Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH

[pull_quote_center]El organismo presentó el primer informe sobre el flagelo que se da primordialmente por la violencia generada por el crimen organizado; planteó crear una ley general en la materia.[/pull_quote_center]

Hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se detectaron a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado, además se detectó a 35,433 personas víctimas del DFI, referenciadas por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron”, dice el comunicado de la CNDH.

González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. “Es necesario que el Estado mexicano reconozca la existencia de este problema”.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. “Es necesario que el Estado mexicano reconozca la existencia de este problema”.

“Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, dijo el ombudsman.

Agregó que este informe resultó de un ejercicio de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas y que los principales estados con problemas de desplazamiento, según las cifras que recopilaron, son Chiapas y Guerrero en el sur; Michoacán y Jalisco, en el oeste, y Sinaloa y Tamaulipas en el norte del país.

El titular de la CNDH también planteó crear una ley general en la materia que establezca el marco jurídico base para la distribución y determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades al respecto.

(Agencias).

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