El narcogobierno se hace evidente.

Sin duda, la operación para acallar a los principales medios de comunicación masiva en cuanto a la difusión de los actos de violencia extrema llevados a cabo por el crimen organizado ha sido un fracaso, pues ante el silencio de estos emporios las redes sociales han tomado un papel preponderante, y buena parte de la prensa independiente da cuenta de lo que realmente sucede en el país.

Hoy, para nadie es un secreto el vínculo que políticos de alto nivel han mantenido con los principales carteles de las drogas, como por ejemplo el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien siendo gobernador del estado de Hidalgo fue relacionado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusado por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense por su presunta relación con el cartel de los Zetas, dirigido en ese entonces por el también hidalguense Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca.

Tampoco es un secreto la participación activa de las dependencias estadounidenses CIA y DEA en el tráfico de armas y estupefacientes desde México a ese país, con el aval de importantes funcionarios gubernamentales mexicanos.

Toda esta impunidad con que se han desempeñado nuestros gobernantes ha devenido en lo que hoy estamos padeciendo: un desorden social y jurídico que nos ha llevado a la pérdida del Estado de derecho ya que nuestros principales poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han caído en manos de personajes directamente relacionados con el crimen organizado en todas sus especialidades, principalmente la de procuración de justicia y la financiera. Así, vemos con impotencia cómo un puñado de políticos corruptos se apoderaron de PEMEX otorgando contratos millonarios a empresas extranjeras de las que eran consejeros o socios, y también atestiguamos el encubrimiento atroz que las procuradurías y fiscalías del país, en contubernio con los tribunales federales y locales, hacen de los grupos del crimen organizado.

Esto ha traído como consecuencia el hartazgo de la población en no pocas regiones del país que hoy viven una auténtica guerra civil por la total carencia de profesionalismo y oficio político de quienes nos gobiernan, principalmente de quienes detentan el Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.

Hoy, Michoacán está ardiendo porque su pueblo decidió tomar las armas en contra de los carteles delictivos que día a día robaban, extorsionaban y violaban a sus mujeres. En este estado hermano, sus habitantes formaron las guardias o policías comunitarias y comenzaron a liberar los municipios que se encontraban bajo el dominio criminal de Los Caballeros Templarios. Pero ahora, en un acto oprobioso del gobierno federal, el narcosecretario de “Gobernación”, Miguel Ángel Osorio Chong, ha enviado al que debería ser honorable Ejército mexicano a combatir no a Los Caballeros Templarios sino a las guardias comunitarias para desarmarlas y dejar a su población indefensa, matando a 4 ciudadanos en Antúnez, Parácuaro, y mermando la fuerza de estas guardias comunitarias en el municipio de Italia. Y, en una acción más que vergonzosa, el ejército mexicano llegó a Apatzingán, principal bastión de Los Caballeros Templarios, para proteger este municipio ante su inminente liberación por parte de las multitudinarias guardias comunitarias.

¿De qué se trata esto? ¿Por qué nuestras fuerzas armadas combaten a los ciudadanos en lugar de aprehender a los integrantes de los carteles delictivos?

Porque Michoacán es un territorio clave para el trasiego de las drogas, principal negocio tanto de los narcotraficantes como de no pocos altos funcionarios del gobierno federal.

Así las cosas, tanto nuestra seguridad nacional como nuestro patrimonio (PEMEX, CFE, minería, bosques, playas, etc.), están perdidos mientras como sociedad no pongamos fin a las ambiciones aviesas de los grupos delictivos que desde hace mucho tiempo se han infiltrado en nuestras instituciones y, como ratas, han carcomido el Estado mexicano que con tanta sangre nuestros antecesores construyeron.

Como ciudadanos, ya nos estamos tardando en emprender acciones contundentes para tomar el poder y recuperar lo que estas organizaciones criminales, conformadas por “políticos” y delincuentes comunes, nos han robado.

Las candidaturas ciudadanas son la única opción para terminar con la partidocracia hamponeril y acabar con la larga noche que padecemos.