Complicidades y coacciones que cuestan caro a los contribuyentes
La aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI en la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el delito de peculado que asciende a casi 250 millones de pesos, es una bomba que le ha estallado en las manos no solo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sino a varios ex mandatarios estatales y gobernadores que se encuentran actualmente en funciones.
Uno de los principales protagonistas de este descomunal atraco a la nación es el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien, en la antesala de las elecciones de 2016, en complicidad con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, habría entregado al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, 246 millones de pesos para que ingresaran a las arcas de este estado norteño con el objetivo de que fueran desviados a varios estados gobernados por el PRI, entre los que se encuentran Veracruz, Tamaulipas, Colima, Sonora y Durango.
Este asalto al erario fue descubierto en los primeros meses del gobierno del mandatario panista chihuahuense Javier Corral Jurado, en los que se realizó la detención y encarcelamiento del ex secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez, y de los ex directores de Adquisiciones y Administración, Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas Madriles, quienes en las indagatorias relataron la manera en que esa enorme cantidad de dinero fue sustraída del erario para financiar ilegalmente las campañas del PRI en esos estados.
Hoy se sabe que funcionarios de las entidades arriba mencionadas realizaron contratos con compañías falsas manifestadas como prestadoras de “servicios educativos” y, como en el caso de Durango, también con personas físicas, pero esos servicios y adquisiciones jamás fueron prestados ni registrados y el dinero fue entregado a dirigentes priístas y a representantes de partidos satélites de este instituto político.
Así las cosas, mientras en Chihuahua el gobernador panista Javier Corral Jurado ha encarcelado a varios peces gordos del anterior gobierno priísta y ha puesto a salto de mata al ex mandatario César Duarte Jáquez, evidenciando al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y al gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, en Durango el mandatario estatal de ese mismo partido, José Aispuro Torres, ha exonerado al ex gobernador priísta Jorge Herrera Caldera y no ha ejercido acciones penales contundentes en contra de ninguno de los altos funcionarios que saquearon el erario durante el sexenio pasado; por el contrario, Aispuro Torres está utilizando las pruebas de estos desvíos millonarios para coaccionar a algunos dirigentes de partidos satélites del PRI para que realicen acciones que satisfagan sus intereses políticos muy particulares, en perjuicio de los intereses del pueblo duranguense.
En medio de este escándalo que ya alcanzó proporciones internacionales, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido exhibido por el mismo rotativo The New York Times por los gastos desorbitantes que ha hecho para promocionar su imagen en los medios masivos de comunicación. En este contexto, quien al inicio de su administración prometió que regularía el presupuesto federal destinado a pagar publicidad gubernamental, ha terminado gastándose en los 5 años que lleva su gobierno la friolera de casi ¡40 mil millones de pesos!, más del doble del presupuesto que fue aprobado por los legisladores a este rubro.
Con ese dinero, según el The New York Times, Peña Nieto no solo ha pagado publicidad a los seleccionados medios de comunicación beneficiados con jugosos contratos sino también ha comprado sus líneas editoriales bajo la premisa conocida de “no te pago para que me pegues”.
Y este tema, como se sabe, no es propio del gobierno federal pues también abarca los niveles estatales y municipales en los que los medios se ven involucrados en acuerdos de manera discrecional para dar una cobertura positiva sobre tal o cual gobernante. En este rubro vuelve a destacar el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la administración del gobernante panista Javier Corral, durante su mandato dispuso de ¡casi mil millones de pesos! para gastos de publicidad gubernamental.
En este aspecto, el mandatario panista de Durango, José Aispuro Torres, nuevamente da de qué hablar pues durante los quince meses que lleva gobernando su directora de Comunicación Social, la ex conductora de noticieros Silvia Verónica Terrones Romero, ha beneficiado sobremanera con contratos millonarios de publicidad a algunos medios de comunicación locales con cuyos directivos y empleados mantiene relaciones cercanas de amistad e inclusive familiares.
Lo anterior es parte del panorama que se presenta en el inicio de este año 2018 y en el arranque inminente de las campañas electorales, en las que indudablemente saldrán a la luz infinidad de documentos y testimonios que a manera de pruebas evidencien los actos ilícitos que han cometido muchos de los protagonistas que aspirarán a cargos de elección popular para representarnos.
Por lo anterior, es necesario que dentro de todo este desaseo político como sociedad sigamos buscando otras alternativas para gobernarnos y sigamos exigiendo a quienes nos gobiernan cuentas claras y congruencia política, señalando y reclamando públicamente a quienes nos traicionen y engañen. No hay de otra.