No pasa nada y cambiar para seguir igual o peor
No pasa nada y cambiar para seguir igual o peor, parecen ser las máximas favoritas de la mayoría de nuestros gobernantes.
A más de dos años de la desaparición forzada o genocidio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, todo parece indicar que efectivamente se trató de un crimen de Estado, como así lo demuestran las últimas investigaciones basadas en declaraciones de testigos directos de estos hechos realizadas por la periodista Anabel Hernández y contenidas en su reportaje titulado “El 27 Batallón de Infantería tomó el control y el mando”, publicado en la edición Núm. 2082 de la revista Proceso.
En esta entrega, Anabel Hernández transcribe por primera vez las declaraciones hechas en la PGR del ex subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, César Nava Flores, y del ex subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quienes coinciden en que la noche del 26 de septiembre de 2014 los soldados del 27 Batallón de Infantería tomaron el control y el mando del municipio de Iguala. Pero ahora estos dos ex policías están presos, acusados por la PGR de ser quienes entregaron a los 43 estudiantes a un supuesto grupo de narcotraficantes, convirtiéndolos así en los clásicos chivos expiatorios.
Ya desde hace un buen tiempo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuvó en estas investigaciones, patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que el Ejército habría participado en estos hechos de manera muy activa y una de las hipótesis que hasta le fecha se mantiene firme es que los estudiantes, sin saberlo, habrían secuestrado un autobús con un fuerte cargamento de estupefacientes provocando la reacción violenta de las policías de esta región (Iguala y Cocula), de las fuerzas federales y del Ejército que, por supuesto, mantienen contubernio con los grupos del crimen organizado que operan en esta zona.
Estas revelaciones vuelven a poner en la mira a nuestro presidente desprestigiado, Enrique Peña Nieto, pues como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas forzosamente debió de estar enterado de lo que sucedía en ese momento en Iguala, así como también ponen en tela de juicio las actuaciones de sus secretarios de la Defensa y Gobernación.
Hoy, a casi 25 meses de distancia de este terrible hecho, los padres de las víctimas siguen exigiendo justicia y siguen siendo ignorados por un sistema de gobierno corrupto que, por su abierta complicidad en este crimen de lesa humanidad, no puede ofrecer una respuesta positiva a los deudos de los 43 ni a la nación ni al mundo.
Esta impunidad de magnitud espantosa no es la punta del iceberg, es el iceberg mismo que tenemos atravesado en nuestro país con gobernantes de esta calaña, simplemente asesinos, que con prácticas deleznables y abusando de su poder evaden la acción de la justicia.
Así, lo mismo vemos al presidente Enrique Peña Nieto protegerse y proteger a los suyos que a gobernantes y funcionarios estatales enriquecerse sabiendo que las sucesiones de gobierno que se dan no siempre son para cambiar sino para seguir igual o peor, como sucede en Durango, en donde los equipos de recepción del flamante gobernador José Rosas Aispuro Torres han pasado por alto infinidad de corruptelas cometidas por importantes funcionarios del gobierno priísta saliente. Contratos millonarios fraudulentos y enormes faltantes de bienes muebles e inmuebles extrañamente no han sido detectados por los integrantes del gobierno aispurista que recibieron las instituciones estatales, muchos de los cuales hoy son ya titulares de las mismas, dando el triste mensaje a la ciudadanía de que se negoció la corrupción. Estos hechos indudablemente contradicen lo expuesto por el gobernador Aispuro Torres, quien en su campaña electoral y en su toma de protesta manifestó que no le temblará la mano para castigar a quienes hayan lesionado al erario duranguense.
Ahora, con presiones o sin ellas, Aispuro Torres ha hecho nombramientos muy polémicos designando en algunos altos cargos a personas que no tienen el perfil para ocuparlos, ya sea para pagar facturas a algunos personajes y a los partidos políticos que lo apoyaron (PAN-PRD) o para satisfacer compromisos de amistad. Así las cosas, el chambismo, el clientelismo y el amiguismo ya se hicieron presentes en el primer mes de su gobierno.
En este gran teatro de vodevil, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, todavía no puede encarcelar al ex gobernador ladrón Rodrigo Medina de la Cruz o de menos hacer que devuelva algo de lo que le robó al pueblo neoleonés, y al paso que va así se la va a llevar todo su sexenio, haciendo fintas, fintas y más fintas sin asestar un solo golpe de importancia a la corrupción que se dio en este estado norteño durante el sexenio pasado.
Y mientras nuestros políticos hacen como que se amenazan con encarcelarse mientras tras bambalinas se dan sus palmaditas en la espalda, el pueblo mexicano lucha por sobrevivir ante la inflación criminal que está provocando la subida del dólar por la pésima conducción de la economía nacional que han hecho los dos últimos secretarios de Hacienda.
Frente a este panorama nacional sombrío y horizonte internacional derivado del triunfo o derrota de los candidatos a la presidencia estadounidense, Hillary Clinton y Donald Trump, nada parece indicar que a la mayoría de los mexicanos nos cambie la suerte para bien en los próximos años, por lo que quizá debamos participar mucho más en política y encarar a nuestros gobernantes para pedirles congruencia total entre sus discursos y sus actos, y, de no satisfacer esta petición, exigirles sus renuncias de manera masiva. Solo así sabrán nuestros representantes que no les creemos del todo sus magníficas actuaciones y que vamos en serio por un verdadero cambio que les garantice a nuestros hijos un futuro mejor.