La justicia secuestrada
Fernando Miranda Servín.
El 31 de enero de 2016 el joven Daniel Quezada Hernández no pensó que al adquirir una casa con los ahorros de toda su vida también estaba comprando un gran problema.
“Ese día le compré al señor Óscar Ricardo Herrera una propiedad ubicada en la calle Constitución número 517 norte, en el centro de la ciudad de Durango, que quedó registrada a mi nombre en la escritura pública número 19,920. Al momento de la compraventa la casa estaba habitada por el Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez, quien a pesar de estar enterado de este hecho se negó a desocupar el inmueble”, relata para razacero Daniel Quezada.
Ante la negativa del Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez de desocupar la casa, Daniel Quezada se vio en la necesidad de iniciar medios preparatorios a juicio, asentados en el expediente 375/2017, en el Juzgado Tercero de lo Civil del Poder Judicial del estado de Durango, en contra del conocido licenciado, y es aquí en donde Daniel Quezada Hernández comenzó a darse cuenta de que en esta entidad norteña la principal institución que debe garantizar una impartición de justicia pronta, expedita y efectiva es, además de inoperante, ruin, por estar bajo el dominio de gente deleznable e inmoral.
“El Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez no contestó la demanda y fue declarado culpable en rebeldía, pero no sucedió absolutamente nada pues siguió negándose a desocupar mi casa. Ante esto, tuve que interponer un nuevo juicio de tipo ordinario civil, que quedó registrado bajo en número de expediente 39/2018, otra vez en el Juzgado Tercero de lo Civil”, detalla el afectado.
En los alegatos de dicha demanda, el Lic. Buenrostro Rodríguez argumentó que la casa pertenece a su hija, la Lic. Tania Karina Buenrostro Navarro. “Pero ésta no ha presentado en ningún momento las escrituras que la acrediten como propietaria del inmueble”, expresa Daniel Quezada Hernández.
En cualquier sociedad con un Estado de Derecho pleno este asunto sería trivial y de fácil solución, pero resulta que el Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez ha sido presidente de una de las barras de abogados de este estado y destacado militante de los partidos de “izquierda” PT y PRD; además, y por si fuera poco, su hija, la Lic. Tania Karina Buenrostro Navarro, es Magistrada de la Primera Ponencia de la Sala Penal Colegiada “C” del Poder Judicial del estado de Durango, y catedrática del Colegio de Bachilleres en el plantel La Forestal, en esta ciudad de Durango.
En los hechos, este penoso asunto data desde el año 2001, cuando el señor Óscar Ricardo Herrera interpuso un juicio ordinario en el Juzgado Cuarto de lo Civil bajo el número de expediente 50/2001 en contra del Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez, Tania Karina Buenrostro Navarro y Galdino Torrecillas Herrera.
“Cuando el señor Óscar Ricardo Herrera me vendió la casa me comentó que él y su madre le habían prestado la casa hace tiempo al Lic. Rubén Buenrostro pues no tenía dónde vivir, y que en cuanto le notificara que ya la había vendido éste la desocuparía de inmediato”.
Lo que no le dijo el señor Óscar Ricardo Herrera al joven comprador es que desde el año 2001 había demandado a los ocupantes del inmueble Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez, su hija Tania Karina Buenrostro Navarro y Galdino Torrecillas Herrera, en ese tiempo esposo de Tania Karina, para que fueran desalojados.
Y desde el año 2001 a la fecha, estos personajes, hoy muy conocidos en el ambiente político del estado de Durango, han utilizado sus influencias para apoderarse de este inmueble, que a todas luces no les pertenece.
El Lic. Galdino Torrecillas Herrera, actualmente es el Consejero Jurídico del gobierno del estado de Durango y, según testimonios del personal de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, recientemente se le ha visto en los pasillos de este recinto acompañando a su ex suegro, el Lic. Rubén Buenrostro Rodríguez.
Así las cosas, lo más probable es que el joven Daniel Quezada Hernández pierda su patrimonio pues el Lic. Esteban Calderón Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango, en estos momentos anda demasiado ocupado entrometiéndose en los asuntos internos de la UJED para imponer a uno de sus incondicionales como rector de esta casa de estudios, además de que no se le da estar atento al comportamiento de los jueces, magistrados y personal que labora en el Poder Judicial duranguense, y el Consejo de la Judicatura es solo una instancia más que protege las pillerías y graves actos de omisión que cometen quienes deberían aplicar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos que acuden a esta institución a solicitar justicia.
