Gabinete de mafiosos
Quizá hasta ahora los mexicanos estemos comenzando a comprender las razones del enorme auge económico de nuestros políticos gracias a la audacia, tenacidad y temeridad de algunos paladines del periodismo, y al eco que de sus investigaciones hacen las redes sociales de internet, que provocan que este tipo de noticias vuelen en menos de un segundo a todos los rincones del planeta.
Ya desde tiempos inmemoriales se han sabido las rapacerías que han cometido quienes nos han gobernado, y estos hechos han sido registrados por los cronistas e historiadores en sus obras literarias, en las que narran acontecimientos genuinos y totalmente diferentes a los que nos han acostumbrado a leer en los libros de texto gratuitos escolares.
Así, tal vez el único de los mandatarios que se salva de formar parte de la lista de saqueadores del erario sea el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien, a pesar de haber permanecido en la presidencia de la República durante 13 años, llevó una vida austera, a diferencia de Porfirio Díaz, de quien algunos descendientes hasta la fecha siguen disfrutando de su fortuna mal habida.
El robo directo de las contribuciones por parte de los funcionarios siempre ha estado acompañado de las entregas ilegales de tributos a cambio de favores, que de tan frecuentes que han sido se han convertido en deleznable costumbre. Solo que ahora, ante el caudal de abusos y corruptelas que cometen nuestros gobernantes, la ciudadanía ya reclama limpieza en el quehacer público, sobre todo cuando la mayoría de la población padece pobreza.
Ahora, la presunción de costosos viajes al extranjero, la portación de valiosos relojes, el uso de aeronaves oficiales para fines personales, las compras en Beberly Hills y la posesión de millonarias mansiones por parte de políticos deshonestos se han convertido en hechos fuertemente reprobados por una sociedad que ya está harta de que le restrieguen en la cara, de manera cínica, los productos del pillaje que practica la clase política que dice representarla.
Pero la partidocracia criminal que se ha apoderado del Estado mexicano parece no percibir estos aires de inconformidad y sigue tirando de la cuerda, ya bastante tensa, implementando diferentes maneras de saqueo que van desde la auto asignación de estratosféricos sueldos hasta la burda repartición entre diputados y senadores de miles de millones de pesos en el Congreso de la Unión para que aprobaran las iniciativas de las reformas que van a seguir manteniendo en la miseria a millones de mexicanos.
Es el auge de unos cuantos que han convertido a las instituciones públicas en arcas abiertas para robarse nuestro dinero y hacer fortunas inimaginables de la noche a la mañana.
Hoy, el gremio delictivo que nos gobierna es una de las mafias más implacables especializadas en la sustracción del erario y en el tráfico de influencias, así como en el retorcimiento de nuestra Constitución Política para despojarnos de todo nuestro patrimonio nacional y ponerlo en manos de sus mismos socios nacionales y extranjeros. Y en esta vorágine desenfrenada de enriquecimiento ilícito con los recursos que deberían de servir para sacar de la pobreza a millones de compatriotas, siempre han entendido que incurren cotidianamente en incontables conflictos de intereses, razón que los convierte en doblemente peligrosos.
Por eso, por más cartas y videos aclaratorios que emitan tratando de justificar lo que a todas luces es injustificable, nadie les cree que las mansiones que poseen han sido adquiridas con el esfuerzo honesto de sus trabajos: el presidente Enrique Peña Nieto con su Casa Blanca de 86 millones de pesos; Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, con su casa de campo en Malinalco, Estado de México, de un millón doscientos mil dólares, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con su casa de 52 millones de pesos; dos de estos inmuebles, el de Peña Nieto y el de Osorio Chong, ubicados en una de las zonas urbanas más exclusivas de Latinoamérica, las Lomas de Chapultepec, y supuestamente “comprados” a los empresarios a quienes han favorecido con contratos de obras públicas y servicios que ascienden a varios miles de millones de pesos, desde que ocuparon las gubernaturas de los estados de México e Hidalgo, respectivamente, y lo que va de la actual administración federal. Más descarada la corrupción y más obvio el enriquecimiento ilícito no pueden ser.
Por eso, lo positivo de las denuncias que han hecho los periodistas admirables de los equipos de Carmen Aristegui y la revista Proceso, que han revelado las millonarias posesiones en bienes inmuebles de los principales integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo de la nación es que nos han ayudado a terminar de identificar a nuestros verdaderos enemigos, a esos que no solo nos roban nuestro dinero sino también nuestros sueños. Ellos son las auténticas cabezas del crimen organizado, ellos son los responsables de que como nación no podamos progresar. Estos y todos aquellos gobernadores, magistrados, diputados y senadores que en este momento nos están defraudando con sus pillerías son los mutiladores de alas que no les importa reprimir y asesinar con tal de permanecer en el poder.
Por eso hoy más que nunca urge que como sociedad nos organicemos para apoyar con todo a los que proponen deshacernos de la partidocracia y conformar un nuevo Constituyente con ciudadanos patriotas que nos conduzcan a recuperar los bienes nacionales que nos han despojado las últimas generaciones de políticos depredadores, como este cartel de las Lomas de Chapultepec que actualmente nos “gobierna”.