Deben ser destituidos

    De la redacción de razacero.

    La manifestación del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, realizada en el centro de la ciudad de Durango, no solo fue un grito masivo de hartazgo por la violencia de género, sino también una grave denuncia en contra de las instituciones públicas encargadas de impartir justicia en esta entidad norteña.

    Ese día, en el templete instalado frente a la Catedral, decenas de valerosas mujeres denunciaron públicamente a feminicidas, hostigadores sexuales, acosadores y golpeadores narrando micrófono en mano sus terribles vivencias. Y ese día quedaron también destapadas las cloacas en las que están convertidas la Fiscalía General del estado de Durango y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dirigidas por la Lic. Ruth Medina Alemán y el Lic. Marco Antonio Güereca Díaz, respectivamente.

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    La Fiscal General de Durango, Lic. Ruth Medina Alemán, fuertemente evidenciada en la manifestación del pasado 8 de marzo por su incompetencia para resolver feminicidios y para atender las denuncias interpuestas por mujeres en contra de hostigadores sexuales, acosadores y golpeadores.

    De viva voz, las mujeres duranguenses relataron sus experiencias negativas cuando han acudido a estas instancias para solicitar ser atendidas. Maltratos, revictimizaciones y desinterés por parte de estos funcionarios, ministerios públicos y empleados de estas dependencias fueron los señalamientos constantes.

    Al día siguiente de este acontecimiento, al que acudieron más de tres mil mujeres, un alto funcionario del gobierno estatal de Durango fue separado de su cargo por haber sido señalado en esta concentración como hostigador sexual. Se trata del subsecretario de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno del estado de Durango, Gamaliel Ochoa Serrano, quien desde el 14 de agosto de 2019 fue denunciado en la Fiscalía General del estado por el delito de hostigamiento sexual en agravio de la joven Lucía Isabel Álvarez Ramírez (expediente Núm. JPR/FGE/R1/DGO/02605/19).

    Lucía Isabel Álvarez, ex empleada de la Librería UJED, fue despedida de su trabajo el 13 de agosto de 2019, luego de haberse negado a ir a un hotel con su jefe, el entonces director de esta librería, Gamaliel Ochoa Serrano.

    También, Lucía Isabel Álvarez acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar su queja, que quedó registrada con el número de expediente 2019/679.

    Durante más de siete meses, la denuncia y la queja de Lucía Isabel Álvarez fueron ignoradas por los titulares de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes en ningún momento ordenaron que se hicieran las diligencias correspondientes para investigar este delito y sancionar conforme a la ley al agresor.

    Tuvo que suceder la manifestación del 8 de marzo y aparecer en ella una enorme lona en la que la organización Feministas Durango denunciaba este hecho, para que las altas autoridades del gobierno de estado separaran de su cargo al funcionario señalado y, ahora sí, la Fiscalía General comenzara de inmediato las investigaciones correspondientes.

    Y este caso de Lucía Isabel Álvarez es solo uno de los muchos actos de omisión de la Fiscalía General duranguense y de la CEDH que fueron exhibidos el pasado 8 de marzo.

    Como se sabe, de acuerdo a los resultados del Índice Global de Impunidad México, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, desde 2017 Durango ocupa uno de los lugares más destacados en impunidad a nivel nacional, con 74.9 puntos porcentuales; es decir, de 100 delitos denunciados solo 25.1 son resueltos, quedando el resto en la impunidad, sobre todo los feminicidios, hostigamientos sexuales y lesiones en contra de mujeres.

    La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), fue otra de las instituciones enérgicamente señaladas el 8 de marzo por las mujeres duranguenses, que denunciaron abiertamente a profesores de esta casa de estudios como hostigadores sexuales, acosadores y discriminadores.

    En la UJED, desde la llegada del rector Rubén Solís Ríos, se han incrementado este tipo de casos a pesar de haber sido implementado el llamado “Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso en la Universidad”, un protocolo que se practica con demasiada tibieza y, por los testimonios expuestos en la manifestación del 8 de marzo, no es funcional para las alumnas de esta casa de estudios.

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    El rector de la UJED, C.P. Rubén Solís Ríos, bajo su gestión se ha incrementado la impunidad de docentes acusados de hostigamiento sexual, acoso académico y discriminación en contra de alumnas de esta casa de estudios.

    Así las cosas, el grito de fastidio y repudio a la violencia de género que las mujeres duranguenses emitieron el domingo 8 de marzo dejó al descubierto la realidad atroz que vivimos en cuanto a impartición de justicia, así como la ingobernabilidad que padecemos, una ingobernabilidad de la que en muy buena parte son responsables la Fiscal General, Lic. Ruth Medina Alemán, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Marco Antonio Güereca Díaz, un “servidor público” que se ha caracterizado por su nula capacidad para defender a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y por proteger veladamente a altos funcionarios del gobierno estatal.

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    El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Lic. Marco Antonio Güereca Díaz, nula su capacidad para defender a las mujeres víctimas de abusos y omisiones por parte de instituciones impartidoras de justicia.

    Por el bien de Durango, estos dos funcionarios incompetentes deben ser destituidos inmediatamente por el gobernador José Aispuro Torres y por el Congreso local.


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