Ya de sobra es conocido que la Secretaría de Educación del Estado de Durango es uno de los campos de aterrizaje más utilizado por la clase política gobernante de esta entidad para beneficiar a no pocos privilegiados; así, allegados, amigos, familiares, amantes y hasta políticos de primer nivel no tienen empacho ni pudor para recibir sueldos sin trabajar… para ser, como se dice en el argot político, “aviadores”.
La ex diputada federal priísta y actual delegada de la SEDATU en Durango. Más de diez mil horas de vuelo en la fuerza aérea de la SEED.
Esta práctica deleznable nos sangra a todos los contribuyentes ya que es incuantificable la cantidad de millones de pesos de nuestro dinero que va a parar a los bolsillos de determinadas personas de manera ilegal.
Y a pesar de que tenemos la certeza de que este hecho reprobable existe y que cada quincena o cada mes se comete este saqueo en esta y otras instituciones, no hacemos nada para evitarlo, quizá por indiferencia o porque sabemos que de poco o nada sirve denunciar estos actos oprobiosos, porque los funcionarios encargados de sancionar este tipo de delitos la mayoría de las veces protegen a los infractores porque pertenecen a la misma mafia política.
Hoy, afortunadamente los medios de comunicación alternativos como el internet y las redes sociales han concientizado a un buen sector de la población para usarlas y difundir los actos de corrupción que cometen nuestros gobernantes, pero en el aspecto legal nos falta mucho por hacer como sociedad ya que seguimos siendo rehenes de los grupos de poder emanados de esa partidocracia que se apodera de las instituciones públicas y las convierte en feudos particulares.
La transparencia, en los hechos, es un mito, pues la Secretaría de la Función Pública carece de marco legal para castigar estos robos ya que desde el inicio del sexenio peñanietista la partidocracia eliminó el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que le daba sustento jurídico a la SFP. Y con la aplazada creación de la Comisión Nacional Anticorrupción no existe en nuestro país ninguna instancia legal que castigue eficazmente los saqueos millonarios que cometen nuestros gobernantes. Por eso, las quejas que la ciudadanía presenta ante las diferentes contralorías, federal, estatales y municipales, rara vez tienen una respuesta positiva, y solo “castigan” a empleados de bajo rango ya que los “peces gordos” siempre gozan de total salud.
En este caso, es la delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Durango, la conocida ex diputada federal priísta, Doctora en Derecho Yolanda de la Torre Valdez, la que, de acuerdo a documentos enviados a nuestra redacción, está incurriendo en esta grave falta. Pero ¿quién o quiénes son los funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Durango responsables de que este saqueo se esté llevando a cabo de manera impune?
Algunos de los talones de pago quincenales de la SEED a nombre de Yolanda de la Torre Valdez. (Clic para agrandar)
La llamada a nuestra redacción luego de recibir la documentación que aquí exhibimos fue más que elocuente: “La delegada de la SEDATU, Yolanda de la Torre Valdez, desde antes de ocupar este cargo y hasta la fecha ha sido ‘aviadora’ en la secretaría de Educación… recibe un sueldo con clave de directora”.
¿Cuántos más como esta delegada cobran en esta secretaría por no hacer nada?
¿Cuántos más se embolsan nuestro dinero con la complacencia y complicidad de las máximas autoridades estatales?
