El Congreso más corrupto de México
Fernando Miranda Servín.
El pueblo de Durango vive en uno de los estados más ricos de la nación en cuanto a recursos naturales, pero tiene la desgracia de padecer a la clase política más voraz del país.
Siempre ubicados en los últimos lugares de las estadísticas a nivel nacional en cuanto a generación de empleos, fomento económico y combate a la corrupción, los duranguenses han sido testigos eternos de los brutales saqueos que sexenio tras sexenio perpetran los mismos protagonistas que ya llevan por lo menos un cuarto de siglo cometiendo latrocinios con el erario y enriqueciéndose ilícitamente, sin que ninguna autoridad les haya impuesto jamás alguna sanción por los robos perpetrados.
En Durango domina una caquistocracia, tan rapaz que quienes han gobernado durante los últimos veinte años han adquirido deudas públicas y saqueado el erario dejando en la bancarrota total las finanzas del gobierno estatal.
La clase política duranguense, sin duda alguna, representa una carga muy pesada para los contribuyentes de todo el país.
En 2021, casi un tercio del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a Durango fue sustraído por el cartel político que gobernó esta entidad en el sexenio 2016-2022, pues la Auditoría Superior de la Federación detectó observaciones que ascienden a 8 mil millones de pesos, mismos que hasta la fecha no han sido justificados. Durango recibe un promedio de 30 mil millones anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, los responsables directos de estos saqueos brutales no han sido los gobernadores en turno y sus secretarios de despacho, sino los diputados locales del Congreso que legislatura tras legislatura han aprobado las cuentas públicas del gobierno estatal y han autorizado los créditos leoninos millonarios que los mandatarios han solicitado a las instituciones bancarias, créditos que han terminado en los bolsillos de unos cuantos y han hundido en la insolvencia económica al gobierno estatal.
En este contexto, sin lugar a dudas, las dos últimas legislaturas, la LXVIII y la actual, la LXIX, han sido las más corruptas en toda la historia de Durango.
En la LXVIII Legislatura (2018-2021) los partidos de “oposición”, Morena y PT, tuvieron mayoría; sin embargo, sus diputados actuaron como falanges del gobierno panista encabezado por el exmandatario saqueador José Rosas Aispuro Torres.
Fueron los diputados de “oposición”, Sandra Amaya, Pablo César Aguilar e Iván Gurrola los que ocuparon durante dos años la presidencia de la JUCOPO sin que le tocaran un pelo al exgobernador atracador José Aispuro Torres, permitiéndole hacer y deshacer el presupuesto estatal sin presentar una sola denuncia en su contra.
También, el actual gobernador priista, Esteban Villegas Villarreal, como diputado plurinominal formó parte de esta legislatura corrupta y presidió la JUCOPO durante un año, solapando y encubriendo las sustracciones ilegales del erario ejecutadas por Aispuro y sus cómplices.
Hoy sabemos, por boca del mismo exmandatario panista José Aispuro, que todos los diputados integrantes de la LXVIII Legislatura recibían dádivas millonarias a cambio de aprobar sin chistar todas las iniciativas y propuestas que el exgobernador ladrón les enviaba al Congreso.
Esta deleznable postura fue practicada por los diputados de “oposición” hasta el último minuto de esta legislatura, colaborando con una votación arreglada (recuérdese la repentina ausencia del recinto del Congreso de los exdiputados morenistas Iván Gurrola y Otniel García) para aprobarle a Aispuro la solicitud de un crédito bancario por más de 7 mil millones de pesos, endeudando todavía más al pueblo de Durango.
En la LXIX Legislatura (2021-2024), con mayoría de diputados del PRI y del PAN, las cosas no cambiaron nada, por el contrario, se agudizaron con la exoneración de la titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), Lourdes Mora, quien cometió violaciones graves a la ley al no auditar ni denunciar la infinidad de irregularidades y latrocinios cometidos por el exgobernador Aispuro Torres y sus secretarios de despacho.
Como se sabe, recientemente estos diputados del PRI y del PAN, comandados por el panista Alejandro Mojica Narváez como presidente de la JUCOPO, nombraron como titular de la EASE a la auditora carnala Diana Gaitán, exdirectora de Finanzas en el gobierno municipal de Durango, encabezado por el actual gobernador priista, Esteban Villegas Villarreal, en el trienio 2013-2016.
Este grotesco nombramiento fue apoyado entusiastamente por los diputados de “oposición” morenistas Sandra Amaya, Marisol Carrillo, Alejandra del Valle, Ofelia Rentería, Eduardo García, Bernabé Aguilar y Christian Alan Jean Esparza, y en los hechos representa una patente de corso para el gobernador corrupto priista Esteban Villegas Villarreal, quien puede disponer a su antojo de los recursos presupuestales de Durango sin temor a ser auditado ni mucho menos denunciado.
En el inicio de esta legislatura, con el priista Ricardo López Pescador como presidente de la JUCOPO, los diputados del Congreso duranguense fueron el instrumento para que el gobernador Esteban Villegas le metiera las manos en los bolsillos a los ciudadanos aprobando el cobro ilegal del replaqueo vehicular, que debía aplicarse hasta el año 2025. Con este atraco, los diputados del Congreso duranguense y el gobernador priista sanjuanero pretenden embolsarse por lo menos 2 mil millones de pesos.
Estos mismos diputados, desde diciembre del año pasado, sin informarle a la ciudadanía han venido autorizándole al gobernador de marras, Esteban Villegas, media docena de solicitudes de créditos bancarios que ya ascienden a más de 3 mil millones de pesos, sin que se sepa exactamente el destino de esos recursos.
En la actualidad, el Congreso de Durango es el que menos presupuesto destina para fiscalizar al gobierno estatal, municipios y órganos autónomos: solo 7 centavos por cada peso que gasta.
Este congreso recibe un presupuesto anual de más de 300 millones de pesos y más del 80% de sus gastos no los manifiesta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con todas estas facilidades para apoderarse del erario de manera ilícita y con las principales instituciones impartidoras de justicia bajo el control de este régimen caquistocrático, no sorprende ver repetidamente en el Registro Público de la Propiedad los nombres de estos diputados, exdiputados y sus testaferros, como un testimonio histórico que responde la pregunta del por qué el Congreso de Durango es el más corrupto de México.