Posible conflicto de interés en gobierno de Durango

Fernando Miranda Servín.

Ya sea por presiones políticas o decisiones personales, muchos de los nombramientos de integrantes de su gabinete que ha hecho el gobernador de Durango, Dr. José Rosas Aispuro Torres, no solo no han convencido a la clase política duranguense sino a un amplio sector de la ciudadanía.

En La Laguna, por ejemplo, los mismos seguidores de Aispuro Torres, los aispuristas, han manifestado su desacuerdo total e inconformidad por la designación del Lic. Manuel Ramos Carrillo como subsecretario de Gobierno en La Laguna. Manuel Ramos Carrillo hasta hace poco era encargado de la oficina de recursos humanos en la empresa Chilchota, propiedad de la alcaldesa priísta gomezpalatina Juana Leticia Herrera Ale, quien ha metido en la nómina del ayuntamiento de Gómez Palacio a un buen número de ex empleados de su empresa familiar.

Otro nombramiento que ha causado cierto escozor en la sociedad es el del Lic. Zacarías Francisco Cabrera Oliver como titular de la Vicefiscalía del Estado en esta misma región de La Laguna, y es que la ciudadanía duranguense recuerda a Cabrera Oliver por haber sido delegado de la PGR en ese periodo cruento en el que Durango se llenó de fosas clandestinas, sobre todo en la capital, de las que sacaron más de 300 cadáveres, y este funcionario jamás dio respuestas sobre las indagatorias de estos hechos.

Hoy, otra polémica desata el nombramiento de la hasta hace un par de días conductora de televisión del canal 10, Verónica Terrones Romero, como directora de Comunicación Social del gobierno estatal.

Verónica Terrones Romero se caracterizó por ser una periodista muy afín a los intereses de los dos últimos gobiernos priístas.

Hoy, la duda que despierta este nombramiento es si se presentará un posible conflicto de interés ya que Verónica Terrones ha pasado de ser reportera y conductora de noticieros del canal 10 de Durango a ser funcionaria pública, por lo que resultará interesante ver qué tipo de trato le dará a la empresa televisora para la cual dejó de trabajar recientemente en lo que se refiere a los convenios de publicidad que el gobierno hará con los medios de comunicación duranguenses; lo anterior, tomando en cuenta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Durango, que en su Capítulo II de las Obligaciones de los Servidores Públicos dice en el Artículo 47:

“Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:

XIV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Aunado a que Verónica Terrones Romero recién dejó de ser conductora de noticias del canal 10, se presenta también el hecho de que su esposo, Saúl Maldonado Maldonado, labora como periodista en el periódico El Siglo de Durango. ¿Qué trato le dará Verónica Terrones Romero a estos medios de comunicación?

Y otras interrogantes también son obligadas: ¿Qué tanta legalidad tendrán los convenios publicitarios que el gobierno del estado de Durango realizará con el canal 10 y con el periódico El Siglo de Durango a través de su directora de Comunicación Social?

¿Habrá equidad o sucederá lo mismo que en el sexenio anterior, es decir, el reparto a manos llenas del erario a contadísimos medios de comunicación y la relegación de esos medios que podrían ser incómodos para el gobierno en turno?

Las respuestas seguramente las sabrán los ciudadanos duranguenses mucho antes de los 100 días de gobierno.