La gubernatura que viene
Juan Ángel Chávez Ramírez.
El inicio del gobierno de José Aispuro se vio ensombrecido por una deuda pública pesada y amenazante, gestada principalmente en las administraciones de sus antecesores Hernández Deras y Herrera Caldera.
Según se asienta en el Plan de Desarrollo presentado a la ciudadanía por Aispuro para orientar el rumbo y objetivos de su gestión, “…la deuda pública, directa e indirecta…”, alcanzaba un monto superior a los 14,000 millones de pesos al momento de su llegada al poder.
Esa referencia a lo directo o indirecto de la deuda pública, en realidad oculta dos hechos concretos: al término del gobierno de Guerrero Mier en 2004 la deuda púbica registrada en la SHCP ascendía a 2,592 millones de pesos, en tanto que para 2016, año de la llegada al gobierno de Aispuro, el débito se incrementó a 7,805 millones de pesos, según datos oficiales de un estudio realizado por los órganos técnicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2019.
¿De donde entonces proviene la diferencia entre esa cantidad (deuda directa) y el total superior a 14,000 millones declarado oficialmente por Aispuro?
Pues, presumiblemente, de lo que dieron en llamar deuda indirecta, es decir la que proviene de los contratos de Asociación Público-Privada, celebrados por Ismael Hernández Deras para la ejecución de 10 tramos carreteros y el tramo carretero Durango-Parral, que son, a final de cuentas, créditos que el gobierno estatal debe pagar irremisiblemente, toda vez que la noción de deuda pública se construye con el conjunto de obligaciones que mantiene el Estado, cualquiera que sea su origen.
La deuda pública se genera por el financiamiento solicitado por el Estado para solventar parte de su gasto corriente y, fundamentalmente, para financiar proyectos productivos de mediano y largo plazo; sin embargo, conforme las conclusiones del citado examen de la deuda pública de Durango, el financiamiento no está siendo un instrumento para el desarrollo de la Entidad, porque no incide en la creación de proyectos productivos, ni detona la actividad económica y la generación de empleos locales.
La propia Cámara de Diputados federal observa que el financiamiento local en 2019 llegó al 100.54% de sus flujos totales de participaciones, en tanto que el promedio nacional fue de 65.76%, por lo que concluye “…que sus finanzas (de Durango) están en situación de riesgo. Asimismo, el índice de participaciones/financiamiento (del Estado) supera el 100%, lo que confirma que sus finanzas están en riesgo”.
Esto es sumamente grave, porque el Estado compromete el flujo de participaciones federales como garantía de los empréstitos y obligaciones contingentes contraídas, lo que limita severamente su capacidad de incentivar el desarrollo económico y la generación de empleos, convirtiéndolo en un simple pagador del servicio de la deuda pública comprometida por administraciones anteriores.
Sólo por citar un dato anecdótico, y sin dejar de reconocer que los tiempos y la problemática son diferentes, recuerdo que la deuda pública dejada por el gobierno de Héctor Mayagoitia al final anticipado de su mandato en 1979, fue de 400 millones ¡de los viejos pesos!
Ahora bien (o mal), ante ese negro panorama, lo que Aispuro debió hacer al asumir la gubernatura era auditar minuciosamente el origen y destino del endeudamiento que le fue heredado, sobre todo para legitimar y dar sentido a su propuesta de campaña de combatir implacablemente la corrupción de sus antecesores.
En esas condiciones, resultaba imperativo exigir al gobierno saliente la información básica que documentara específicamente las cantidades contratadas, las instituciones que fondearon los créditos y las instancias gubernamentales que aprobaron su contratación, así como el destino que se asignó al financiamiento, con el propósito de dar inicio a los procesos de verificación de las obras realizadas y del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los ejecutantes de los proyectos a los que se destinó la deuda pública (directa e indirecta) declarada, no solo por la administración de Herrera Caldera, sino también por la de Hernández Deras.
Las indagatorias posteriores debieron orientarse a la revisión de los procedimientos de licitación, invitación a cuando menos tres contratistas o de asignación directa de las obras a que se destinó la deuda, así como a la verificación física, técnica y documental de que se cumplieron los requisitos de legalidad, calidad y especificaciones de las obras o servicios contratados con recursos provenientes del endeudamiento.
En ese mismo tenor, y cuando las obras realizadas hubieran implicado la compra de terrenos o predios o edificaciones aledaños a la carretera, vía de comunicación, centro de prestación de servicios a la comunidad, o cualquier tipo de destino de los créditos comprometidos, también se debieron revisar las épocas de adquisición y los nombres de los adquirentes de los predios, para verificar que no hubiera habido tráfico de influencias o uso indebido de información privilegiada por parte de servidores públicos o particulares vinculados con aquellos.
¿Por qué era esencial investigar la deuda pública? Porque, como decía un viejo presidente de la República: “haz obra que algo sobra”, lo que implícitamente significa que esa es una fuente latente de corrupción, que va desde el condicionamiento ilícito de las obras, el otorgamiento truculento de contratos, y los famosos moches o diezmos penosamente tradicionales, pasando por el engordamiento deliberado de los costos. Porque un proyecto productivo no es tan atractivo para dicha utilidad como los puentes urbanos, el hermoseamiento citadino, pavimentaciones epidérmicas, vialidades que no resuelven el problema de tránsito, etc.
Nada de aquello sucedió ni ha sucedido.
Increíblemente, los abogados del gobierno no han sido capaces de armar un solo expediente encaminado a llamar a cuentas a los corruptos; Durango califica actualmente como uno de los primeros lugares en corrupción; el gobierno contrató en 2020 un nuevo empréstito por 1,760 millones de pesos; la deuda se ha reestructurado, lo que equivale a patear el bote y el que venga a la próxima gubernatura que se las arregle como pueda.
Seguiremos escudriñando el mapa de riesgos que le presentaba a Aispuro la gubernatura, para dilucidar que tanto los hechos respaldan a las palabras.
(Artículo publicado en agosto de 2021).