#JusticiaParaLerdo

La exigencia de la organización social Redes Ciudadanas, en las principales avenidas de Lerdo.

De la redacción de razacero.

Con un gabinete municipal extremadamente nepotista que tiene a más de medio centenar de familiares incrustados en la nómina, el gobierno de Lerdo, encabezado por María Luisa González Achem, pidió recientemente al Congreso de Durango permiso para solicitar un préstamo a una institución bancaria por más de cien millones de pesos para pagar una demanda laboral a 87 ex trabajadores despedidos hace una década.

La historia se remonta al trienio 2004-2007 en el que fue alcaldesa de este municipio Rosario Castro Lozano, quien el pasado 28 de marzo renunció a su cargo de secretaria de la Contraloría del gobierno estatal de Durango para ser candidata a diputada local de esta entidad por el distrito XIII. Y es el dirigente de la organización civil Redes Ciudadanas de La Laguna, Ing. Jorge Valenzuela Hernández, el que detalla la denuncia en entrevista exclusiva para razacero:

“Hacia el final de su periodo como presidenta municipal de Lerdo, la panista Rosario Castro Lozano y quien quedó en su lugar como alcalde interino, el también panista Antonio Olivas, de manera dolosa aumentaron exageradamente los sueldos a los integrantes de su séquito, que en su mayoría ocupaban altos cargos; así, la nómina de 2 millones de pesos que estos empleados cobraban se elevó a 5 millones. En el 2007, al tomar posesión como alcalde, el priísta Carlos Aguilera Andrade despide a estos trabajadores que inician un juicio laboral en contra del municipio de Lerdo.

Al centro el Ing. Jorge Valenzuela Hernández con Carmen Elizalde, Ricardo Maldonado y Ricardo Subirías, representantes de organizaciones civiles de Lerdo que le exigen al Congreso de Durango fincar responsabilidades a los ex alcaldes de este municipio y a la alcaldesa María Luisa González Achem. “Tenemos pruebas que los involucran”, manifiestan.

“Carlos Aguilera Andrade termina su administración sin resolver este problema y lo hereda al presidente municipal priísta entrante, Roberto Carmona Jáuregui, quien de igual manera hace caso omiso de este conflicto. En el 2016, Luis de Villa Barrera, también priísta, tampoco hace nada para atender este asunto hasta que en este trienio, con la alcaldesa María Luisa González Achem, la resolución definitiva estalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha conminado a esta autoridad a pagar la friolera de ¡146 millones de pesos! a los 87 ex trabajadores despedidos en el 2007”, manifiesta el Ing. Valenzuela Hernández, agregando: “Es evidente que existieron negligencias administrativas y quizá hasta responsabilidades penales por parte de los presidentes municipales mencionados, desde Rosario Castro hasta la actual alcaldesa María Luisa González Achem, que por graves actos dolosos y de omisión originaron y dejaron crecer este problema al grado de que hoy el municipio de Lerdo está obligado a pagar semejante suma millonaria de dinero que no tiene. ¿Por qué tenemos que pagar este adeudo los ciudadanos contribuyentes cuando estos alcaldes fueron los directamente culpables de este descalabro al erario?”.

En días pasados la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, acudió al Congreso del estado de Durango para solicitar permiso para pedir un préstamo a una institución bancaria con el objetivo de pagar esa deuda, por lo que el 19 de marzo los integrantes de la organización civil Redes Ciudadanas de la Laguna, encabezada por el Ing. Jorge Valenzuela, y Carmen Elizalde, Ricardo Maldonado y Ricardo Subirías, representantes de organizaciones sociales de Lerdo, hicieron acto de presencia en la capital del estado para hacer pública su denuncia ante los medios de comunicación locales.

“No estamos de acuerdo en que el pueblo de Lerdo pague por los abusos de la ex alcaldesa panista Rosario Castro Lozano y su sucesor, Antonio Olivas, y por la negligencia y omisión de los ex alcaldes Carlos Aguilera Andrade, Roberto Carmona Jáuregui, Luis de Villa Barrera y María Luisa González Achem, por eso le exigimos al Congreso del estado de Durango que abra una investigación para fincar responsabilidades a estas personas”, finalizó el Ing. Jorge Valenzuela Hernández.


 

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