Atrapado entre narcos y el silencio oficial

Ricardo Ravelo.

Las amenazas de muerte y/o de encarcelamiento en contra de Juan Monrreal derivan precisamente de haber tocado los intereses de una familia poderosa. Foto: Cuartoscuro.
Las amenazas de muerte y/o de encarcelamiento en contra de Juan Monrreal derivan precisamente de haber tocado los intereses de una familia poderosa. Foto: Cuartoscuro.

Periodista desde hace cuatro décadas, propietario del sitio web El Demócrata Norte de México, colaborador de distintos medios informativos de Coahuila y Durango, Juan Monrreal López está en peligro de muerte por ejercer el periodismo en la región donde vive: la zona conurbada Torreón-Gómez Palacio, Durango, una de las demarcaciones más invadidas por el narcotráfico y grupos empresariales ligados a la delincuencia organizada.

Monrreal ejerce el periodismo de manera diferente que el resto de sus colegas de la región: investiga, cuestiona y toca los intereses más sensibles de los políticos y empresarios presuntamente ligados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Al amparo de la impunidad y el ejercicio desmedido del poder, muchos de ellos han acumulado fortunas descomunales. Y con poder político y dinero se sienten dueños de la vida de los otros.

Las amenazas de muerte y/o de encarcelamiento en contra de Juan Monrreal derivan precisamente de haber tocado los intereses de una familia poderosa: los hijos del empresario finado Carlos Herrera Araluce, quien fue alcalde de Gómez Palacio, Durango, en dos ocasiones, dueño de la empresa Chilchota, quien en 2007 estuvo a punto de morir ejecutado cuando un grupo de sicarios presuntamente relacionados con “Los Zetas” lo atacó a balazos junto con su esposa. Como consecuencia del atentado, Herrera Araluce perdió tres dedos de una mano. Desde ese momento vivió encerrado en su residencia de la colonia “Las Rosas” hasta que murió en marzo de 2016.

Herrera Araluce fue un empresario muy emprendedor en la década de los setenta: construyó el Parque Industrial que ahora lleva su nombre, impulsó su empresa –Chilchota –una de las más boyantes productoras de quesos en la Laguna y fue precandidato fallido a la gubernatura de Durango. Sin embargo, su exitosa vida en los negocios siempre estuvo bajo sospecha: en no pocas ocasiones se le relacionó con el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades que él siempre negó, pero tuvo que cargar como un estigma.

Tras su muerte en marzo de 2016, el poder empresarial y político lo heredaron sus hijos Carlos Manuel, Ernesto y Leticia Herrera Ale, ésta última actualmente es alcaldesa de Gómez Palacio, Durango. Ella ejerce el poder al más puro estilo de su padre, según cuentan quienes la conocen: con prepotencia, con abusos de autoridad, con imposiciones y hasta con desprecio hacia los propios miembros de su partido, el PRI. Es el trato que saben dar quienes no sólo carecen de todos los valores sino que se sienten intocables.

En su afán de ser candidata al gobierno de Durango, se ha peleado con el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, también con el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien como candidato cargó a cuesta la mala fama –en buena medida promovida por Leticia Herrera –de tener vínculos con Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera. Según Monrreal, Leticia Herrera se encargó de circular la versión de que debido a ese vínculo Rosas Aispuro dispuso de mucho dinero en su campaña política.

Según las investigaciones periodísticas de Juan Monrreal, Leticia Herrera se quedó con las ganas de ser la Gobernadora de Durango, pues no pudo doblar al entonces mandatario Jorge Herrera Caldera. “Leticia no era gente de las simpatías de Jorge Herrera”, dice Monrreal, por lo que la hija de Carlos Herrera comenzó a golpear a los aspirantes que le llevaban ventaja, entre ellos a Esteban Villegas, delfín de Herrera Caldera, quien perdió la gubernatura.

La pugna política llegó hasta el gabinete federal, particularmente hasta el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien a través de sus contactos metió orden en ese grupo político. El manotazo de Videgaray fue tan severo que les mandó decir a Leticia Herrera que si no se disciplinaba ordenaría una auditoría a la empresa Chilchota y que acabaría con la compañía en 30 días, aludiendo presuntos malos manejos fiscales, por decir lo menos.

De esa manera se puso fin al conflicto político. La gubernatura la ganó Rosas Aispuro y a Leticia Herrera le concedieron la presidencia municipal de Gómez Palacio, posición que se ha convertido en un feudo familiar. No conforme con ello –cual ave de tempestades –tan pronto llegó al poder abrió otros frentes de guerra, ésta vez en contra de los tres expresidentes municipales Ricardo Rebollo Mendoza, Rocío Rebollo, y José Miguel Campillo. A todos ellos Leticia Herrera los acusó de haber incurrido en actos de corrupción y enderezó en su contra una dura campaña en medios de comunicación deslizando amenazas e intimidaciones.

Parece claro que lo que Leticia Herrera quiere es más poder y dinero, pues logró negociar con José Miguel Campillo, quien le habría entregado bienes patrimoniales del municipio de Gómez Palacio, entre otros, terrenos, edificios y la hacienda pública. Y todo ello se hizo como si se tratara de una transacción entre particulares.

Al igual que su padre, Leticia Herrera ya arrastra con una muy mala fama por rodearse de presuntos pillos. De acuerdo con las columnas de Juan Monrreal, está rodeada de personajes relacionados con el crimen organizado. Un caso escandaloso – dice — es el de Francisco Bardán, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Este personaje tiene historia: En el año 2000 fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) con cocaína, mariguana, droga sintética y rifles de alto poder. En ese tiempo fungía como director de Alcoholes del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, y operaba bajo las órdenes del entonces alcalde Oscar Pimentel, quien al darse cuenta de la aprehensión de su empleado procedió a darlo de baja.

Bardán negó estar ligado al narco, a pesar de las evidencias que lo relacionaron con el narcomenudeo desde la Dirección de Alcoholes. Dijo entonces que los “lenones” de la zona de tolerancia de Saltillo donde él operaba le habían sembrado droga y armas en su camioneta. La versión no fue nada creíble, pero le bastó para librar el embrollo.

Tras salir de la cárcel, Francisco Bardán se ligó al grupo político encabezado por la familia Rebollo, tan perniciosos como los Herrera, pues ambas familias rivalizan por el poder, los negocios y todo lo relacionado con el crimen organizado. Más tarde, Bardán brincó al “clan” Herrera, donde Leticia lo acogió como su hombre de confianza y operador. Por órdenes de los hermanos Herrera, fungió como jefe de campaña del candidato del PAN a la alcaldía de Gómez Palacio, José Miguel Campillo.

Otro de los principales operadores de Leticia Herrera es José Lorenzo Natera, quien es síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, un personaje con antecedentes de porro universitario y quien ahora opera como informante y negociador: se encarga de conseguir expedientes para denostar a funcionarios y políticos enemigos de sus jefes para después exhibirlos públicamente. Es una manera de mantener bajo control a los personajes que ellos quieren dominar.

Justamente por publicar esta y otras informaciones que ponen en evidencia a la familia Herrera Ale, las amenazas en contra de Juan Monrreal se agudizaron desde mediados del 2016. Fue por esa razón que el periodista presentó una denuncia en contra de Leticia, Carlos Manuel, Ernesto Herrera Ale y varios de sus operadores por amenazas de muerte.

Según Monrreal López, de todos estos antecedentes tienen conocimiento la presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia de ese estado. Recientemente, el periodista puso en conocimiento del Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, todos estos hechos. Aispuro le ofreció atender el caso. Al parecer sostuvo un diálogo con la alcaldesa de Gómez Palacio, pero el hostigamiento contra el reportero continúa.

Para colmo de males, es la fecha que ninguna de las dependencias ha tomado cartas en el asunto, salvo la Secretaría de Gobernación que, hace algunos meses, le ofreció protección con escoltas y vehículo blindado, previa firma de una carta de aceptación. Lo que a la Secretaría de Gobernación parece no quedarle claro es que con su trabajo periodístico Monrreal López se está enfrentando a grupos empresariales presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Nada menor.

En su denuncia, cuya copia se dispone, Monrreal afirma que acude a dichas dependencias para denunciar los hechos y al mismo tiempo solicitar garantías suficientes “para ejercer mi profesión de manera libre y sin amenaza alguna, como la que existe contra mí, mi familia y los colaboradores de la Revista Demócrata Norte de México”.

En su relatoría de hechos expone que Juana Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio y su “clan” empezaron a amenazarlo después de varias publicaciones en las que exhibió sus nexos criminales y abuso de poder con el que se manejan.

Detalla que fue en mayo de 2016 cuando le ordenaron a Sergio Uribe Rodríguez (diputado local) y a Jorge Clemente Mojica Vargas, director del periódico “Victoria de Durango”, propiedad de la familia Herrera Ale, “investigar al periodista Juan Monrreal López para cuando menos meterlo a la cárcel, como si las leyes, las instituciones y las autoridades fueran de su propiedad”.

Ante esto, Monrreal dice sorprendido: “Si lo menos que quieren es encarcelarme, qué será lo más: ¿Agredirme?, ¿secuestrarme?, ¿matarme?…No creo que sea algo menos que eso. Por esa razón temo por mi vida y la de mi familia”.

En su denuncia resume las causas de las amenazas que recibe: “A la presidenta electa le encabrona lo que el reportero escribe y como lo escribe”. Así de simple. Y así de grave.

Según la denuncia del periodista, los personeros de Leticia Herrera se dieron a la tarea de visitar a una buena cantidad de alcaldes, sin ser autoridad pero ostentándose como enviados de los hermanos Herrera Ale, en particular de Leticia, para rastrear información “y encontrar algo” que pudiera usarse en contra del periodista para acusarlo y encarcelarlo.

Monrreal relata que la investigación ordenada por los Herrera “atropella sus derechos como informador, el derecho de informar y ser informado”, con sagrado por la Constitución.

Luego de disponer de mayores datos sobre las pesquisas en su contra, Monrreal publicó un texto en su sitio web con el siguiente encabezado: “Alcalde priista, Leticia Herrera Ale y Jorge Mojica Vargas investigan al director de la revista Demócrata Norte de México “para cuando menos meterlo a la cárcel”.

En dicho texto, el periodista denuncia la actitud que él mismo califica de “intimidatoria, de amenaza y de persecución que la presidenta municipal electa, Juana Leticia Herrera Ale, ha puesto en marcha en nombre del clan Herrera Ale, que involucra a sus hermanos Ernesto y Carlos Manuel”, afirma.

Y enseguida el periodista lagunero enlista los encabezados de los textos que, según él, causaron el enojo de Leticia Herrera: “Francisco “Paco” Bardán Ruelas, coordinador de campaña de Leti Herrera, fue detenido por la PGR por posesión de drogas”, “Juana Leticia Herrera Ale, en su cierre de campaña, prometió todo, menos seguridad”, entre otros.

–¿Temes por tu vida?—Se le pregunta al reportero vía telefónica.

–Sí, temo que me maten. Y quiero dejar en claro que si algo me pasa culpo directamente a Carlos Manuel, Ernesto y Leticia Herrera Ale. Ellos serían los únicos responsables de mi muerte y que esto quede claro ante las autoridades estatales y federales que ya conocen los antecedentes de este conflicto”.

Y añade: “Por desgracia, las persecuciones y asesinatos de periodistas en Durango existen. Algunos crímenes contra informadores siguen sin aclararse. Y los acosos de algunos políticos y autoridades permanecen solo porque los reporteros no escriben ni difunden lo que los hombres del poder público quieren escuchar, leer o ver”.

Al referirse a su caso, Juan Monrreal afirma que Leticia Herrera piensa que vive en los años setenta, que la correlación de fuerzas en el país y en el estado de Durango no ha cambiado y ella intenta imponer en Gómez Palacio un régimen cerrado y autoritario donde los derechos sociales y humanos sean autorizados y manejados por ella misma y los poderes fácticos que la rodean. (Esto) es un total contrasentido que está fuera de las leyes”.

A pesar de las denuncias públicas de Monrreal y la supuesta intervención del Gobernador Rosas Aispuro, el martes 30 de mayo el Cabildo de Gómez Palacio acudió a la Fiscalía de Durango e interpusieron una denuncia en contra de Juan Monrreal bajo el argumento de que el periodista “se excede al ejercer su libertad de expresión”, lo califican de ser un pseudoperiodista, según los denunciantes, porque no suele asistir a la presidencia municipal ni presentarse ante los funcionarios municipales, como lo hace el resto de los reporteros.

Algo verdaderamente inusual fue el hecho de que al presentar la denuncia contra Monrreal, los funcionarios municipales convocaron a los medios de comunicación ante quienes se quejaron se der víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por el periodista, lo que dijeron que no pueden permitir, ya que aseguraron que “la señora Leticia Herrera tiene mucho amor por la ciudad de Gómez Palacio”. Un argumento absurdo y no menos cínico.

También exigieron públicamente que el periodista revele las fuentes que le proporcionan la información que publica, algo verdaderamente imposible porque ninguna autoridad –incluyendo el presidente el presidente de la República –puede exigirle a un periodista tal barbaridad.

Juan Monrreal es un periodista hecho en casa y a mano, como decía Manuel Buendía, forjado en la brega diaria. No se ostenta como genio de la comunicación ni muestra alardes de influyentismo como otros reporteros atenazados por el protagonismo y la fanfarronería.

Monrreal sabe que este oficio se ejerce con valor y asumiendo a cada momento el ineludible compromiso social de informar. No de balde se ha metido entre las patas de los caballos investigando nexos de políticos y empresarios con el narcotráfico en la Comarca Lagunera –corazón del llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico – donde la clase política y el narcotráfico son exactamente lo mismo.

Justamente en La Laguna emergió en los años setenta Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los cielos”. En ese territorio se asoció con Rafael Aguilar Guajardo y con Manuel Bitar Tafich, cerebro financiero del cártel de Juárez, quien ahora se dedica al negocio hotelero.

En La Laguna hoy existe una disputa atroz por el control de la plaza entre Los Zetas y los cárteles de Juárez y Sinaloa, guerra que ha cobrado unas cincuenta vidas mensuales en los últimos 24 meses.

Para sorpresa de muchos, a la Comarca Lagunera regresó un personaje que por cierto es muy cercano a los Herrera Ale. Se llama Arturo González Hernández y le apodan El Chaky. Fue pistolero de Vicente Carrillo Fuentes y se asegura que ahora opera para Ismael “El Mayo” Zambada, quien le pidió que se metiera a La Laguna para controlar la plaza.

Este personaje opera entre Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, Durango, el llamado corredor del narco y de la muerte, donde están instaladas las empresas más importantes del país y, paralelamente, los grupos políticos y empresariales relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. En este escenario se mueve el periodista Juan Monrreal López, quien a pesar de haber puesto en conocimiento de las autoridades estatales y federales su situación personal, nadie ha hecho nada, por el contrario, las presiones en su contra están arreciando.

–¿Qué se siente reportear cargando a cuestas una amenaza de muerte?—se le pregunta.

–Siento mucho miedo, no lo niego. Pienso que en cualquier momento me pueden matar. Y lamento mucho que los periodistas estemos tan solos. Para los periodistas parece que solo existe un destino: morir informando.

Leticia Herrera, de acuerdo con el periodista Juan Monrreal, está rodeada de “gente oficiosa”, operadores dispuestos a matar a quien sea y hasta de personajes con antecedentes de narcotráfico quienes fungen como altos funcionarios del Ayuntamiento de Gómez Palacio.


Por Ricardo Ravelo.
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.


 

FuenteSinembargo.mx
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