Opacidad en la Secretaría de Seguridad Pública y en el Instituto Estatal del Deporte
Fernando Miranda Servín.
Aunque ya desde hace más de una década se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (11 de julio de 2002), muchas han sido las reformas que se le han hecho a esta ley con el afán de perfeccionarla pero, al parecer, todavía falta un largo camino por recorrer para que la ciudadanía tenga fácil acceso a la información de carácter público y la certeza de que los datos que recibe realmente sean los que ha solicitado, es decir, que las instituciones respondan con verdad absoluta los requerimientos que los contribuyentes hacen a través de las contralorías y los portales de internet.
Sin ser expertos en la materia, sabemos que son muchos los candados y disposiciones que esta ley tiene y que facilitan a los funcionarios de las dependencias públicas evadir hasta donde sea posible la entrega de información a la ciudadanía que, en la mayoría de los casos y para evitar pérdidas de tiempo, desiste de enredarse en tardados trámites legales para obtener la información solicitada.
El que esto escribe, queriendo hacer un ejercicio en este rubro y en base a testimonios recibidos de ciudadanos que laboran en diferentes dependencias del gobierno del estado de Durango, se dio a la tarea de realizar varias solicitudes de información pública recibiendo respuestas no tan satisfactorias.
En primer lugar, se hizo la siguiente petición el día 10 de agosto del presente año 2017:
“Solicito las bitácoras de vuelos de las aeronaves del gobierno del estado de Durango que están al servicio del secretario de Seguridad Pública, desde el mes de septiembre de 2016 al mes de agosto de 2017”.
La respuesta a dicha petición la recibimos el 19 de septiembre pasado con la negativa de esta dependencia bajo el argumento de que esa información “es clasificada como reservada por lo que no podrá ser divulgada la relacionada con el número, características y bitácoras de vuelo de los helicópteros del Gobierno del Estado, razón por la que se está en imposibilidad física, legal y material de atender en sus términos la solicitud de referencia”.
Así, de manera arbitraria, como se puede observar, esta secretaría interpreta la Ley de Transparencia a su conveniencia para evitar informar a la ciudadanía el uso que se le da a las aeronaves (no solamente helicópteros) que están a su disposición.
Al respecto, hay testimonios de empleados de la secretaría de Seguridad Pública, que solicitan el anonimato por razones obvias, referentes a que en varias ocasiones las aeronaves del gobierno del estado de Durango han sido utilizadas por familiares y amigos de altos funcionarios de esta institución para realizar viajes que no se relacionan precisamente con las actividades oficiales de esta dependencia.
En este caso, la clasificación de “información reservada” tiene una interpretación muy clara, que es la de ocultar información comprometedora.
Otra petición que se hizo fue al Instituto Estatal del Deporte, bajo este tenor:
“Solicito información sobre la totalidad de gastos por concepto de viáticos que ha realizado el director del Instituto Estatal del Deporte, Alejandro Álvarez Manilla Flores, desde el mes de septiembre de 2016 al mes de agosto de 2017”.
La solicitud fue hecha el día 8 de agosto pasado y hasta el momento no ha sido contestada por este funcionario. Al ingresar a la página oficial de Transparencia Durango y visitar el sitio del Instituto Estatal del Deporte, pudimos constatar que esta dependencia solamente ha manifestado gastos por concepto de viáticos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, omitiendo esta información durante todo lo que va de este año 2017.
El dato es desconcertante pues deja la duda sobre la existencia de anomalías o total parálisis de este funcionario, que desde el mes de enero de 2017 hasta la fecha no ha registrado gastos relacionados con sus actividades.
Así por el estilo, hay otro tipo de solicitudes que los ciudadanos realizamos y somos remitidos a esas páginas oficiales de internet en las que se necesita tomar un curso especializado de informática para poder obtener los datos que se solicitan, haciéndonos sospechar que estas mismas instancias gubernamentales planean todo lo posible para complicarnos las cosas a los ciudadanos comunes y corrientes y desistamos nuestros intentos de saber cómo y en qué se gastan nuestro dinero los servidores públicos.
Lo triste de todo esto es saber que hay gobiernos de países como Suiza, Finlandia o Suecia que desde hace más de 100 años practican la transparencia y en menos de 24 horas le proporcionan a sus ciudadanos cualquier tipo de información que solicitan. ¿Podremos alcanzarlos algún día?