México, gobernado por hampones

La carrera para obtener la presidencia de la República ya inició, al menos oficialmente el pasado 8 de septiembre, porque diversos actores mostraron sus intenciones desde tiempo atrás.

Mientras esto sucede, el PRI se aferra a continuar en el poder a costa de lo que sea y siguiendo sus viejas prácticas de colocar amigos cercanos en puestos clave o “a modo” para que le garanticen la impunidad a todos aquellos miembros relevantes que hayan incurrido en actos graves de corrupción; actos que, por ejemplo, le sirvieron al grupo que ostenta el poder para llegar a la presidencia de la República.

Odebrecht, la cereza del pastel en el historial corrupto de Enrique Peña Nieto y su pandilla.

Convenientemente, cuando el titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, comenzó a ventilar datos sobre la investigación que involucra a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, con empresarios de Odebrecht que habrían financiado ilegalmente la campaña electoral de Peña Nieto, este es removido de su cargo “por faltar al código de conducta al dar a conocer algunos detalles de la investigación”. Y lo peor de todo es que a Santiago Nieto lo destituye el subprocurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien legalmente no tenía facultades para hacerlo, ya que al fiscal de la FEPADE lo designa el Senado de la República.

Son 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Mozambique y Angola) los implicados en una red de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht; pero en México, a diferencia de aquellas naciones, el caso no avanza, a pesar de haberse dado a conocer estas denuncias en los Estados Unidos y en Brasil desde diciembre de 2016, referentes a los sobornos millonarios que ejecutivos de este consorcio entregaron a funcionarios de estas naciones por lo menos desde el año 2000 para obtener importantes contratos de obras públicas.

Aunque uno de los principales implicados por la aportación de dinero ilegal de Odebrecht para su campaña es el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las operaciones de esta empresa brasileña comenzaron en México desde que estaba en el poder Felipe Calderón; al respecto, recientemente se dio a conocer un correo de la constructora brasileña que revela la intervención del ex mandatario carioca Lula da Silva ante Calderón para pedirle que beneficiara la inversión brasileña en México.

Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, principal artífice delincuencial que operó el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Sobre la destitución del ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, que investigaba este caso, y el pronunciamiento de partidos opositores al PRI en el Senado defendiéndolo y exigiendo su restitución en el cargo, Emilio Gamboa, líder de la bancada priísta en el Senado, advirtió que no se dejarían presionar, en un intento claro de imponer a un nuevo fiscal a modo que no destape la cloaca del caso Odebrecht, que podría implicar la pérdida de registro del PRI y acusaciones penales inclusive en contra de Enrique Peña Nieto.

Así las cosas, los partidos opositores insisten en que se den a conocer los avances sobre el asunto Odebrecht, en tanto la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, se declaró impedida jurídicamente para investigar la línea del soborno; ella misma, en su paso al frente de la PGR, tampoco realizó averiguaciones en contra de los integrantes de la campaña presidencial de Peña Nieto por la comisión de estos delitos que, como mencionamos líneas arriba, desde el año 2016 salieron a la luz pública en Estados Unidos y en Brasil.

Finalmente, el ex titular de la FEDAPE, Santiago Nieto Castillo, amenazado o presionado, se desistió de objetar su destitución ante el Senado de la República el pasado 27 de octubre.

Como se puede apreciar en todo este entramado, en México no importan las declaraciones de funcionarios en otros países, ni incluso las del propio Marcelo Odebrecht y su principal negociador de sobornos, Luis Weyll, quienes aceptaron ante la justicia brasileña haber pagado más de 10 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno mexicano.

¿Qué pasará con este caso y los nuevos casos que se hagan públicos en cuanto a corrupción y delitos electorales cometidos por Peña Nieto y su pandilla? ¿En realidad van a ser castigados por los partidos de oposición y las instancias correspondientes?

Es indudable que en el proceso electoral de 2018 todos los partidos tratarán de “ventanear” a sus opositores, y en este contexto el gobierno federal, penosamente, no cuenta aún con candidatos para estar al frente de las dependencias encargadas de procurar justicia, una justicia que hasta el momento ha sido completamente ineficaz.

Por el momento, y ya iniciado legalmente el proceso electoral de 2018, el gobierno federal no tiene a un titular de la FEPADE y la sorpresiva renuncia a la PGR de Raúl Cervantes, a un año de su nombramiento, no extrañó, un tanto por la ostentación de sus lujos (como su famoso Ferrari) y otro tanto por sus actos de corrupción. Por otro lado, aunque ya se encuentra en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción, así como los sistemas locales, el debate para elegir a un fiscal nacional sigue vigente, pues precisamente no se quiere a un “fiscal carnal” como el que el PRI quería imponer en la persona del ex procurador general Raúl Cervantes, que en vez de destapar la corrupción cuide las espaldas de sus cuates, recordando que tampoco se han elegido a los 18 magistrados anticorrupción. Se supone que este sistema debe encargarse de vigilar, analizar y castigar los delitos cometidos por nuestros gobernantes, pero la difícil tarea de elegir al Fiscal Anticorrupción nacional ha sido demasiado complicada por los intereses mafiosos que todos los partidos políticos tienen. Cabe mencionar que en estados como Durango esta pieza clave no ha sido designada, y tampoco se sabe de algún perfil que pudiera estar a cargo de este sistema.

Como se ve, el panorama para garantizar un proceso electoral seguro y legítimo el próximo año se ve demasiado negro, tomando en cuenta que las principales instituciones que van a organizar estos comicios, a vigilarlos y a castigar los delitos electorales están totalmente desacreditadas y acéfalas, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la FEPADE, la PGR y el Sistema Nacional Anticorrupción.

No cabe duda que en realidad estamos gobernados por auténticos gremios hamponeriles a los que no les interesa para nada el bienestar de la ciudadanía, más que sus propios intereses de grupo y particulares.

Por las razones anteriores, ya urge una verdadera reestructuración nacional por parte de la sociedad civil que nos lleve a darnos otra forma de gobierno, muy ajena y lejana a la que nos plantea la partidocracia criminal.

Ya no es posible que los ciudadanos sigamos permitiendo esa impunidad, como la del caso Odebrecht, y los saqueos brutales al erario que cometen estos grupos delictivos que nos gobiernan, mientras millones de paisanos sobreviven en la miseria y la pobreza extrema.

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