Saqueadores de minas con Aispuro
Fernando Miranda Servín.
El ejido Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, fue creado el 24 de agosto de 1973 por una resolución presidencial que lo dotó de 10 mil 100 hectáreas. En el año 2006, con el apoyo de las autoridades federales (SEDATU) y del gobierno estatal de Coahuila, 2,400 de esas hectáreas fueron invadidas por la Minera La Encantada, propiedad de la compañía canadiense First Majestic Silver Corp; desde ese año, la inexistencia de escrituras por parte de la minera canadiense fue denunciada por los 36 ejidatarios que legalmente son propietarios de estas tierras, y desde entonces libran una batalla legal para recuperar esa extensión que les pertenece.
Este hecho ya ha sido difundido por varias organizaciones internacionales, como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
En el año 2011 las autoridades del ejido Tenochtitlan demandaron ante el Tribunal Agrario del Sexto Distrito, en Torreón, Coahuila, a la Minera La Encantada y a First Majestic Silver Corp, subsidiaria y empresa respectivamente, por usurpar 2 mil 400 hectáreas de su propiedad (expediente 290/2011); coincidentemente, en estas hectáreas despojadas se encuentra la mina de la cual esta empresa extranjera extrae un promedio de 400 mil onzas de plata al mes. Pero el Tribunal Agrario no iniciaba el juicio “porque no encontraba al apoderado legal de la empresa canadiense para notificarlo”.
A mediados de 2013, por falta de respuesta de las autoridades, los ejidatarios decidieron bloquear el camino hacia la mina (camino que está ubicado en terrenos que son de su propiedad), por lo que fueron demandados por el representante legal de la minera canadiense First Majestic Silver Corp, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina (el mismo que el Tribunal Agrario no podía localizar para notificarle la demanda de los ejidatarios). Inmediatamente, los agentes policíacos al servicio del gobernador Rubén Moreira Valdez, desalojaron a los ejidatarios, en su mayoría mujeres y ancianos, llevándolos esposados al ministerio público de la comunidad Laguna del Rey, localizada a ¡700 kilómetros de distancia! Algunos de los ancianos ultrajados todavía tienen en sus muñecas las cicatrices que les dejaron las esposas que dolosamente los agentes estatales apretaron a más no poder.
El pasado mes de agosto de este año 2016, debido al alto grado de corrupción que existe en el Tribunal Agrario del Sexto Distrito, los ejidatarios coahuilenses recibieron el fallo de su demanda en su contra por lo que su abogado, Juan Francisco Flores Gándara, anunció de inmediato que interpondría un recurso de revisión por considerar que la sentencia no se apegó a derecho pues “no se valoraron documentos para dictar una sentencia correcta”. Flores Gándara dijo también que “las delimitaciones de los terrenos por parte de los peritos de la empresa, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y un tercer perito, fueron coincidentes y no se apegaron a los planos de dotación inicial (contenidos en el decreto presidencial emitido el 24 de agosto de 1973), donde quedaron pendientes de entregar más de 2 mil 400 hectáreas, las mismas que después ocupó la minera.
Según el abogado, la minera tenía conocimiento de que los terrenos eran parte de la dotación, declaración que venía en un expediente del juicio que tendenciosamente no fue tomado en cuenta por el Tribunal Agrario, por lo que el pleito legal por la posesión de esos terrenos continúa.
Y los ejidatarios, algunos de los cuales ya han fallecido por vejez, no solo reclaman sus tierras e indemnización por las enormes cantidades de plata que esta empresa minera canadiense ha extraído de sus tierras sino también la reparación de los graves daños ambientales que ha ocasionado al haber contaminado los mantos freáticos de la región con las enormes cantidades de cianuro que utiliza para extraer de la tierra el preciado metal, causando enfermedades entre los pobladores y la muerte de animales sin que las autoridades de la secretaría del Medio Ambiente del estado de Coahuila hayan intervenido jamás para evitar este ecocidio.
La empresa canadiense First Majestic Silver Corp, tan solo de esta mina coahuilense obtiene un promedio de 1,200 millones de pesos anuales de utilidad bruta pagando solamente 70 mil pesos de impuesto minero; tiene otras 6 minas en igual número de estados como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y el Estado de México, y dos en Durango (La Joya y la Parrilla, en los municipios de Poanas y Nombre de Dios); en la mayoría de estas entidades ha tenido conflictos y se ha caracterizado por pagar sueldos miserables a sus empleados y por no cumplir con las promesas que hace a los habitantes de las zonas aledañas a sus minas de reforestar y construir hospitales y escuelas. Son más los daños y depredación que provoca que los beneficios que le deja a nuestra nación, por supuesto, siempre protegida tanto por las autoridades federales como por los gobiernos de las entidades en donde opera.
Pero, ¿a qué viene esta información y por qué debe de interesarle a los duranguenses?
Con la llegada del gobierno de la “alternancia” y del “cambio”, encabezado por el ex priísta y ex senador abanderado por la coalición PAN-PRD, José Rosas Aispuro Torres, muchas sorpresas se han llevado los ciudadanos que votaron por él pensando que las cosas realmente darían un giro de 180 grados respecto a los anteriores gobiernos corruptos priístas que durante 87 años saquearon las arcas públicas. Y los mayores desencantos y decepciones que ha provocado el gobernador José Rosas Aispuro Torres han sido las designaciones que ha hecho de personajes que integran buena parte de su gabinete, en el que lo mismo figuran hostigadores sexuales e hijos de ex gobernadores y caciques sindicales priístas, que quienes tienen por ejemplo antecedentes de ser auténticos saqueadores de minas, pues resulta que quien fuera apoderado legal de la minera canadiense First Majestic Silver Corp, el C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, hoy es el flamante secretario de Finanzas del gobierno del estado de Durango; sí, el mismo que a mediados de 2013 promovió la agresión a los ancianos ejidatarios coahuilenses que por defender sus derechos fueron detenidos por los policías del sátrapa gobernador Rubén Moreira y llevados a una cárcel que estaba a 700 kilómetros de distancia de sus casas.
También, para completar el cuadro, el pasado 15 de septiembre, el mismo día que el Dr. José Rosas Aispuro tomó posesión de su cargo como gobernador, la empresa First Majestic Silver Corp anunció en su página web la renuncia de su director general, Ing. Ramón Dávila Flores, y el portal de noticias MundoMinero.mx publicó en una nota relacionada al tema: “First Majestic Silver Corp anunció la renuncia de Ramón Dávila de su mesa directiva. Ahora, el Ing. Dávila Flores asumirá el cargo de Secretario de Desarrollo Económico de Durango. Keith Neumeyer, Presidente y CEO de First Majestic, comentó: ‘Durante el cargo de Ramón como director de la compañía, First Majestic se convirtió en el segundo mayor productor de plata primaria en México”.
Así pues, el gobernador José Rosas Aispuro Torres ha nombrado en su gabinete como secretarios de Finanzas y de Desarrollo Económico a dos de los principales ejecutivos de esta peligrosa empresa minera canadiense. Y la pregunta es obligatoria: ¿Qué clase de compromisos tiene el mandatario estatal Aispuro Torres con esta clase de empresarios?
Para cerrar la pinza, Aispuro Torres designó como secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente a su amigo de toda la vida, el dos veces presidente municipal priísta de Tamazula, y ahora panista, Lic. Jaime Rivas Loaiza, ampliamente conocido por el trato despótico y prepotente que le daba a los empleados de este municipio cuando fue alcalde. ¿En verdad este funcionario aplicará la ley a la minera First Majestic Silver Corp por los atropellos ambientales que comete en el estado de Durango, en donde es propietaria de dos minas?
Sin lugar a dudas hay otro tipo de intereses por los que el gobernador Aispuro Torres les cedió dos de las más importantes secretarías de su gabinete a los más altos ejecutivos de la empresa minera First Majestic Silver Corp, que tiene pésimos antecedentes laborales y ecológicos. Y esos intereses, obviamente, no tienen nada que ver con el bienestar y progreso del pueblo de Durango.
Estos nombramientos son preocupantes, como la mayoría de los que ha hecho el gobernador Aispuro Torres, por lo que la ciudadanía deberá estar muy atenta a las actividades que realicen estos funcionarios en especial ya que por lo aquí expuesto sus antecedentes no son nada recomendables para ocupar los cargos que hoy detentan y por los cuales los contribuyentes les vamos a pagar generosos sueldos.