Un gober corrupo y cobarde

Fernando Miranda Servín.

Quizá ninguno de sus asesores de imagen, a los que paga considerables sumas de dinero, le ha comentado al gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, lo mal que se ha visto últimamente en diferentes medios de comunicación locales y nacionales en los que ha despotricado en contra del ex presidente corrupto Felipe Calderón Hinojosa. Su postura sería aplaudible si no fuera porque los calificativos y situaciones que menciona del ex presidente fácilmente podrían ser aplicados a su persona.

“Felipe Calderón es un déspota, en las reuniones con gobernadores ni caso nos hacía, se la pasaba todo el tiempo con su blackberry atendiendo otros asuntos”, manifestó recientemente Herrera Caldera, gobernador que ignora las denuncias que los ciudadanos hacen por actos de corrupción e ineficacia de sus subalternos y al que tienen que cazar en las calles de Durango o hacerle marchas y manifestaciones públicas para suplicarle que acepte una audiencia o solucione un problema.

Uno de los puntos medulares de las críticas de este gobernador al ex mandatario Felipe Calderón se centra en la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, alegando que el gobierno federal de Calderón no tuvo nada que ver, como si Durango fuera autosuficiente para solventar este megaproyecto; luego entonces, si no es de la Federación ¿de dónde han salido los miles de millones de pesos para realizar esta obra faraónica? ¿de las castigadas arcas del gobierno estatal duranguense que quedaron fuertemente desfalcadas luego de los saqueos realizados por el ex gobernador corrupto y actual senador de la República Ismael Hernández Deras y su séquito de ladronzuelos que aún siguen ocupando altos cargos dentro de la administración de este gobernador también corrupto?

“Felipe Calderón no ayudó a Durango”, dice la lengua incansable de Herrera Caldera ante cuanto micrófono le ponen enfrente, evadiendo el informe de que durante el sexenio de este presidente Durango recibió mucho más presupuesto que en los sexenios anteriores, y si no les dio más recursos fue porque seguramente Calderón conocía el dato de que esta mafia priísta, que gobierna este estado desde hace más de 80 años, se roba el presupuesto de manera impune, y de nada sirve que los pocos ciudadanos duranguenses que se atreven a denunciar la corrupción que impera en el gobierno estatal acudan a las instancias correspondientes, como la Contraloría estatal y la Fiscalía General, porque simple y sencillamente no les hacen caso y terminan archivando las denuncias.

Así actúa el gobernador Jorge Herrera Caldera, protegiendo los actos de pillería de sus colaboradores, como la ex directora del Instituto de Cultura estatal, Ing. Corín Martínez Herrerra, acusada de graves actos de corrupción por trabajadores de la cultura que inclusive demandaron un juicio político en su contra desde hace más de un año por ineficacia y desvíos millonarios, y hasta la fecha el Congreso local mantiene congelado este juicio por órdenes de este gobernador cuyo primer acto de gobierno fue violar la autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la que ha impuesto a por lo menos tres rectores de manera ilegal y hoy está convertida en una isleta de poder en donde su hermano, Antonio Herrera Caldera, es quien decide quién o quiénes van a ocupar tales o cuales cargos, al grado de que sus directivos y académicos tienen que buscarlo en su empresa particular, el emporio bicicletero NAHEL, propiedad de esta familia, para que les dé el visto bueno de algún nombramiento o proyecto académico.

“Las reuniones de gobernadores con Calderón eran una pérdida de tiempo, a veces nos pasábamos hasta 6 horas revisando estadísticas inútiles”, ha comentado también Herrera Caldera.

Todos los mexicanos sabemos cómo gobernó al país Felipe Calderón, sabemos que lo hizo de manera ineficaz y corrupta, pero lo que resulta inaceptable del gobernador duranguense Jorge Herrera Caldera es que no haya aprovechado las oportunidades que tuvo, que no fueron pocas, para decírselo en su cara. Los cobardes no arriesgan, y seguramente Herrera Caldera tuvo miedo de provocar una reacción violenta de Calderón y amanecer en algún reclusorio por alguna de las muchas fechorías que ha cometido.

Y es que Jorge Herrera Caldera ya ha sido mencionado con insistencia en algunos medios de comunicación prestigiados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Apenas a principios de enero pasado, en varios puntos de Durango aparecieron narcomantas en las que lo denunciaron por supuestamente haber negociado la plaza de Durango con el conocido capo Ismael “El Mayo” Zambada, y la secretaria de la vicefiscalía de Gómez Palacio, Julieta Calvillo González, secuestrada por un grupo del crimen organizado, apareció en un video subido a internet en la página internacional de Youtube manifestando la misma versión, que el gobernador duranguense había negociado la plaza de Durango con “El Mayo” Zambada. Días después, Julieta Calvillo González aparecería descuartizada en las inmediaciones de Gómez Palacio. Y las narcomantas siguen apareciendo en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio señalando a este gobernador por presuntamente estar vinculado con un grupo de la delincuencia organizada en particular.

Hoy, para nadie es un secreto en Durango que las principales policías estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jesús Antonio Rosso Holguín y la Fiscalía General, cuya titular es la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, están totalmente en manos del crimen organizado. “Son ellos los que manejan todo, hay una nómina operativa alterna en las dos policías, la estatal y la Fiscalía General, exclusiva para esta gente, que no solo se dedica a cuidar la plaza sino también a extorsionar ciudadanos”, dice un empleado de la misma Fiscalía y, por supuesto, somos nosotros los contribuyentes los que pagamos esas nóminas.

Mal asalariados, los policías que no se encuentran en esta nómina privilegiada se quejan de recibir sueldos de hasta 4 mil 500 pesos al mes, mientras un funcionario que ostenta el cargo de “Director de Inteligencia de la Policía Estatal” gana más de 70 mil pesos mensuales. “Nosotros somos tropa y por eso nos va de la chingada, en Gómez Palacio apenas hay 20 compañeros de la policía estatal, desarmados, y quién sabe quién se queda con el bono Procampo de 4 mil 700 pesos mensuales, este bono aparece en nuestros talones de pago pero no lo recibimos, y por el riesgo de nuestro trabajo no tenemos derecho a algunas prestaciones importantes como créditos para vivienda, como sí las tienen los militares, que gozan de muchas prebendas y beneficios”, argumentan.

Algunos altos jefes policíacos, como el director de la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI), Mario Montaño Huerta, dicen, difícilmente podrían justificar las propiedades monumentales que poseen.

Actualmente, tan solo de Gómez Palacio, los jefes policíacos duranguenses reciben un promedio de 500 mil pesos mensuales por concepto de cuotas o extorsiones provenientes de la delincuencia común, como bandas de asaltantes, negocios clandestinos de piratería y robacoches.

Todo esto forzosamente lo debe de saber el gobernador, Jorge Herrera Caldera, y si no lo sabe debería de pedirle la renuncia a su secretario general de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, responsable de mantener la seguridad y el orden en el estado.

Otro foco rojo de corrupción extrema, del que también es responsable el gobernador Jorge Herrera Caldera, es el que se da en los reclusorios estatales a cargo del subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, Noel Díaz Rodríguez, especialmente en el CERESO número 1 de la capital del estado, en donde todo tiene un precio y las dádivas millonarias que produce tienen varios destinatarios dentro de la alta cúpula gubernamental estatal.

“Todo comenzó a empeorar desde el anterior sexenio de Ismael Hernández Deras, con él se perdió el control que el gobierno tenía en materia de seguridad pública ya que consintió abiertamente los actos delictivos del crimen organizado”, expresan policías inconformes.

Así gobierna el PRI en Durango, con una dictadura bien estructurada que ha tenido como prioridad blindar a los principales medios de comunicación locales y algunos nacionales con cantidades inimaginables de dinero de los contribuyentes y con las mismas tácticas políticas que este partido ha utilizado desde hace casi 90 años, como son las campañas populistas de entrega de despensas y cobijas y las rimbombantes inauguraciones de obras inconclusas, algunas calles pavimentadas y alumbrados públicos, cuyos gastos publicitarios superan el costo de los beneficios proporcionados a la ciudadanía.

Y la peor desgracia de este estado norteño es que no tiene otras expectativas de gobierno ya que la derecha, representada por el PAN, está más que desprestigiada por haber negociado en las pasadas elecciones de 2010 la gubernatura que ganó en las urnas el candidato de la Coalición Durango nos une (PAN, PRD, Convergencia), José Rosas Aispuro Torres, y porque por lo menos una de sus diputadas, Judith Murguía Corral, y dos de sus alcaldes triunfadores en aquella contienda, renunciaron a este partido o fueron cooptados por el PRI y el gobierno estatal. En lo que concierne a los partidos de “izquierda” como el PRD, Movimiento Ciudadano y PT, carecen de arraigo popular y sus dirigencias gozan de la mala fama de estar comprometidos con el gobierno estatal, del cual recibirían dádivas considerables. Estos tres partidos, además, sufren del caciquismo de sus dirigencias que los han convertido en meras empresas particulares para darle empleo con jugosos sueldos a familiares y amigos. En Durango no hay una verdadera izquierda ni una oposición de derecha que pudiera quitarle el sueño a la mafia local priísta que hoy, con la llegada de su partido a la presidencia de la República, gozará de una impunidad total para seguir enriqueciéndose ilícitamente saqueando las arcas estatales y poniendo en mayor riesgo a la ciudadanía al dejar en manos del crimen organizado a las principales policías del estado.