El presidente Enrique Peña Nieto no entiende que no entiende; y mientras, caen más ex gobernadores corruptos
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no entiende que no entiende, así lo hizo notar el periódico inglés The Economist, luego de que el primer mandatario anunciara con bombo y platillo la designación del nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, para que lo “investigue” respecto a si hubo o no conflicto de interés en las adjudicaciones directas de contratos a los empresarios Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, y a Roberto San Román Dunne, quienes resultaron ser los constructores y vendedores de los palacetes que poseen Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, comprados en condiciones confusas y con tasas de interés muy inferiores a las establecidas en el mercado inmobiliario. Ambos empresarios han sido beneficiados con contratos millonarios durante las gestiones de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y actualmente como titular del poder Ejecutivo, con Luis Videgaray como su secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense y ahora como su secretario de Hacienda. Y aunque Peña Nieto diga que “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, ni tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”, nadie le cree que no tuvo nada que ver en las asignaciones de contratos millonarios a esos empresarios que “casualmente” les “vendieron”, “donaron” o “cedieron” esas propiedades monumentales a él, a su esposa y a su secretario de Hacienda.
Lo que no sabe el presidente de la República es que cada día hay muchos más mexicanos mejor informados que se niegan a que les vean la cara de ilusos y saben que el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez no es más que una torpe farsa maquinada por esa mafia que encabeza y que detenta el poder, y cree que está gobernando un país de niños, a quienes se les convence de cualquier cosa obsequiándoles un caramelo.
De inmediato, millones de ciudadanos nos enteramos que Virgilio Andrade Martínez es ahijado político del mismo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien lo ha promovido para ocupar los diversos cargos que ha tenido en el IFE y en la actual administración peñanietista, y a quien supuestamente va a “investigar” con todo el rigor de la ley.
Por lo mismo, como aquí lo apunta el periodista Renato Consuegra, este nombramiento hecho por el propio Enrique Peña Nieto ya representa en sí mismo otro conflicto de interés, pues a esta secretaría de la Función Pública jamás se le dio la autonomía que debió de haber tenido desde su creación.
Además, la SFP carece de marco jurídico desde que inició este sexenio, pues con la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la normaba, quedó sin soporte legal y sujeta a un proceso de “reestructuración” que hasta la fecha se encuentra abandonado por el Congreso de la Unión, cuyos integrantes todavía siguen “pensando” si van a crear o no la Comisión Nacional Anticorrupción, por lo que en los hechos en este momento no existe ninguna instancia legal que impida y combata los actos de corrupción y saqueos al erario que cometen nuestros gobernantes.
Así, con este cuento que ni Walt Disney hubiera sido capaz de inventar, Enrique Peña Nieto pretende hacernos creer que su lacayo e hijo putativo de Luis Videgaray, Virgilio Andrade Martínez, lo va a “investigar”, cuando todos los mexicanos con un poco de sentido común ya sabemos los resultados de la “investigación” que hará este funcionario de marras.
Lo cierto es que a Enrique Peña Nieto le urgen distractores y escándalos que lo alejen de los reflectores nacionales e internacionales por los trágicos sucesos de Tlatlaya, en el Estado de México, y de Iguala, en Guerrero, en los que necesariamente tuvo una participación directa o indirecta, junto con sus compañeros de gabinete Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Ahora, como no está dando resultado el teatro de Virgilio con su Divina Comedia, el presidente Peña Nieto ha optado por sacrificar a algunos ex gobernadores.
Y quizá esta sea la única consecuencia positiva de la desesperación del primer mandatario priísta por dejar de ser el foco de atracción de numerosos gobiernos y medios de comunicación extranjeros, así como de los millones de usuarios de las redes sociales de internet, pues estos ex gobernadores se han ganado a pulso el “derecho” a ocupar los encabezados de los principales periódicos nacionales e internacionales y el banquillo de los acusados en más de una instancia.
Así, al primero que le tocó ese “honor” fue al perredista Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno del D.F., catalogado en su momento como “el mejor alcalde del mundo”, pero resultó ser uno de los principales responsables del megafraude que representó la construcción de la Línea 12 del Metro capitalino, mal hecha y con costos inflados a más no poder, que con todo y la reparación de sus 11 estaciones inservibles nos costará a los contribuyentes más de 45 mil millones de pesos, es decir, el doble de lo inicialmente presupuestado. Ahora, Marcelo Ebrard se encuentra bajo investigación por una comisión formada por diputados federales.
Otro ex gobernador que fue exhibido recientemente en The New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo, es José Murat Casab, quien gobernó Oaxaca de 1998 a 2004, y en este diario fue denunciado por las propiedades millonarias que su familia posee en Estados Unidos, especialmente en las zonas más exclusivas de Nueva York.
Para completar la triada de ex gobernadores corruptos se develó la red de saqueadores del erario comandada por Ángel Aguirre Rivero en el estado de Guerrero, al capturar la PGR a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su segundo en la banda de defraudadores que desviaba recursos federales y estatales a empresas fantasmas para posteriormente depositarlos en cuentas personales.
Y aunque la ciudadanía duda que estos actos sean verdaderas muestras de impartición de justicia, espera que sigan cayendo otros ex mandatarios estatales y gobernadores que en la actualidad también están robando nuestro dinero de manera infame, haciendo negocios particulares con recursos públicos.
¿Habrá castigo para todos los corruptos o se trata solamente de un circo romano?
A estas alturas resulta insuficiente echarle un poco de carne a los leones para tratar de distraer la atención sobre los errores presidenciales e intentar revertir el inminente fracaso de las próximas elecciones, en las que se espera el rechazo mayoritario del pueblo a esta partidocracia podrida y totalmente alejada de las principales causas populares. Si están cayendo tres ex gobernantes delincuentes, deben caer todos aquellos que nos metieron y en este momento nos están metiendo las manos en los bolsillos. De no ser así, difícilmente la ciudadanía querrá seguir legitimando en las urnas a este régimen hamponeril.