El fracaso del PAN en Durango

Fernando Miranda Servín.

Desde mucho antes de las elecciones de junio de 2016, el Comité Directivo Estatal del PAN en Durango ya cargaba en sus espaldas la sospecha bien ganada de ser comparsa de los gobiernos priístas en turno, y de que sus diputados solo velaban por los intereses de los pequeños grupos a los que pertenecían. Al respecto, no son pocas las marcadas evidencias de los tratos sucios que este partido hizo con la última dinastía de priístas corruptos que gobernaron esta entidad, como los de las elecciones de 2010, luego de las cuales pactaron diputaciones y presidencias municipales a cambio de la gubernatura arrebatada por los priístas a José Aispuro Torres por medio del fraude electoral. Posteriormente, en 2013, en los corrillos políticos locales trascendieron las negociaciones impúdicas que los panistas hicieron con el gobierno estatal priísta para que el candidato tricolor a la alcaldía de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ganara esas elecciones sin tropiezos ni impugnaciones blanquiazules; y como se recordará, el contendiente de Esteban Villegas Villarreal en aquella ocasión fue Jorge Salum del Palacio, actual candidato a diputado por el distrito federal 04 de Durango.

Así, desde hace más de una década, un reducido séquito de políticos se ha fosilizado en este partido haciéndole creer a la ciudadanía que efectivamente lucha por su bienestar, mientras se reparten candidaturas a su antojo y saltan de curul en curul abultando sus cuentas bancarias no con sus estratosféricos sueldos, sino con las transas que como diputados y regidores, y regidores y diputados, constantemente hacen en contubernio con los gobiernos priístas a los que han servido y con los gobiernos “del cambio” que actualmente ostentan el poder a nivel estatal y en algunos municipios duranguenses.

Hoy, como ya es sabido por la vox populi, estos mismos panistas que elección tras elección no han dejado de aparecer en las boletas electorales se han mantenido en esos espacios de poder en los que siempre se han sentido cómodos por sus características arriba mencionadas (el Congreso local y el Cabildo de la ciudad de Durango, específicamente), solo que ahora más cobijados por los gobiernos panistas “del cambio” estatal y del municipio de Durango.

Y los comentarios en los cafés, en las calles y en las redes sociales coinciden:
Ésta élite vividora del erario está ahí en este momento no tanto por sus brillantes capacidades políticas sino por el hartazgo que la ciudadanía duranguense tenía de los gobiernos saqueadores priístas y que canalizó dándole el voto en las elecciones de 2016 principalmente a dos personajes no panistas abanderados por este partido: José Aispuro Torres, ex priísta, y José Ramón Enríquez Herrera, ex dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano.

Llegada al gobierno la coalición formada por los partidos PAN, PRD y MC, ese reducido gremio de caciques panistas comienza a disfrutar de algunas relaciones de poder, impensables para ellos cuando eran servidumbre fiel de los gobiernos priístas, y una de las muestras más indignantes de abuso de este poder y de tráfico de influencias se dio a poco más de un mes de que esta coalición partidista ganara las elecciones, cuando Luis Eduardo Jiménez Ramos, de 28 años de edad y sobrino de la entonces diputada panista local electa, Patricia Jiménez Delgado, el 31 de julio de 2016 mató en estado de ebriedad a su vecino, el profesor Luis Chairez Tremillo, porque éste se atrevió a pedirle que bajara el volumen de su música. Inmediatamente, algunos medios de comunicación locales y la Fiscalía General del estado comenzaron a tergiversar los hechos haciendo parecer el homicidio como imprudencial, argumentando que el profesor Chairez Tremillo fue el provocador, que se cayó y se desnucó, quedando Luis Eduardo Jiménez Ramos en libertad bajo caución a menos de una semana de ocurridos los trágicos hechos.

Ya en los inicios del sexenio del gobierno “del cambio”, conforme fueron avanzando los meses, los ciudadanos duranguenses no solo vieron que habría impunidad para la mayoría de los saqueadores priístas que acababan de dejar el poder sino también para muchos de los nuevos funcionarios que llegaron a ocupar altos cargos; una impunidad bien protegida y jamás cuestionada precisamente por este gremio privilegiado de legisladores panistas.

De esta manera vimos el papel nada decoroso de legisladores como Mar Grecia Oliva, José Antonio Ochoa, Gina Campuzano, Patricia Jiménez, Rodolfo Dorador y Jorge Salum del Palacio encubriendo en el Congreso local las ineptitudes, omisiones y atracos de secretarios estatales, directivos y presidentes municipales afines a sus intereses personales, partidistas y de grupo, actuando tan igual como los legisladores locales priístas lo hicieron en los sexenios pasados.

Una vez cumplida esta tarea nada honrosa, la mayoría de estos “legisladores” panistas (caciques al fin de cuentas) buscó la reelección y se otorgaron a sí mismos candidaturas a diputaciones locales y federales en este proceso electoral, como si en verdad hubieran realizado un buen papel en el Congreso local de Durango.

Hoy, los duranguenses vuelven a ver estas mismas caras panistas en las boletas electorales, estas mismas caras que en las elecciones de 2016 prometieron un cambio que no ha llegado y prometieron encarcelar a los saqueadores priístas que tanto dañaron el patrimonio de este generoso pueblo, saqueadores que siguen libres porque según el “Consejero Jurídico” del gobierno estatal panista, Galdino Torrecillas, “se amparan cada ocho días” y no es posible aplicarles la ley. Y este mismo grupo de panistas que insisten en seguir pegados a la ubre del erario duranguense son los mismos que como legisladores y ciudadanos comunes jamás protestaron y, por el contrario, protegieron puntualmente los atropellos, ineficacias y corruptelas que todos los días desde que empezó el sexenio “del cambio” han cometido funcionarios como el titular de la Secretaría de Salud, César Humberto Franco Mariscal, cuyas ineptitudes ya han ocasionado la muerte de varios duranguenses; “servidores públicos” como el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, que no resuelve los problemas del magisterio ni de los padres de familia que diariamente se quejan en los medios de comunicación de los abusos laborales que se cometen en esta institución y de las condiciones en las que se encuentran las escuelas; y funcionarios como el titular de Obras Públicas, Arturo Salazar Moncayo, constantemente denunciado por constructores locales por dar adjudicaciones directas a empresarios foráneos; esto, por mencionar solo a tres integrantes del gabinete estatal.

Ahora, sin vergüenza alguna, con todo este equipaje de promesas incumplidas y complicidades hipócritas, candidatos como Patricia Jiménez Delgado, Jorge Salum del Palacio, José Antonio Ochoa y Mar Grecia Oliva se atreven a pararse en los cruceros y a tocar puertas para volver a pedirle el voto a los duranguenses. Y otros perfiles, también nefastos, como el de la ex directora de Comunicación Social del gobierno del estado de Durango, Verónica Terrones Romero, censuradora de medios y partícipe en el despido injustificado de decenas de trabajadores estatales, y el ex regidor de Durango, Alejandro Mojica Narváez, estrechamente relacionado con la alcaldesa represora de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, también se sumaron a este grupo de timadores electoreros.

Lo positivo de todo esto es que ya está probado al 100% que al pueblo de Durango no se le puede engañar, y si en las elecciones de 2016 se deshizo de buena parte de la escoria priísta que le robó durante casi 90 años, en estas elecciones también podrá deshacerse de esta dinastía panista que ya lleva casi dos décadas enriqueciéndose, haciendo grandes negocios al amparo del poder y viviendo a sus costillas.

Así, con el lema de campaña que tienen los integrantes de este pequeño grupo acomodaticio panista que reza: “Ni un paso atrás”, quizá el pueblo duranguense deba responderles este próximo 1 de julio: “Ni un voto más”.