Gobernador protege a fiscal torturadora
EXIGEN INVESTIGAR A SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSO
De la redacción de razacero.
“En Durango ya tocamos todas las puertas, y ninguna se ha abierto, por lo que tendremos que acudir a instancias nacionales e internacionales”, expresa Alma Delia Carrera Silva, esposa de Miguel Ángel García, uno de los siete integrantes de la banda musical Vagos o Rancholos, de Santiago Papasquiaro, que el 14 de febrero de 2013 fueron privados de su libertad ilegalmente por elementos de la Dirección Estatal de Investigaciones y de la Unidad Especializada en Secuestro, de la Fiscalía General de Durango, acusados del secuestro y homicidio de las señoras Teresa Botello Contreras y María Isabel Mejorado Soto, oriundas de este municipio.
Los músicos permanecieron arraigados ilegalmente durante 45 días en un hotel de la ciudad de Durango, en donde elementos de la DEI y de la UES los sometieron a brutales torturas para obligarlos a declararse culpables de los delitos que les imputaban.
“Durante ese tiempo, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos visitó a los detenidos y levantó un acta circunstanciada en la que consta que nuestros familiares presentaban lesiones severas en todo el cuerpo. ¿Cómo es posible que la Fiscal General de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, no estuviera enterada de esto?”, señala la señora Alma Delia Carrera Silva.
A raíz de estos actos deleznables, el 18 de diciembre de 2013 la CEDH emitió la Recomendación Núm. CEDH/3/085/13 en la que solicita a la Fiscal que inicie averiguaciones previas en contra de los elementos de la DEI y de la UES que participaron en las torturas a los detenidos, pero a la titular de la Fiscalía se le exime de responsabilidad.
“A nosotros nos queda claro que la Fiscal General estaba enterada de que nuestros familiares estaban siendo torturados, tanto así que el 1 de abril de 2013 ella personalmente apareció en los medios de comunicación de Durango presentando a nuestros parientes como secuestradores y homicidas”, refiere Alma Delia Carrera.
Y en efecto, según testimonios de fuentes fidedignas provenientes de la misma Fiscalía General de Durango, durante los 45 días que los músicos permanecieron encerrados en un hotel de esta capital, la Fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso “recibía reportes de lo que estaba sucediendo en el hotel”. Otro dato relevante es que la Fiscal jamás acudió al hotel en donde los detenidos estaban siendo torturados para dar fe del estado en que se encontraban, solamente se limitó a esperar a que se confesaran culpables para presentarlos ante las cámaras de televisión locales.
En la Recomendación de la CEDH se manifiesta con lujo de detalles la forma en que los detenidos fueron torturados: “colocaban bolsas de plástico en sus cabezas para asfixiarlos y golpeaban en todo el cuerpo provocándoles notorios hematomas”.
“A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de lo más alto del edificio de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras”, denunciaron en su momento los familiares de Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastasio Arenas, quienes desde hace más de un año se encuentran presos en el penal de Santiago Papasquiaro, y podrían ser sentenciados a más de 60 años de prisión.
“Los verdaderos culpables ya están presos, aprehendieron a un sujeto de nombre Kevin Martín Valenzuela Ruiz, jefe de una banda de secuestradores, e inmediatamente después de esta aprehensión aparecieron los cadáveres de las secuestradas, pero a estos sujetos solamente los acusaron de extorsión”, manifiesta Alma Delia Carrera.
En la Recomendación de la CEDH, se enumera la cantidad de violaciones que los elementos de la Fiscalía General de Durango cometieron a todas las leyes nacionales, así como a todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que nuestro país a firmado referentes a la protección de los derechos humanos: “por negar el Derecho a la seguridad jurídica de los detenidos, Efectuar detenciones sin contar con la orden correspondiente, Retención ilegal, Diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad competente, Violar el derecho a la integridad y seguridad personal, y -la más delicada- Obtener información o la confesión de los detenidos a partir de sufrimientos graves, físicos o psíquicos”.
Los familiares, al no encontrar respuesta a sus peticiones de justicia hechas a la más alta autoridad estatal, el gobernador Jorge Herrera Caldera, para que liberen a sus parientes, acudirán a instancias nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancias ante las cuales exigirán que la Fiscal General de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, también sea investigada por su presunta participación como autora intelectual en las torturas a que fueron sometidos sus consanguíneos ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, por razones inexplicables, omitió responsabilizar a esta funcionaria en su Recomendación.
La tortura a los ciudadanos es una práctica común dentro de las instalaciones de esta Fiscalía. “La Fiscal está enterada de eso, pero no hace nada para impedirlo, es en la parte de atrás del edificio de la Fiscalía, en los separos, en donde torturan a los detenidos… los agentes de la DEI les muerden los pezones a las mujeres que tienen la mala fortuna de caer aquí”, denuncia un mismo empleado de esta Fiscalía.