Las venganzas del gober

De la redacción de raza cero.

El pasado 29 de abril, los líderes campesinos de Gómez Palacio, Hipólito Pasillas y Javier Colchado, decidieron encabezar la toma de las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina, cuyo dirigente es el diputado local por el X distrito electoral Alfredo Héctor Ordáz Hernández. El motivo de la medida fue el hartazgo de un numeroso sector de los trabajadores del campo por la ineficacia, corrupción y despotismo con que se conduce el diputado Ordáz Hernández, a quien acusan de traficar influencias para favorecer a familiares y amigos cercanos en la designación de recursos de programas sociales. “Le dio un tractor a su tío y cabras a su hermano, además de que maneja los recursos de la confederación de manera discrecional, sin rendir cuentas transparentes y no fomenta las actividades del campo, no trabaja, casi nunca está en su oficina”, acusa uno de los campesinos indignados.

Para realizar la toma de las oficinas de la CNC, el ex líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Hipólito Pasillas, y el campesino Javier Colchado solicitaron la asistencia del notario público Octaviano Rendón Arce, ex presidente municipal de Gómez Palacio, para que diera fe de los hechos. Sin embargo, menos de 72 horas después de que tomaron la sede de la CNC, el 1 de mayo, el notario público Octaviano Rendón Arce y los líderes campesinos Hipólito Pasillas y Javier Colchado fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Durango y encarcelados en el CERESO número 1, acusados de los delitos de despojo y robo.

“Es una venganza política del gobernador Jorge Herrera Caldera ya que el notario público Octaviano Rendón, ex alcalde de Gómez Palacio, en su momento no apoyó la candidatura de Herrera Caldera para gobernador, en el 2010. Aquí en Gómez Palacio todo mundo sabe que el diputado Ordáz Hernández es una imposición de Herrera Caldera en la CNC, lo quiere tener a la fuerza cuando la mayoría de los campesinos lo repudiamos por corrupto”, manifiestan los campesinos inconformes.

“Todo comenzó cuando Hipólito Pasillas le ganó el módulo de riego a Ordáz Hernández, legalmente, en votaciones. Pasillas solicitó al PRI ser candidato a regidor en las próximas elecciones, pero le negaron la petición por lo que manifestó que se iría al PAN; luego, la toma de la CNC encolerizó al gobernador Jorge Herrera Caldera y de inmediato los mandó a encarcelar”, abundan.

Al respecto, llama la atención la premura con la que actuaron la Fiscalía General de Durango, a cargo de la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, y el Tribunal Superior de Justicia de Durango, a cargo del Lic. Apolonio Betancourt, quienes en menos de 72 horas realizaron las indagatorias y obsequiaron las órdenes de aprehensión para encarcelar a los líderes campesinos y a su notario público, instituciones que no funcionan de esta manera cuando se trata de impartir justicia a ciudadanos comunes.

“Él dio fe de un hecho ilegal al introducirse de manera violenta a las instalaciones de la CNC ya que no contaba con un documento judicial que acreditara la invasión al lugar, solo las autoridades judiciales están facultadas para realizar este tipo de procedimientos”, dijo la Fiscal General luego de detener al notario público y ex alcalde de Gómez Palacio, Octaviano Rendón.

En Gómez Palacio, nadie cree la versión de que Octaviano Rendón, Hipólito Pasillas y Javier Colchado se robaron objetos de las oficinas de la CNC. “Esta acusación, además de burda, es infame”, dicen los campesinos que conocen de sobra la trayectoria de estos personajes.

La Fiscal General, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Lic. Apolonio Betancourt, durante este sexenio han formado una dupla muy peculiar; la primera se ha caracterizado por permitir que los agentes ministeriales bajo sus órdenes torturen a los ciudadanos detenidos para que estos se declaren culpables de delitos que no cometieron, y el segundo, a sabiendas de estas graves violaciones a las garantías individuales, tolera que los jueces acepten las consignaciones de los detenidos y los sentencien con estas anomalías indignantes.

Así opera la justicia en Durango, con un gobernador visceral, represor, muy dado a las revanchas políticas que suele llevar al terreno de las venganzas personales, como sucedió en los casos de la Universidad Pedagógica de Durango en donde una decena de profesores que se opusieron a la demolición de este plantel están amenazados con ir a la cárcel acusados por el delito de sedición, y del profesor Miguel Ángel Ortiz Castañeda, ex director de la Escuela de Matemáticas de la UJED, quien durante la gestión del anterior rector, Luis Tomás Castro Hidalgo, fue obligado a renunciar luego de ser amenazado por personeros del gobierno estatal por haber denunciado y puesto a disponibilidad a profesores “aviadores”, entre ellos al ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UJED, Alfredo Gallegos Villarreal. Luego de la renuncia forzada del profesor Miguel Ángel Ortiz Castañeda, el gobernador y su hermano Antonio Herrera Caldera, quien funge como poder fáctico en esta casa de estudios, impusieron como director de la Escuela de Matemáticas al profesor “aviador” Alfredo Gallegos Villarreal.

Este es la manera de gobernar de la clase política priísta duranguense que dispone de los principales órganos procuradores de justicia para su servicio particular. Estilo sucio y transgresor de las garantías individuales y muy proclive a practicar la impartición selectiva de justicia ante la sospechosa complacencia de los partidos políticos y diputados locales de “oposición” que, teniendo conocimiento de estos atropellos que se cometen en agravio de la ciudadanía, guardan silencio ante los medios de comunicación y en la tribuna del Congreso estatal.