Gómez Palacio, Durango.- Al principio de la administración de Juana Leticia Herrera, el rumor que corría entre los políticos de café o miembros del RENATAB (Registro Nacional de Talentos en la Banca) en La Laguna, era la apropiación de los terrenos del DIF por parte del clan Herrera Ale.

Funcionarios, ex funcionarios, pequeños empresarios e incluso algunos dirigentes de cámaras empresariales, se acercaban a este medio para cuchichear el despojo que estaban cometiéndose en contra de la ciudad al vender las instalaciones del DIF municipal.

PÁG. 5 (1). Bajo la careta de benefactores el clan Herrera Ale se apodera de bienes inmuebles propiedad de la ciudadania.
Bajo la careta de benefactores, el clan Herrera Ale se apodera de bienes inmuebles propiedad de la ciudadanía.

Construido sobre los terrenos donados en 1976 por el Fraccionamiento El Campestre, Sociedad Anónima, y la Fraccionadora y Constructora de Gómez Palacio, Sociedad Anónima, escriturados bajo el Número 3 mil 160 el día 2 de febrero de 1976, por la Notaria Pública Número 12, Lilia Sonia Casas Franco; y manifestados en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 11 mil 999 del 25 de febrero de 1976, en estos predios las instalaciones del DIF fueron construidas como oficinas y centro de atención a los ciudadanos.

Desde entonces, y hasta el año 2016, fueron punto de referencia, en atención a los más necesitados patrimonialmente.

Ubicadas en el área de mayor plusvalía de la ciudad, pronto fueron motivo de negociación para el ex alcalde José Miguel Campillo Carrete, quien viendo la ambición de la cepa Herrera Ale, los canjeó por impunidad.

De esta manera, metieron a Nicolás Alejandro Issa Mourra como “comprador” para que fingiera que iba a construir “un hotel de cuatro estrellas”, edificio que nunca erigió, como tampoco instaló negocio alguno.

Dejaron pasar un año exacto, para que, en septiembre 18 de 2017, el turbio Notario Público Número 3, el ex preso Octaviano Rendón Arce, levantara la Escritura Pública Número 40 mil 688 para que Issa Mourra le vendiera el edificio que perteneció al DIF a la Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V., una empresa propiedad de Jerónima Reza Soto, mejor conocida como “Moma” Reza, cuñada de Leticia Herrera Ale, y que fue fundada el 22 de junio de 2017, ante la Fe de Rendón Arce.

PÁG. 5 (2). Jerónima Moma Reza Soto, la cuñada cómoda de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale. Imparable el pillaje de la clase política corrupta de Gómez Palaco.
Jerónima “Moma” Reza Soto, la cuñada cómoda de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale. Imparable el pillaje de la clase política corrupta de Gómez Palacio.

Así que, con apenas 3 meses de constituida, la empresa de “Moma” Reza adquirió después de un periplo de un año, lo que, en cafés, en el mundillo político e incluso entre funcionarios públicos se sabía de cierto: los terrenos del DIF son propiedad de la cepa Herrera-Reza, luego que los mercenarios e irresponsables regidores del ex alcalde priísta Campillo Carrete quebraron la ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, que convierte en punible la desincorporación de los terrenos de Bulevar Alemán esquina con Mónaco.

¿Qué esconde “Moma” Reza? dio datos falsos de su empresa Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V.

Que el opaco Notario Público Número 3, Octaviano Rendón Arce, registre datos que no son fidedignos en algunas de sus escrituras públicas, no es novedad; pero que una empresa que se supone se encuentra legalmente constituida lo haga, es de pensar que algo ilegal esconde. Así sucede con Arrendadora e Inmobiliaria Magistral S.A. de C.V., propiedad de “Moma” Reza, quien en la Escritura Pública Número 40 mil 688 aseguró tener por domicilio la Calle Claveles sin número Colonia Jardín, en Gómez Palacio, Durango, con el Código Postal 35079, pero simplemente la calle no existe, como tampoco la empresa arrendadora, al margen de que es una colonia proletaria.

Sí todo es legal, ¿por qué esconder una empresa en una calle que no existe? Esa es la pregunta.

La ilegalidad de la venta de
las 
instalaciones del DIF

La venta de los terrenos del DIF se realizó de manera ilegal de acuerdo con lo que estipula la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango.

La transacción se realizó a todas luces con la complicidad del entonces presidente José Miguel Campillo Carrete -punible de acuerdo a la ley-, junto con el Síndico Dagoberto Limones López y sus regidores Jesús José Cisneros Robledo, Primer Regidor; María Isabel Cisneros Torres, Segunda Regidora; José Mario Ortega Bermúdez, Tercer Regidor; Ringo Manuel Enríquez Salazar, Cuarto Regidor; Francisco de Santiago Campos, Quinto Regidor; Juan José Ramírez Ortíz, Sexto Regidor; Juan Francisco González Díaz, Séptimo Regidor; Eduardo Faudoa Chávez, Octavo Regidor; Lorenza Adela Medrano Navarro, Novena Regidora; Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor; Ángel Guillermo Orona Gallardo, Décimo Primer Regidor; Jacquelin Santos Romero, Décima Segunda Regidora; Oswaldo  Santibáñez García, Décimo Tercer Regidor; Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto Regidor; Hassan Chaúl García, Décimo Quinto Regidor; así como el secretario del Ayuntamiento, Régulo Octavio Gámez Dávila, quienes afectaron al patrimonio municipal puesto que se siguen pagando arrendamientos de inmuebles, cuando el edificio del DIF pudo albergar oficinas municipales.

Sin embargo, la negociación de impunidad de José Miguel Campillo con Juana Leticia Herrera Ale urgía, y que mejor manera que pagar con bienes que no eran de él; lo que muestra la baja ralea del ex alcalde y la presidente municipal, que conociendo que están rompiendo la ley apelan a la impunidad, a que no se conozcan los atentados contra el patrimonio público de los ciudadanos.

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José Miguel Campillo Carrete, ex alcalde de Gómez Palacio, el arte de negociar la impunidad transando bienes ajenos.

Que los priistas, panistas, perredistas, morenistas, movimientos naranjas o partidos duranguenses hablen de honradez y servicio, está por verse que lo cumplan; los archivos públicos están llenos de trapacerías de éstos quienes se dicen servidores públicos.

Esta es otra joyita que regalan los “benefactores” de Gómez Palacio -como se auto nombra el linaje Herrera Ale y parientes-, al municipio; pero faltan más camafeos, regados por todo el municipio.

También, exigimos juicio político contra la presidente priista Juana Leticia Herrera Ale, por faltar más del 80 por ciento de las ocasiones a las sesiones de Cabildo, por saquear bienes patrimoniales municipales, crear empresas trianguladas para apoderarse de dinero público; otorgar inmuebles a familiares mediante triangulaciones ficticias, hacer uso faccioso del poder público, además de perseguir periodistas y ordenar balear a manifestantes que se oponen a la instalación de la fábrica de cianuro de sodio propiedad de Chemours, entre otros motivos. Además de hacerla responsable a ella y a su clan Herrera Ale (Ernesto, Carlos Manuel y demás parientes) de los daños físicos que pueda sufrir mi familia, este reportero y los colaboradores de Demócrata Norte de México.


 

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