CNTE-Durango, el asunto de los 9 y la “reforma educativa”

    De la redacción de razacero.

    Hoy retiraron su plantón de las puertas de la Secretaría General de Gobierno del estado de Durango los 9 profesores del magisterio duranguense que, apoyados por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de esta entidad, siguen reclamando sus pagos de salarios retenidos desde principios de 2016 por haberse negado a ser evaluados dentro de la perniciosa “reforma educativa”, impuesta bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto por las fuerzas partidistas del PRI y el PAN, principalmente.

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    Una vez más, apoyados por la CNTE, los 9 profesores reprimidos por negarse a ser evaluados, volvieron a protestar, ahora tomando las instalaciones de la secretaría General de Gobierno del estado de Durango.

    En entrevista con los profesores afectados, estos manifiestan que desde el sexenio pasado fueron reprimidos por negarse a presentar sus exámenes de evaluación: “Fue el Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del estado de Durango quien emitió la orden al Fondo de Nómina Educativa de la Secretaría de Educación Pública para que de manera arbitraria se nos retuvieran nuestros pagos”, manifiestan.

    Con la llegada del gobierno “del cambio” de filiación panista-perredista a Durango en septiembre de ese mismo año 2016, los maestros pensaron que su problema se resolvería de inmediato.

    “En las leyes laborales no se plantea en ninguna parte la retención de salarios, y menos por negarse a presentar exámenes de evaluación educativa, la sanción máxima es el cese, pero tampoco se nos puede cesar porque estamos cumpliendo correctamente con nuestras labores educativas”, exponen.

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    El omiso secretario de Educación Pública del estado de Durango, Rubén Calderón Luján, no pudo o no quiso solucionar el problema de los 9 profesores a quienes el gobierno pasado, en represión por negarse a ser evaluados, les retuvo su sueldo de manera arbitraria.

    Así las cosas, el gobierno estatal de Durango, específicamente el titular de Educación, C.P. Rubén Calderón Luján, desde que comenzó su sexenio hizo caso omiso para hacer las gestiones correspondientes ante el gobierno federal, es decir, ante el Fondo de Nómina Educativa de la Secretaría de Educación Pública, para liberar los pagos de los profesores reprimidos.

    “El gobierno estatal ha sido desidioso, ha dejado pasar el tiempo y se han negado a resolver nuestro problema de manera malintencionada pues en noviembre de 2017 muchos compañeros profesores se negaron a presentar la evaluación de permanencia y a ellos el Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación estatal no les retuvo el sueldo por temor a que este conflicto creciera”, detallan los profesores.

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    Arq. Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno del estado de Durango, hoy se comprometió a iniciar de inmediato las gestiones ante el gobierno federal para solucionar este conflicto.

    De esta manera, y manteniendo el lineamiento represivo heredado por el pasado gobierno priísta, el actual gobierno panista “del cambio” ha permanecido indiferente para solucionar este escabroso asunto, primero con la cerrazón o ineptitud del titular de la Secretaría de Educación duranguense, Rubén Calderón Luján, y luego con la carencia de operatividad política del secretario General de Gobierno, Arq. Adrián Alanís Quiñones, quien tampoco ha sabido o no ha querido interpretar las instrucciones del mandatario estatal, José Aispuro Torres, quien en su campaña electoral y desde que tomó posesión de su cargo prometió apoyar y resolver los problemas del magisterio duranguense.

    Mientras esto sucede en Durango, otras entidades han sabido resolver a tiempo conflictos similares a este, como por ejemplo Nuevo León, Veracruz y Tlaxcala, pero el gobierno duranguense parece querer estar más comprometido con las reformas de Enrique Peña Nieto y no practicar su propia política, ya que es el único estado de la República en donde se presenta esta deleznable medida de retener salarios a profesores por negarse a ser evaluados.

    A estas alturas, y gracias a la ausencia de decisiones políticas acertadas, el gobierno de Durango, por el momento, se encuentra metido en camisa de once varas pues recientemente el mandatario estatal José Aispuro Torres manifestó su apoyo irrestricto al futuro gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien reiteradamente prometió en su campaña revertir la “reforma educativa”.

    Hoy, cuando a todas luces el sexenio presidencial priísta ha terminado, Enrique Peña Nieto ha pasado a segundo plano y el santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador prácticamente ha tomado su lugar en los medios de comunicación nacionales y extranjeros, el gobierno estatal duranguense deberá apurar la solución de este conflicto ante el secretario de Educación Pública del gobierno federal, Lic. Otto Granados Roldán, a reserva de enfrentarse con el gobierno entrante del tabasqueño; de no ser así, la prolongación de este conflicto nos estaría enviando el mensaje a los mexicanos de que la marcha atrás de la “reforma educativa” no se llevará a cabo y fue solamente una promesa más de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República.

    Los profesores a los que desde los inicios de 2016 les fueron retenidos sus sueldos son: Hugo Labastida Robles, Diana Yareli Barrera Saucedo, María Mayela López García, Margarita Verónica Zamora Contreras, María del Carmen Zavala Moreno, Jovanni Quiroga Ramos, Armando Serrato González, Yoscelina Rentería Villalobos, Adriana Yazmín Pérez Piedra y José Parra Alvarado, profesor de Educación Media Superior cesado.


     

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