“¡Que regresen al cuartel!”

 No a la militarización del país

No cabe duda que la partidocracia de nuestro país es una de las más pusilánimes y destructivas del planeta. Y estas características se han acentuado más a partir de la década de los años ochenta cuando nuestros gobernantes comenzaron a servir más abiertamente a los intereses de los gobiernos estadounidenses, a sus propios intereses y a los de sus grupos mafiosos.

Así, pusieron a la venta las más de mil empresas paraestatales con las que contaba la nación, empresas que representaban ingresos y fuentes de empleo para la población, y que con el mito de que “eran ya incosteables” fueron a parar a las manos de empresarios voraces cómplices y socios de nuestros gobernantes perversos.

De esta manera hemos visto a estos políticos serviles cómo han hecho quebrar premeditadamente a empresas nacionales antes poderosísimas como Fertilizantes Mexicanos, Altos Hornos de México, Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Luz y Fuerza del Centro, y más recientemente Petróleos Mexicanos, con el único objetivo de poner estos bienes propiedad de los mexicanos en manos de unos cuantos.

Ahora, en el colmo de la desvergüenza, esta clase política pretende arrebatarnos totalmente la poca paz social que nos queda pretendiendo otorgarle al Ejército facultades legales para que realice funciones de seguridad pública que constitucionalmente siempre han correspondido exclusivamente a las autoridades civiles.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, principales responsables de la debacle total de las instituciones de seguridad pública de nuestro país.
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, principales responsables de la debacle total de las instituciones de seguridad pública de nuestro país.

Con la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se discutirá en el Congreso en período extraordinario de sesiones durante el próximo mes de enero nuestra partidocracia podría darle al Ejército el marco jurídico para limitar las garantías individuales de los ciudadanos y permitirle hacer de manera legal lo que ha venido haciendo ilegalmente durante los últimos 10 años, tiempo que hasta el momento lleva la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente dipsómano Felipe Calderón Hinojosa, y en el cual el Ejército mexicano se ha corrompido como nunca en su historia volviéndose cómplice y protector de narcotraficantes, y cometiendo asesinatos de grupos criminales enemigos de estos, así como vergonzosos genocidios de estudiantes.

Ante esta posibilidad casi inminente de que nuestra partidocracia legalice la militarización del país, numerosos intelectuales, periodistas, artistas e integrantes de la sociedad civil con el grito: “¡Que regresen al cuartel!” se están pronunciando en contra y coinciden en señalar que esta medida irresponsable se debe a las presiones que está ejerciendo el secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, quien recientemente declaró que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

De la misma manera, el General Cienfuegos manifestó: “quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer”.

En este contexto, la partidocracia mediocre ha optado por hacer lo mismo que ha hecho con las empresas paraestatales: quebrar, destruir, dejar caer a las instituciones civiles de seguridad pública que constitucionalmente tienen la obligación de mantener la paz social para entregarle esta responsabilidad a una secretaría de la Defensa que, como ya lo reconoció el mismo General Cienfuegos, no está preparada para ejercer ese tipo de funciones, por lo que los ciudadanos nos estaríamos enfrentando a una “especie de autogolpe militar avalado por el gobierno civil”, como así lo apuntó la reconocida periodista Denise Dresser.

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La modificación del artículo 29 Constitucional que le daría al Ejército facultades para ejercer funciones de seguridad pública y en momentos determinados suspender los derechos y garantías individuales de los ciudadanos no significa más que el fracaso de los últimos gobiernos panistas y priístas que por la corrupción que han practicado perdieron el control del crimen organizado y en muchos casos se volvieron parte de este.

Ahora, frente a tan abominable circunstancia, nos toca a los ciudadanos organizarnos de inmediato para evitar que este atropello se lleve a cabo y exigirle a esa partidocracia parasitaria que regrese al Ejército a sus cuarteles y cumpla con sus obligaciones constitucionales de brindar protección y seguridad a la nación o renuncien.

Hoy más que nunca urge, en lugar de la militarización del país, la ciudadanización del poder a través de propuestas serias como la Asamblea Constituyente Ciudadana del Obispo de Coahuila Raúl Vera López, para reformar las leyes de raíz y recomponer los tres poderes con la participación directa de la ciudadanía, pues al fin de cuentas ya hemos atestiguado que la presencia del Ejército en las calles nos ha dejado más corrupción para el Estado mexicano y no han disminuido para nada los altos índices de criminalidad y el baño de sangre iniciado en el sexenio calderonista.

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