Fernando Miranda Servín.

Cada día es más alarmante el grado de descomposición de las instituciones públicas, no solo del estado de Durango sino del país entero, pero es mucho más aberrante que la corrupción y violaciones a las leyes se den en el lugar en donde se legislan dichas leyes, y los actos de omisión se practiquen en las instancias que deberían de defender los derechos humanos de la ciudadanía.

Así, la joven señora Flora Jazmín Cupich Name ha tenido que soportar infinidad de abusos y atropellos a sus derechos ciudadanos y humanos, primero para tratar de liberarse de una vez por todas de su matrimonio con un esposo golpeador, y luego para pelear la pensión alimenticia que por derecho le corresponde a su pequeña hija.

“Desde que comenzó el proceso de mi divorcio, en el Juzgado Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, bajo el Expediente Núm. 668/2015, he venido sufriendo una serie de amenazas y maltratos psicológicos por parte de mi ex esposo, Luis Alberto Escajeda Arce, y del que fuera su abogado, el Lic. Erick Martín Ávila Dosal. En septiembre de 2014 solicité una averiguación previa a la Fiscalía General del Estado de Durango en contra de ambos, pero hasta la fecha no he recibido una respuesta satisfactoria a mi demanda de justicia”, relata Flora Jazmín Cupich.

Cabe recordar que Luis Alberto Escajeda Arce fue cercano colaborador del actual candidato del PRI a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas Villarreal, cuando este fue alcalde de Durango, fungiendo como subdirector de Servicios Públicos Municipales y al mismo tiempo como administrador de esta misma subdirección. Luis Alberto Escajeda Arce fue denunciado en la redacción de raza cero por empleados del municipio de Durango por haber construido su residencia con recursos provenientes de esta subdirección. En resumen, los trabajadores manifestaron que a finales de 2013 el subdirector de Áreas Verdes, Marco Antonio Pérez González, fue quien mandó a sus cuadrillas de trabajadores para que laboraran como albañiles, peones y electricistas en la construcción de la ya conocida Casa Blanca de Durango, que Luis Alberto Escajeda Arce edificó con recursos de la subdirección de Servicios Públicos Municipales antes de ser despedido en octubre del año 2014.

“Jorge Armando Huerta, el titular de Patrimonio, facturó parte del material para construir La Casa Blanca y proporcionaba el parque vehicular para transportar a los trabajadores de la subdirección de Áreas Verdes a la calle Circuito Ferrería Núm. 132 del fraccionamiento Colinas del Saltito”, denunciaron los trabajadores.

Sin embargo, lejos de que el ex alcalde Esteban Villegas Villarreal, hoy flamante candidato del PRI a la gubernatura de Durango, fincara responsabilidad penal por el saqueo que realizó su cercano colaborador, solamente lo despidió, por lo que los ciudadanos duranguenses, en los hechos, fueron los que pagaron con su dinero la construcción de La Casa Blanca de Durango.

Con esta clase de antecedentes, Luis Alberto Escajeda Arce ahora es denunciado por su ex esposa, Flora Jazmín Cupich Name, pues en el proceso de su divorcio se están cometiendo anomalías graves, por lo que al respecto señala:

“Luis Alberto Escajeda Arce ahora tiene como abogado defensor al Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrellón, que al mismo tiempo es asesor jurídico en la Oficialía Mayor del H. Congreso de la Unión del Estado de Durango. Esta anomalía a todas luces me perjudica a mí y a mi pequeña hija pues este abogado ha venido utilizando sus influencias con la finalidad de lesionar los intereses de mi hija, principalmente, además de estar violando las leyes pues los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 60 de la Ley de la Función Pública establecen la prohibición al funcionario público de efectuar o patrocinar para terceros trámites y/o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación. También, el artículo 97 de la Ley del Código de Organización Judicial señala que el ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible con la calidad de funcionario público”, manifiesta Flora Jazmín Cupich Name, agregando:

Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, su trabajo deja mucho qué desear.
Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, su trabajo deja mucho qué desear.

“El Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrellón fue dirigente del Sindicato de los Tres Poderes y en las audiencias que se llevan a cabo, ahora en el Juzgado Cuarto de lo Familiar, constantemente he recibido burlas de su parte por lo que ya he presentado denuncias por escrito a la Oficialía Mayor del H. Congreso del estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, en donde se inició el Expediente CEDH/1/271/2015, instancias en las que he presentado pruebas de las violaciones a las leyes que está cometiendo este funcionario público, pero en ninguna de estas instituciones me han hecho caso”, finaliza Flora Jazmín Cupich.

Arturo Kampfner Díaz, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango, tendrá que intervenir para sancionar al empleado de la Oficialía de Partes, Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrillón.
Arturo Kampfner Díaz, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango, tendrá que intervenir para sancionar al empleado de la Oficialía de Partes, Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrillón.

Así las cosas, y según la documentación proporcionada por la señora Flora Jazmín Cupich, el Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrellón, asesor jurídico de la Oficialía Mayor del Congreso estatal, viola flagrantemente las leyes al ser funcionario público y al mismo tiempo estar litigando en el Juzgado Tercero de lo Familiar del TSJ, desde el año pasado, primero protegido por el ex Presidente de la Gran Comisión del Congreso, el C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, y ahora solapado por el actual, el Lic. Arturo Kampfner Díaz.

Y otro hecho que ya no sorprende es la actitud sumisa y poco ética de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, que teniendo todos los elementos para defender enérgicamente a la señora Flora Jazmín Cupich no cumple eficazmente con el trabajo por el que le pagamos los contribuyentes.

Es necesario que las máximas autoridades del Congreso estatal de Durango sancionen severamente al Lic. Sergio Manuel Quiñones Castrellón, y también es necesario que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ponga a trabajar.

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