El asesinato de Javier Valdez, El chacal de Atenco y el santón “izquierdista” hipócrita
A pocos días de que se celebre el día del derecho a la Libertad de Expresión en México, establecido el 7 de junio, desde 1951, poco se tiene para festejar. Al igual que el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo único que quedó claro es que el gremio periodístico es de los más violentados en el país, pues parece ser un crimen hacer investigaciones y publicarlas. No hay una verdadera libertad, mucho menos respaldo y protección de los gobiernos federal y estatales. Las cifras arrojan que son 45 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto; dos personas consignadas, pero ningún caso resuelto, y eso que se instaló la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual el gobierno federal invirtió algunos millones de los contribuyentes, pero ha tenido nulos resultados.
Ya son más los periodistas asesinados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa 106 casos desde 2006. Recientemente, un hecho que puso en la mira la vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas fue el lamentable asesinato de Javier Valdez, periodista y escritor sinaloense, quien el pasado 15 de mayo fue ultimado en Culiacán con 12 impactos de bala luego de salir del semanario Río Doce, del que fue fundador. Compañeros comunicadores y ciudadanos se han manifestado en toda la República, mientras se evidencia que las autoridades son incapaces de resolver este crimen y castigar a los responsables. Lo peor de todo es que está confirmado que el homicidio de Javier Valdez fue a causa de su labor, ya que realizaba investigaciones en los temas del narcotráfico y del crimen organizado, ambientes padecidos en Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca, entre otras entidades donde se han presentado agresiones, amenazas y asesinatos de periodistas.
Entre tanto, el gobierno mexicano sigue simulando “protección y respaldo” a los periodistas, como lo hizo en la reunión de gobernadores extraordinaria que se llevó a cabo luego del homicidio de Javier Valdez, donde Peña Nieto condenó el hecho y Miguel Ángel Mancera, como presidente de esta Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en los estados habrá fiscalías especializadas en crímenes contra periodistas y defensores de los Derechos Humanos. Por su parte, los medios, familiares y amigos exigen justicia para Javier y todos los que fueron asesinados antes que él, así como para los que sufren agresiones, amenazas y privaciones de la libertad, como el periodista Salvador Adame, de Michoacán, quien fue levantado por un comando armado el 18 de mayo, y de quien se exige su aparición con vida a las autoridades.
Pero no solo el gremio periodístico se ha visto envuelto en agresiones y violencia, los activistas también se han enfrentado a situaciones que transgreden sus Derechos Humanos, y han sido objeto de fuertes represiones por expresarse, y son las mismas autoridades las que han realizado actos de violencia en contra de ellos.
Así las cosas ¿qué tipo de protección se puede esperar del actual presidente Enrique Peña Nieto si en su momento, cuando fue gobernador del Estado de México, cometió uno de los actos de represión más oprobiosos que ha ocurrido en las últimas décadas de la historia de nuestro país perpetrado en Atenco?
El papel que Enrique Peña Nieto desempeñó en Atenco lo ha llevado a ser sujeto de investigación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues los hechos ocurridos el 4 de mayo del 2006 no son asunto menor y han sido catalogados como un episodio de represión política grave, donde se hizo uso excesivo de fuerza pública contra activistas, sociedad civil, periodistas, turistas, comerciantes, menores de edad y, sobre todo, contra algunas mujeres que inclusive fueron violadas por las fuerzas policíacas que actuaron bajo las ordenes de Enrique Peña Nieto.
La CIDH estableció que la detención de once mujeres en esos trágicos acontecimientos fue ilegal y arbitraria ya que ni siquiera fueron informadas sobre las razones de su detención.
Las valientes mujeres denunciaron las vejaciones de las que fueron objeto, y luego de que la CIDH analizó el caso determinó que sí existieron actos de privación ilegal de la libertad, violencia física, psicológica y sexual en su contra, por agentes estatales; hechos que no fueron aclarados en su momento por Peña Nieto, sino hasta que hizo una declaración posteriormente ante alumnos de la Ibero, a los que les dijo: “fue en legítimo derecho el uso de la fuerza pública para restablecer la paz y el orden”; ahora, después de diez años, todavía no hay un esclarecimiento de lo ocurrido, ni se ha emitido alguna sentencia en contra de los responsables de estos crímenes. Por eso, ni para la CIDH ni para la ciudadanía, Enrique Peña Nieto tenía derecho de usar la fuerza pública para agredir a la ciudadanía de manera brutal y violar mujeres, delitos por los que tendrá que responder ante esta instancia internacional.
Pero al parecer los que sí tienen derecho a hacer alianzas inmorales son Andrés Manuel López Obrador y la maestra Elba Esther Gordillo, por ejemplo para ganarle al PRI la gubernatura del Estado de México. Aunque el hecho es negado por AMLO (ese santón “izquierdista” que niega todas las fechorías que hacen sus subordinados), esta alianza sucia fue confirmada por la presencia en actos de campaña de la candidata morenista Delfina Gómez de familiares y personeros cercanos a la lideresa magisterial presa, e incluso algunos analistas “audaces” se han aventurado a decir que es “algo benéfico” para López Obrador y sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2018, mientras otros atinadamente opinan que es una alianza que lo llevará en picada en las encuestas por los antecedentes nefastos de la mafiosa jerarca sindical.
Elba Esther Gordillo lleva poco más de 4 años bajo arresto, acusada de crimen organizado, lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos que no se le han comprobado, no precisamente por ser inocente, sino porque cuenta con suficientes recursos para pagar al excelente equipo de abogados que se hace cargo de su defensa para ponerla en libertad.
Bien dicen que uno nunca sabe de quién va a necesitar, y López Obrador, después de haber rechazado un acercamiento con la maestra en el 2006 en su disputa por la presidencia de la República con Felipe Calderón, y de haber hecho declaraciones en su contra tachándola de cacique, parte de la mafia del poder y responsable del fraude que se cometió en esas elecciones, ahora decide aliarse con ella. Será que López Obrador reconoce el poder que Elba Esther Gordillo tiene para inclinar elecciones apoyándose en el magisterio, pues la maestra aún sigue moviendo los hilos del SNTE a través de Rafael Ochoa Guzmán y Fernando González Yáñez, su yerno, quienes ya tienen la indicación de operar y declinar a favor de Delfina Gómez para las elecciones del Estado de México que se llevarán a cabo este 4 de junio, apoyados por la sección 36.
Para AMLO el motivo de esta alianza indecorosa es evidente porque aspira nuevamente a la presidencia de la República, pero es indudable que esta acción contradice el discurso que siempre ha pregonado manifestando que quiere terminar con la corrupción al mismo tiempo que se alía a uno de los personajes políticos más corruptos e indeseables que ha existido en la historia de nuestro país.