AMLO, peor que Calderón

Amedida que transcurre el sexenio, el mandatario cuatrotero Andrés Manuel López Obrador se va definiendo no como el estadista que en numerosas ocasiones presumió que sería, sino como un gobernante ordinario cuyas prácticas rebasan en mucho a lo más detestable de los viejos regímenes priístas.

Apenas denunciado recientemente en uno de los más prestigiados medios de comunicación del país, como la revista Proceso, por la marcada protección que le brinda al avaricioso oligarca Ricardo Salinas Pliego, a quien ha otorgado millonarios contratos por la vía de la adjudicación directa, éste mismo medio de comunicación reveló en días pasados que las empresas encabezadas por Carlos Hank Rhon y su hijo Carlos Hank González (descendientes de Carlos Hank González, uno de los políticos más corruptos que ha habido en la historia de nuestro país) han obtenido 24 contratos públicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por 7,695 millones de pesos; lo anterior, sólo en el primer trimestre de 2020, lo que convierte a estos empresarios en los terceros contratistas que más dinero han recibido del gobierno federal, conforme a la información encontrada por la revista Proceso en la página oficial de Compranet. De acuerdo con la publicación, el Grupo Banorte obtuvo 6,885 millones de pesos de 23 contratos relacionados con servicios de seguros. En febrero, La Peninsular, filial de Grupo Hermes (propiedad de los Hank), logró un contrato de obra pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) por 809,9 millones pesos. Dos meses antes, FIT otorgó un contrato por 100,8 millones de pesos a Seguros Banorte.

López Obrador describió en 1996 a Carlos Hank González como el gran capo de la política mexicana, conocido por ser el líder del Grupo Atlacomulco. Ahora, sus herederos forman parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador.

El humorismo político mexicano, desde los tiempos de “El Periquillo Sarniento” o del genio José Guadalupe Posada, ha sido agudo e irreverente. Al poder se le vigila y critica, no se le aplaude. Hoy, para nuestra desgracia, López Obrador con su corrupción y totalitarismo superó con creces al sátrapa ex panista Felipe Calderón.

Los primeros contratistas del gobierno lopezobradorista son Carlos Slim, con la constructora CICSA, y el consorcio formado por la empresa paraestatal China Comunications Construction Company Ltd y la portuguesa Mota-Engil, dos de las empresas más favorecidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estas compañías obtuvieron las licitaciones para los dos primeros tramos del Tren Maya, por 18,553 millones de pesos y 15,538 millones de pesos, respectivamente.

Así, con éste descarado favoritismo hacia los peores oligarcas de nuestro país, que sexenio tras sexenio han saqueado el erario, López Obrador avanza su gestión con sus sermones mañaneros, en los que le pide al pueblo de México que sea austero y renuncie a las comodidades que proporciona el dinero.

Mientras esto sucede, el mandatario-“predicador” es señalado en medios internacionales por el pésimo papel que ha hecho en el manejo de la pandemia del coronavirus, en la que ha ocultado premeditadamente las cifras reales de ciudadanos contagiados y fallecidos.

Así, con una severa crisis económica que ya existía, pero acentuada por la contingencia sanitaria y el burdo manejo clientelar que el gobierno federal le está dando a la entrega de miserables apoyos económicos en bastos sectores de la población, López Obrador vuelve a cometer una más de sus traiciones al pueblo de México oficializando la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país, otorgándoles facultades legales para desempeñar tareas de seguridad pública argumentando un “estado de excepción”; esto, de acuerdo con el decreto publicado el pasado lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que señala que las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, es decir, durante casi todo el sexenio lopezobradorista.

Esta infame imposición borra de un plumazo las facultades y el carácter civil que supuestamente tendría la fracasada Guardia Nacional, y proporciona atribuciones legales a las Fuerzas Armadas para realizar investigaciones y detenciones de ciudadanos.

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Estas acciones, que ya existían de facto desde que el sátrapa ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar al Ejército a las calles en el año 2006 (y que fueron fuertemente criticadas por el presidente cuatrotero cuando era opositor), ahora, bajo la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, han tomado carácter “constitucional” causando el malestar de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que inmediatamente calificó como infundada la “excepcionalidad” argumentada por el gobierno lopezobradorista ya que “la tarea de realizar trabajos de Seguridad Pública en las calles no le corresponde al Ejército mexicano; las funciones de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a aquellas propias de las instituciones policiales, pues la participación del personal militar en estas funciones podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso”. La ONU también remarcó que “la estrategia de seguridad instaurada desde 2006 ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia, y ha incrementado las violaciones de derechos humanos”. Pero estas palabras, emitidas por el máximo organismo internacional, como buen aprendiz de dictador, le entraron por un oído y le salieron por el otro al ya más que aborrecible mandatario tabasqueño.

Otros organismos no gubernamentales, periodistas, intelectuales y activistas políticos ven en esta continuidad ya legalizada de la militarización del país no un planteamiento serio para combatir a la delincuencia organizada, parte de la cual es tolerada y hasta protegida por el régimen lopezobradorista, sino la preparación de la represión de amplios sectores sociales en algunas regiones del país que, irremediablemente, se opondrán de manera enérgica a las políticas económicas y depredadoras que está imponiendo el régimen pseudo izquierdista de López Obrador, un régimen que al igual que las pasadas administraciones neoliberales, solo beneficia a los más ricos manteniendo a las mayorías en una pobreza controlada de manera perversa a través de los “programas sociales”.

México pasa por momentos muy difíciles, y en los siguientes años 2021 y 2022 la ciudadanía deberá decidir si cambia radicalmente de dirección luego de la decepción que está representando el lopezobradorismo o se mantiene en esta misma línea que parece no conducir a ninguna parte.


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