Los costos del “sí, señor presidente”
Aunque es una perogrullada decir que el sistema político mexicano se sustenta en un férreo presidencialismo, no está de más recordarlo y tomarlo como eje del análisis de la renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La verbalización de la esencia del presidencialismo se resume en la sentencia: “sí, señor presidente”. Una afirmación que a lo largo de la historia le ha beneficiado al jefe del poder político, cuyos poderes son superiores a sus amplias facultades constitucionales, lo que tiene un alto costo social que seguimos pagando los habitantes de la República. A pesar del costo tan alto, se mantiene esa añeja práctica en nuestra clase política, sobre todo en las altas esferas del poder, al tiempo que para los ciudadanos andarines de las banquetas esta actitud mostrada por los dueños del poder político y económico hacia el presidente en turno debe terminar.
Cuando observamos que al paso de los días la renuncia de Carlos Urzúa fortaleció al presidente de la República y que todos los caminos llevan a la 4T, no podemos más que confirmar lo lejano que se encuentra el final del túnel presidencialista mexicano. Quien no está de acuerdo con el presidente se baja del proyecto, y no es en este gobierno, siempre ha sido así.
Si bien, la inclusión de Carlos Urzúa en el equipo de Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral con la promesa de que ocuparía la silla principal en la SHCP logró dar certidumbre a los dueños del dinero y a las calificadoras internacionales sobre el control financiero y hacendario que eventualmente tendría el nuevo gobierno, el ex secretario no solo no formó parte del equipo compacto del presidente, sino que no caminó las calles para conseguir las preferencias electorales, y esto en la vida político-electoral de los partidos termina por pasar la factura. A Urzúa Macías se la cobraron en menos de un año.
El ex secretario mencionó los motivos de su renuncia: la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública y las discrepancias con respecto al dinero necesario para cumplir con los compromisos de campaña y la concreción de los mega proyectos lopezobradoristas; sin embargo, no dio los nombres de los supuestos personajes impuestos, ni tampoco presentó un corte de caja claro que nos demuestre que los dineros no alcanzarán para cumplir las promesas de la 4T. Todo ello le resta contundencia y profundidad a su carta de renuncia. Si la poca claridad en la carta de renuncia fue pactada con López Obrador o fue lo que el mismo ex funcionario decidió, aún no tenemos elementos para saberlo.
Sin embargo, en el fondo parece que no fue un asunto de dineros, sino los enfrentamientos con varios pesos completos dentro del gobierno federal. La lista comienza con el mismo presidente de la República, quien manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con las estrategias propuestas por Carlos Urzúa en el Plan Nacional de Desarrollo, y que ambos tenían discrepancias con respecto al modelo económico que se debía seguir; también hubo encontronazos con Alfonso Romo, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, en relación a la concepción de la Banca de Desarrollo, el diseño de la política fiscal y económica de la 4T, y el nombramiento del director de Nacional Financiera; los enfrentamientos continuaron con la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez, cercana colaboradora de AMLO y a quien el presidente le otorga toda su confianza para el control del ejercicio presupuestal en el marco de la austeridad republicana, así como todo lo que tiene que ver con adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones directas del gobierno federal; finalmente, Urzúa Macías se enfrentó con el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien inmediatamente después de la renuncia del encargado de las finanzas, manifestó que se había tardado en presentarla.
A querer o no, el tinglado de los enfrentamientos tuvo como telón de fondo las diversas concepciones en cuanto a los alcances de la Cuarta Transformación y las posibilidades de que estos sean concretados.
Luego de la renuncia del titular de Hacienda varias cosas quedan claras, a saber: 1) en la 4T aunque parezca lo contrario no existen fisuras, la renuncia de Urzúa y al menos otras siete más de nivel medio-alto y alto se han dado para evitar desgajamientos en el primer equipo del presidente López Obrador; 2) el control de daños realizado por la presidencia fue rápido y eficiente al nombrar de manera inmediata a Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario de Hacienda, con lo cual no dieron tregua para especulaciones financieras que sacudieran la débil economía nacional, incluso el jefe del Ejecutivo obtuvo el espaldarazo de los dueños del dinero y de las calificadoras internacionales, quienes reconocieron que el nuevo secretario les generaba tranquilidad en cuanto al manejo responsable de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica del país y la autonomía del Banco de México; 3) continúa el apoyo para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, y los trenes Maya y del Istmo de Tehuantepec; 4) la tormenta financiera que se anunciaba terminó en breve chubasco, luego de la recuperación casi inmediata que tuvo el peso frente al dólar; 5) los “sí” condicionales presentes luego de cada decisión del presidente, nuevamente vuelven a desvanecerse entre los deseos de sus adversarios y los débiles elementos que los sustentan; y 6) quien salió más fortalecido de la renuncia de Urzúa Macías fue Andrés Manuel López Obrador.
Evidentemente, no afirmamos que esté mal el fortalecimiento del presidente en esta o en cualquier otra circunstancia, tampoco que existan diferencias al interior del gobierno en cuanto a la manera de llevar a cabo la administración pública, pero lo que no debe suceder es que las diferencias en el equipo gobernante nos generen contratiempos en el país, y mucho menos que esas diferencias se presenten por los proyectos de interés personal de los funcionarios.
Por otro lado, debemos darle la vuelta a la costumbre de concederle la concentración de todas las decisiones al presidente de la República, esa práctica históricamente nos ha traído consecuencias negativas a lo largo de las administraciones federales.
En tanto el presidente se empeñe en decir que “tiene otros datos” (sin compartirlos), y sus colaboradores lo respalden sin chistar (quien cuestiona ya vimos que se va), los costos del “sí, señor presidente” los seguiremos pagando los ciudadanos. Al tiempo.