La corrupción gobierna al país

El pasado 4 de junio se vivió una contienda electoral que definirá el rumbo del país hacia la disputa por la presidencia de la República en el 2018, aunque el camino no es fácil para ningún partido por los actos de corrupción que se han destapado y que de ninguna manera se pueden pasar por alto. Lo cierto es que el PRI no va a dejar que nuevamente el poder se le vaya de las manos. De las cuatro entidades que vivieron comicios, el Estado de México se posicionó con mayor relevancia por el número de votantes y por ser un escenario adelantado a lo que puede suceder en las elecciones presidenciales. El resultado del conteo en la entidad, sobre los 45 distritos electorales, arrojó mayor número de votos para el priista Alfredo del Mazo, seguido por Delfina Gómez representando a Morena, mientras que Juan Zepeda, del PRD, se quedó en el tercer sitio y en cuarto Josefina Vázquez Mota, del PAN.

Como era de esperarse, los resultados no fueron satisfactorios para muchos, sobre todo porque se habla de un abierto fraude electoral, denunciado ya con pruebas correspondientes ante la Fepade, por delitos cometidos durante el proceso de campaña y en el mismo día de los comicios.

Así las cosas, Morena, PRD y PAN decidieron impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Estado de México, y tendrán que reunir los requisitos establecidos por la ley para comprobarlo.

Las elecciones mexiquenses. Fraudes e impugnaciones, el mismo teatro de siempre representado por la partidocracia corrupta.
Las elecciones mexiquenses. Fraudes e impugnaciones, el mismo teatro de siempre representado por la partidocracia corrupta.

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, en rueda de prensa dijo que se impugnarán los 45 distritos pero enfocándose en 5 donde se tuvo una participación atípica, pues el promedio de votación fue de 52 por ciento, mientras que en Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Jilotepec y Atlacomulco, estuvo arriba de 62; de ser así, y se tome en cuenta la anulación, su partido quedaría con 100 mil votos arriba, lo que le daría el triunfo a Delfina. Por supuesto, ésta lejana posibilidad no deja de ser más que un sueño guajiro del Mesías tropical, que así se la ha pasado ilusionando a las masas por lo menos los últimos 20 años.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN interpondrá un juicio político de inconformidad por el resultado, ya que aseguran que Del Mazo rebasó el tope de campaña y compró votos. Pero no solo los partidos están inconformes, la Organización Ciudadana “Ni un fraude más” señaló tener evidencias de anomalías en todo el proceso electoral: destaca pruebas de violaciones graves a la ley electoral y a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, y pide nulidad de la elección, pero estas denuncias fueron desechadas por la Fepade, por lo que pretenden darlas a conocer a instituciones internacionales a fin de que actúen al respecto. Y será hasta el 16 de septiembre de este año la toma de protesta de quien resulte ser el ganador legítimo que estará al frente del gobierno del Estado de México, del 2017 al 2023, luego de este circo fraudulento y de pactos sucios entre partidos a los que ya nos hemos acostumbrado malamente los mexicanos.

Ahora, pasadas estas elecciones, el Congreso de la Unión tiene la tarea de retomar el trabajo tanto de la Ley de Seguridad Interior, como del proyecto del Mando Mixto de Policía, entre otras cuestiones que tienen pendientes los legislativos, y que se deben cumplir precisamente antes de que se coincida con los tiempos electorales para la sucesión presidencial en el 2018. Estas dos reformas que corresponden a la seguridad en el país por sí mismas son polémicas, más allá de que se esté politizando el tema. Con la Iniciativa de Seguridad Interior se otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, o a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad de realizar labores de vigilancia con cualquier método y técnicas de recolección de información para respaldar sus acciones, con lo que se sobreentiende que tendrán la libertad de utilizar la fuerza cuando les plazca, por lo que esta ley ya se conoce como la “Ley Golpiza”, y de espiar a la ciudadanía abiertamente, facultades que son totalmente ajenas a los fines para los que fueron creadas estas instituciones, y que sin embargo ya son aplicadas, solo que con esta ley ya tendrían el respaldo legal para cometer cualquier tipo de atropellos en contra de la ciudadanía.

Se tienen ya de sobra casos documentados de tortura y abuso en la aplicación de la fuerza pública por parte de autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, y al hablar de recolección de información se plantea que estarían autorizados para vigilar y espiar los diferentes tipos de comunicación de la sociedad civil, lo que vulnera la privacidad, por tal razón tendrían que adecuarse detalladamente las medidas para no vulnerar los derechos humanos de nadie. Esta situación preocupa a diferentes organizaciones que se han manifestado ya ante la Organización de las Naciones Unidas para que se regulen las acciones de las fuerzas armadas del gobierno mexicano con una supervisión por parte de la autoridad civil, pues la presencia de militares ha representado más riesgos que beneficios a la población, como en los casos vergonzosos de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Atenco y Ayotzinapa. Ante este desastre político y social para el ejército, el mismo secretario de la Defensa, Gral. Salvador Cienfuegos, ha declarado sus intenciones de que estas fuerzas regresen a sus cuarteles bajo el argumento de que no se prepararon para perseguir delincuentes.

En el caso del Mando Mixto de Policía, el objetivo es evitar la infiltración de organizaciones criminales. De acuerdo a esta ley se establecerá la homologación de parámetros para el reclutamiento, políticas de rotación, capacitación y carrera policial para las corporaciones municipales y estatales, que tendrían los mismos sueldos y prestaciones a fin de evitar que sean corrompidas por el crimen organizado. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que como está planteada la política de Policía de Mando Mixto no es funcional porque “podría generar incertidumbre y distracción de tiempo, energía y recursos”.

En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, invitó a gobernadores panistas a sensibilizar a sus legisladores para tomar las acciones necesarias y sacar adelante la Ley de Seguridad Interior lo más pronto posible; a su vez, la bancada del PRI se declaró preparada para un periodo extraordinario para que pudiera quedar subsanada la ley en esta legislatura.

Aunque la cuestión de seguridad corresponde principalmente al Estado, los actos de corrupción en la historia del país y en la vida diaria han hecho que no se pueda confiar en nadie, y menos en las instituciones; aún así el gobierno federal continúa con discursos huecos que solo quedan en eso, sin jamás aplicar las leyes.

México atraviesa una difícil situación de inseguridad, corrupción y violencia, donde el 80 por ciento de las familias vive en condiciones precarias. Conflictos del crimen organizado, desapariciones, robos y secuestros, entre un sin número de situaciones, afectan a los diferentes estratos sociales por igual, pero sin duda alguna lo que más ha destacado en los últimos tiempos ha sido la marcada violencia y acoso a los periodistas.

Y otra vez algo que solo se queda en el discurso es el respeto a la libertad de expresión en nuestro país, que ya se convirtió en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con bastantes restricciones de lo que se debe o no informar, y en donde, en muchos casos, algunos medios parecen ser una extensión de los departamentos de comunicación social de las instituciones. En contraste están los que no aceptan seguir la “línea”, y son esos quienes sufren acoso, hostigamiento, difamación, agresiones o muerte, como el reciente caso de Juan Monrreal López, periodista lagunero que está siendo objeto de descrédito por parte de la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, y de todos los regidores del cabildo de este municipio, que inclusive interpusieron una denuncia penal en su contra. Lo más grave de esto es que algunos medios de comunicación se han prestado al juego de estas corruptas autoridades gomezpalatinas llamando a Juan Monrreal “pseudoperiodista”, cuando en Durango es ampliamente conocida su trayectoria periodística de más de 30 años al frente de su revista Demócrata Norte de México. En días pasados, precisamente el 7 de junio, día oficioso de la Libertad de Expresión, luego de la protesta que realizaron un grupo de periodistas en defensa de Juan Monrreal, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se comprometió a brindarle respaldo y seguridad, no solo a Juan Monrreal sino a todo el gremio periodístico duranguense. Nosotros por nuestra parte reiteramos nuestro apoyo al compañero Juan Monrreal y exigimos al Congreso de Durango que tome cartas en este asunto para que termine la persecución de carácter fascista que el gobierno de Gómez Palacio ha emprendido en su contra.

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