24 de junio de 2017, en el ejido El Siete, del poblado de Dinamita, Gómez Palacio, el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, y la alcaldesa de este municipio lagunense, Juana Leticia Herrera Ale, colocaron la primera piedra de la planta química norteamericana Chemours Soluciones Químicas Global. En el lugar también estuvo el representante de esta compañía, Chris Zimmer.

La planta química norteamericana Chemours Soluciones Químicas Global anunció en ese evento que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, componente elemental para la extracción de oro y plata.

Al conocerse este hecho por los pobladores de esta región, de inmediato comenzaron las protestas, en primer lugar porque la alcaldesa gomezpalatina Juana Leticia Herrera Ale no les informó absolutamente nada sobre este proyecto, y luego por la alta peligrosidad que representa tener una planta química de esta naturaleza en su entorno ambiental y habitacional.

La alcaldesa caciquil de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, a falta de operatividad política aplica la ley del garrote a la ciudadanía que dice representar.

En un proceso alrevesado, luego de que las máquinas comenzaron a aplanar la extensión en donde se pretende construir esta industria, funcionarios municipales quisieron hacer una junta vecinal para informar a la población los supuestos beneficios de instalar esa planta de cianuro de sodio, pero fueron despedidos con cajas destempladas por los habitantes de esta zona.

De igual manera, el gobierno estatal de Durango defendió públicamente a la empresa norteamericana argumentando una supuesta inversión de 3 mil millones de pesos y la generación de mil empleos, que luego se supo serían solamente 350. Por su parte, la alcaldesa caciquil Juana Leticia Herrera Ale declaró a favor de la planta química: “Me atravesaré si pudiera causar algún daño a la ciudadanía”.

Pero días después comenzó a fluir información en algunos medios de comunicación y en las redes sociales respecto a denuncias hechas por activistas ambientales que, con documentos oficiales, mencionaban las irregularidades graves que se habían cometido en la aprobación del proyecto Chemours Laguna por parte de la delegación federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Durango y de las autoridades estatales y municipales de Gómez Palacio.

A finales de junio de 2017 el gobernador de Durango, José Aispuro, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, colocaron la primera piedra de la planta Chemours, productora de cianuro de sodio.

Así, los habitantes de esta región demandaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Torreón, Coahuila, la nulidad de los permisos con que se autorizó la construcción de la planta química ya que violan la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente porque transgreden los derechos humanos de los pobladores al exponerlos a daños irreparables a sus ecosistemas y a su salud.

Juan Carlos Vargas Torres, representante de “Ciudadanos por un Ambiente Limpio” declaró en su momento: “la ciudadanía gomezpalatina desconoce que los procesos de la empresa Chemours están prohibidos en la Unión Europea y que ya había sido rechazada en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato; sin embargo, en Gómez Palacio se ocultó esa información de manera maliciosa y dolosa para permitir la instalación de esta fábrica que utiliza materias primas altamente tóxicas para producir cianuro de sodio, que es un veneno letal que pone en riesgo la vida de los habitantes de esta región. También, las autoridades federales, estatales y municipales no transparentaron el proyecto ni los permisos de instalación ni de uso de suelo, no hubo consulta a la población ni se realizaron con profesionalismo los estudios de impacto ambiental que establecen las leyes mexicanas y los tratados internacionales”.

Recientemente, otro conocido activista ambiental, Gustavo Lozano, defensor y miembro de la “Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)”, denunció: “Chemours presentó una manifestación de impacto ambiental que contiene infinidad de irregularidades, de falsedades y mentiras, menciona que el proyecto ‘no se ubicará en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se encuentra a una distancia de 7 kilómetros de la localidad de Brittingham y a 8 kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita’, cuando la realidad es que el poblado El Siete se encuentra a menos de 1 kilómetro.

Además de lo anterior, para el proceso de enfriamiento de sus reactores la planta química Chemours utilizará 43 mil litros de agua por hora, líquido vital que los gobiernos federal, estatal y municipal jamás han tenido intención de proporcionárselo a los ciudadanos que habitan estas tierras.

La “Organización Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano”, de la comunidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, mencionó durante su resistencia que los procesos de lixiviación con cianuro son altamente devastadores para el medio ambiente y están ligados a la industria extractiva de oro y plata, que a cambio de sustraer riqueza, deja tierras estériles y comunidades enfermas.

Pero nada de lo anterior importó a la principal representante del pueblo gomezpalatino, la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, quien a sangre y fuego está dispuesta a imponer la construcción de esta planta química en contra de la voluntad de la ciudadanía y en contra de las leyes ambientales establecidas.

Y la crisis estalló el pasado 9 de marzo cuando más de 400 habitantes del ejido El Siete y las comunidades de Dinamita, La Aurora, El Volado, Las Américas y Abisinia, entre otras, se manifestaron pacíficamente en las cercanías donde se construye la planta química Chemours, obstruyendo un paso carretero.

Elementos de las policías municipal de Gómez Palacio y estatal de Durango ejercieron la represión en contra de los habitantes de los poblados de Dinamita, El Siete y La Aurora que protestaban en contra de la instalación de la planta química Chemours, el pasado 9 de marzo.
Más de 20 heridos entre ciudadanos y policías por la ineptitud de las autoridades municipales de Gómez Palacio.

Sin operadores políticos efectivos ni capacidad de diálogo, la improvisada y autoritaria alcaldesa optó por la represión policíaca para dispersar a los manifestantes, quienes, indignados, se defendieron de la agresión. En la refriega, más de dos docenas de ciudadanos y policías resultaron lesionados por la nula eficiencia que esta presidenta municipal tiene para afrontar y resolver este tipo de problemas sin ejercer la violencia.

Medio centenar de ciudadanos gomezpalatinos fueron encarcelados ilegalmente desatándose una absurda persecución por parte de policías municipales, apoyados por fuerzas estatales, que inclusive allanaron domicilios particulares de los poblados cercanos para aprehender a ciudadanos que ni siquiera habían participado en la manifestación pacífica contra la planta química Chemours y, gracias a la presión social realizada en importantes medios de comunicación nacionales y en las redes sociales, la mayoría de ellos fueron puestos en libertad, permaneciendo 10 activistas detenidos que fueron ingresados al CERESO de Durango y hoy son ya considerados presos políticos.

Este episodio ignominioso deja muy mal parada a la prepotente alcaldesa priísta de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, precisamente a la vuelta de la esquina del proceso electoral que culminará el próximo 1 de julio, porque estos sucesos graves están sucediendo en el municipio que gobierna y afectan directamente a la ciudadanía que según ella prometió defender sus intereses.

Por otro lado, es imperativo que el gobernador del estado, José Aispuro Torres, intervenga directamente en este asunto tanto para corregirle la plana a esta alcaldesa incompetente como para liberar de inmediato a los ciudadanos Raúl Puentes Díaz, Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Daniela Nohemí Caballero, Sanjuana Nájera, María de los Ángeles Camacho, Christian García Pimentel, Guillermo García Pimentel y Julián Rodríguez Ordaz, acusados ilegalmente del delito de motín.


 

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