Ruth Vázquez a la cárcel | SEDENA no avisó a Esteban Villegas que iban por el “G1” | ‘Castigado’ con prisión en casa por arrojar acido a una mujer

• Encarcelan a Ruth Vázquez, principal lugarteniente de Elvira Barrantes.
• Cayó el G1 y calló el gobernador de Durango.
• Prisión benévola para el agresor de la saxofonista Elena Ríos.

El sábado comenzaron a circular los rumores en las redes sociales y ayer el Fiscal Anticorrupción de Durango, Noel Díaz Rodríguez, a través de un video, confirmó la detención de la exdirectora de Administración de la secretaría de Salud, Ruth Vázquez, principal lugarteniente de Elvira Barrantes, la voraz esposa saqueadora del exmandatario panista José Rosas Aispuro Torres.

Bien por la detención, pero los cargos que se le imputan a Ruth Vázquez son por demás endebles, pues se le atribuye la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades por haber simulado compras por casi 4 millones de pesos.

Como se sabe, Ruth Vázquez fue el brazo derecho de Elvira Barrantes en los saqueos que se perpetraron en la secretaría de Salud durante el sexenio pasado, en el que se otorgaron contratos millonarios a empresas de familiares y amigos de la pareja virreinal, formadas al vapor. Una de esas empresas que inclusive ahora en el gobierno del priista Esteban Villegas goza de especial favoritismo es la denominada Servicios de Alimentación Vizcaya S.A. de C.V., que en su momento fue denunciada por trabajadores de la secretaría de Salud por abultar facturas y maltratar al personal de esta dependencia.

Hay evidencias de sobra para presumir que Ruth Vázquez sustrajo del erario duranguense mucho más que cuatro millones de pesos.

Como quiera que sea, esta detención y la del exsubsecretario de Egresos, Alberto Bustamante, no son suficientes pues aunque el Fiscal Anticorrupción detenga a más personajes estarán faltando los principales jefes de este cartel delictivo, que son, por supuesto, el exgobernador José Rosas Aispuro y su corrupta esposa, Elvira Barrantes.

Otros peces gordos que a estas alturas ya deberían ocupar una celda en el CERESO son el fugado exsecretario de Finanzas, Arturo Díaz; el extitular de la SEBISED, Jaime Rivas Loaiza; el exConsejero Jurídico, Galdino Torrecillas; el exsecretario de Educación, Rubén Calderón Luján y la exdirectora de Comunicación Social y actual regidora del municipio de Durango, Verónica Terrones, por lo que podemos decir que al Fiscal Anticorrupción y al gobierno del cantante desafinado Esteban Villegas todavía les falta muchísimo tramo por recorrer para que puedan decir que se le ha hecho justicia al pueblo de Durango.

El viernes pasado también cayó Gerardo Soberanes, alias “El G1”, operador financiero del Cartel de Sinaloa, en un operativo llevado a cabo por el Ejército mexicano. De acuerdo a medios nacionales, los altos mandos del Ejército decidieron no informar de este operativo al gobernador duranguense Esteban Villegas Villarreal ni a los titulares de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General “para que no se filtrara la información y fracasara el operativo”. Esta es la “confianza” que el Ejército mexicano y el gobierno federal le tienen al gobernador priista Esteban Villegas y a su gabinete de seguridad.

Por lo demás, el silencio del exporro de la UJED luego de la detención de este personaje ha sido más que evidente.

Y lo sucedido en Oaxaca este fin de semana simplemente no tiene nombre, pues el juez de marras llamado Teódulo Pacheco decidió otorgar prisión domiciliaria al feminicida Juan Antonio Vera Carrizal, el exdiputado priista que hace 4 años pagó para que un sicario atacara con ácido en la cara a la joven saxofonista María Elena Ríos.

Este caso inclusive ha trascendido las fronteras de nuestro país, pero eso no le importó al juez Teódulo Pacheco quien decidió sacar de la prisión al criminal exdiputado priista Juan Antonio Vera para enviarlo a la comodidad de su casa, basándose en el argumento del abogado defensor de esta escoria que expuso que su cliente “estaba muy enfermo”.

Ante esta aberrante injusticia estallaron las redes sociales a nivel nacional y se esperan reacciones enérgicas por parte de distintos bloques sociales. Al respecto, es reconocible la postura asumida por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz, quien de manera pública externó su desacuerdo hacia el Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño por considerar que la decisión del juez Teódulo Pacheco no fue apegada a derecho y que el agresor de María Elena Ríos debe regresar a prisión.

Es aquí donde los jueces, magistrados y consejeros de judicaturas de los poderes judiciales de las entidades federativas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben intervenir para realizar una autocrítica severa y limpieza inmediata de sus pésimos integrantes para no proyectar que la justicia en México se vende al mejor postor.

Hasta aquí nuestra Tarde de perros con exdirectoras de administración fraudulentas, peces gordos impunes, gobernadores silenciosos, feminicidas libres y jueces inescrupulosos.