Durango: Las elecciones compradas

Fernando Miranda Servín.

A pesar de haber cometido infinidad de delitos electorales, todo le ha salido a pedir de boca a la mafia priísta que detenta el poder en esta entidad norteña.

Desde la elección de los consejeros y el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, identificados plenamente con el priísmo, comenzaron las anomalías, mismas que denunció en su momento no los partidos de “oposición” sino el diputado priísta Enrique Benítez Ojeda desde la tribuna del Congreso estatal, en la que dejó entrever claramente que es el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, el que gira instrucciones y órdenes a este instituto a través de uno de sus principales personeros, su primo Rafael Herrera Piedra, identificado en la política duranguense por ser corruptor de periodistas.

Los demás delitos electorales cometidos por el PRI y el gobierno estatal, como la violación del tope de gastos de campaña y el uso desmedido de recursos materiales y humanos pertenecientes a todas las dependencias del gobierno estatal fueron premeditadamente inadvertidos o protegidos por los mismos partidos de “oposición” duranguenses quienes, con actitudes sospechosamente sumisas, nunca reclamaron ni denunciaron estos hechos ante las instancias legales correspondientes como el oficialista IEPC y la FEPADE.

Ya sobre el curso del proceso electoral se sabría, según fuentes de primer nivel, que el mismo candidato priísta a la alcaldía de Durango, Esteban Villegas, comentó a su círculo cercano de colaboradores que el gobierno estatal de Jorge Herrera Caldera habría entregado 15 millones de pesos a la dirigencia del PAN estatal y habría ofrecido 25 millones al dirigente del PT, Alejandro González Yáñez, a cambio de aceptar los resultados de las elecciones en el municipio de Durango, la capital.

“El PAN aceptó de inmediato, pero Alejandro González Yáñez no; esto, como medida de presión o chantaje ya que también está exigiendo que el gobierno estatal le dé el control absoluto de los recursos financieros de los CADIS”, revela la fuente.

Los CADIS son 18 Centros de Atención y Desarrollo Infantil que proporcionan servicios de guardería, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, fueron fundados a iniciativa del dirigente petista Alejandro González y son manejados por las dirigencias del PT y MORENA. Los recursos con los que funcionan provienen de la Cámara de Diputados y son entregados al gobierno estatal duranguense, y este, a su vez, los proporciona a los CADIS, supervisándolos y auditándolos. Actualmente, los CADIS reciben 115 millones de pesos anuales. Y esta cantidad de dinero es la que pretende manejar a su antojo el líder petista Alejandro González Yáñez, a cambio de aceptar los resultados de las elecciones de la alcaldía de la ciudad de Durango.

Recientemente, Ana Carolina Ríos Páez, hija de la dirigente estatal de MORENA, María de Jesús Páez Güereca y de uno de los principales dirigentes del PT duranguense, Primitivo Ríos, fue denunciada en el periódico Reforma por recibir un sueldo superior a los 120 mil pesos mensuales como “contadora general” de los CADIS de Durango; María de Jesús Páez y Primitivo Ríos ocupan altos cargos directivos dentro de la administración de los CADIS con sueldos superiores a los 25 mil pesos mensuales.

Así se las gastan estos dirigentes de la “oposición” de “izquierda” en Durango que han hecho enormes fortunas personales negociando el voto de los ciudadanos.

Y a todo este panorama ya de por sí enrarecido, se ha sumado la exhibición vergonzosa que el tuitero Don Ramón MX ha hecho de medio centenar de conocidos periodistas duranguenses que aparecen en una lista proporcionada por una fuente gubernamental como receptores de dinero o “chayotes”.

En la lista aparecen nombres, fechas y cantidades de dinero que los comunicadores reciben por parte del gobierno estatal, obviamente para callar la infinidad de corruptelas que comete el gobernador Jorge Herrera Caldera, personaje frívolo que llega al extremo de ordenarle a su séquito que se encarga de “cuidarle su imagen” que le quiten la papada con fotoshop en las fotos que regularmente publican los periódicos impresos locales.

Aunque algunos periodistas han tratado de desmentir la lista, esta contiene datos certeros, y los resultados han sido contraproducentes: “Me reportan de la oficina donde sale el recurso para estos señores y señoras, que cierta persona mandó pedir más. Descaro total”, escribió el tuitero Don Ramón MX el 26 de junio pasado, para rematar dos días después: “La periodista que pidió más apoyo económico es Betsy Hidalgo, que descaro, no llenó con lo que le dieron”.

Llama la atención que algunas cantidades de dinero, supuestamente entregadas a los periodistas duranguenses, oscilan entre los 60 y 85 mil pesos mensuales, y otras varían hasta los 5 mil pesos.

Así, en la lista aparecen conocidos periodistas de los canales 10 y 12, y otros cuyos medios de comunicación son muy poco conocidos y de muy escasa circulación, pero sus directivos tienen nexos familiares o de amistad con el gobernador Jorge Herrera Caldera.

La controversia que está provocando la publicación de esta lista está pasando por alto el detalle de que dichas cantidades de dinero provienen del erario y son sustraídas de manera ilegal ya que estos periodistas no son empleados del gobierno estatal ni prestadores de servicios porque trabajan y son directivos en pequeñas y grandes empresas privadas de la comunicación en Durango. ¿Hay recursos etiquetados en el presupuesto del gobierno estatal de Durango para entregar este tipo de cantidades a un grupo selecto de periodistas? ¿Bajo qué concepto hacen entrega de dinero público a estos comunicadores? ¿Hay contratos establecidos con ellos? ¿Y si el dinero que el gobierno estatal entrega a los periodistas de manera ilegal no pertenece al erario, qué procedencia tiene?

En un amplio sector de la ciudadanía duranguense hay indignación ya que si se trata de exigir justicia y aplicar la ley, como el gobierno federal priísta de Enrique Peña Nieto lo ha hecho y coadyuvado respectivamente en los casos de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales y el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, también debe de investigar al gobernador duranguense Jorge Herrera Caldera y a sus colaboradores que manejan a su antojo los recursos financieros del estado, ya que la sustracción ilegal del erario es un delito, así como la utilización de recursos de procedencia ilícita.

Y forzosamente debe ser la PGR quien investigue estos saqueos millonarios a las arcas del gobierno de Durango, o el origen de estos recursos, ya que tanto la Fiscalía General como la Contraloría estatal son dependencias totalmente sometidas al primer mandatario estatal, Jorge Herrera Caldera, a quien le ha estallado esta bomba en la cara, en pleno proceso electoral.

Así las cosas, estas elecciones quizá sean las más desaseadas en la historia de Durango, tanto por la cantidad enorme de atropellos cometidos por el PRI y el gobierno estatal como por la pasividad explicable de los partidos de “oposición”, que quedaron evidenciados como instituciones altamente corrompidas y al servicio de la mafia priísta que gobierna esta entidad desde hace casi 100 años.

La imposición del presidente y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la violación del tope de gastos de campaña por el PRI, el uso de recursos materiales y humanos del gobierno estatal a favor del PRI, y la compra de periodistas y dirigentes de los partidos de “oposición”, en un Estado de derecho pleno podrían ser argumentos suficientes para que estas elecciones no se llevaran a cabo, pero en Durango la corrupción y la impunidad son prácticas cotidianas que la centenaria mafia priísta ejerce hoy de manera más implacable, como sintiéndose protegida por el círculo cercano del primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto… y aquí es donde los ciudadanos nos debemos preguntar: ¿de veras será cierto eso de que el presidente de la República no tiene amigos? ¿Seguimos estando en la prehistoria política en la que los gobernadores, por el solo hecho de serlo, tienen derecho a delinquir y saquear las arcas públicas sin que nadie los someta al imperio de la ley? Aquí en Durango hay uno, señor Presidente, y se llama Jorge Herrera Caldera.