Un gobernador ladrón y un cartel de regidores corruptos
Fernando Miranda Servín.
Durante el trienio 2019-2022, el gobernador ladrón de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y su secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, se robaron las participaciones federales de los 39 municipios de esta entidad. Los más afectados fueron los municipios de Durango y Gómez Palacio a los que el gobernador bribón les ha sustraído hasta el momento 520 millones de pesos y 120 millones, respectivamente.
Otros municipios como Mezquital y Canatlán han sido atracados con 44 millones y 12 millones. Las autoridades de los municipios restantes han guardado silencio y no han reclamado públicamente las cantidades que les adeudan.
En el municipio de Durango fue la regidora priista Daniela Soto quien reclamó con mucha insistencia al gobernador el pago del dinero que debe, logrando acaparar la atención de algunos medios de comunicación locales. Sin embargo, fue el pasado viernes 5 de agosto cuando esta y todos los regidores del Cabildo duranguense, incluidos el alcalde y la síndico panistas, Jorge Salum del Palacio y Luz María Garibay Avitia, debieron pasar de las declaraciones mediáticas a las acciones legales en contra del gobernador infractor, pero decidieron encubrir al mandatario cleptómano y, por supuesto, proteger sus intereses personales.
Fue el regidor petista, Primitivo Ríos, quien presentó el punto de acuerdo “para demandar directamente a la secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de participaciones federales que corresponden al municipio de Durango, cuya cantidad es de 510 millones de pesos”, mismo que fue rechazado por la mayoría de los integrantes de este cabildo corrupto, a excepción de los regidores petistas Alfonso Primitivo Ríos y Guadalupe Ivonne Barboza Morales, que votaron a favor.
El rechazo a este punto de acuerdo implica que la secretaría de Hacienda no reciba la notificación oficial por parte del cabildo del municipio de Durango sobre la ausencia de entregas de participaciones federales por parte del gobierno estatal, impidiéndole a la dependencia federal emprender acciones legales contra el gobernador ladrón Aispuro Torres por el evidente delito de desvío de recursos públicos.
En pocas palabras, los regidores del cabildo duranguense se convirtieron en cómplices y encubridores del gobernador saqueador José Rosas Aispuro Torres.
¿Cuánto habrán recibido estos regidores, integrantes de un auténtico cartel delictivo, por proteger al mandatario estatal ratero y traicionar a la ciudadanía?
Esto sucedió en el cabildo del municipio de Durango y, a lo que se ve, lo mismo sucederá en los 38 municipios restantes.
El enorme botín que se lleva José Rosas Aispuro Torres es el más grande en la historia de Durango y al parecer el reparto de migajas a personajes inescrupulosos será su pasaporte de impunidad.
Esperemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haga su trabajo y le eche el guante a este saqueador profesional, ningún trabajo le costará al titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, encontrar evidencias de los atracos millonarios al erario que ha cometido este peligroso criminal dorado llamado José Rosas Aispuro Torres.