La diputada más corrupta en la historia de Durango es morenista
De la redacción de razacero.
Como regidora panista en el municipio de Durango, en el trienio 2013-2016, su acto más trascendental fue el de haber plagiado el Reglamento Interno de la dirección de Protección Civil del municipio de Autlán, Jalisco, para presentarlo como suyo ante el Cabildo del Ayuntamiento de Durango.
Posteriormente, brincó al partido Encuentro Social, en el que militó una corta temporada para luego saltar en el 2018 al partido Morena, cuya franquicia adquirió en 2015 el exgobernador priista Jorge Herrera Caldera.
En las elecciones de 2018, con el boom lopezobradorista, Sandra Amaya obtiene una diputación en el Congreso de Durango, en el que de inmediato ocupó la presidencia de la JUCOPO en la LXVIII Legislatura.
Los resultados de su papel como diputada de “izquierda” y “opositora” al régimen panista encabezado por el exmandatario José Rosas Aispuro quedaron en evidencia con la ausencia de medidas legales que la diputada morenista jamás emprendió para impedir el brutal saqueo que perpetró “El Hombrecito de Tamazula”, cuyas observaciones a su administración practicadas por la Auditoría Superior de la Federación superaron los 8 mil millones de pesos.
Sandra Amaya, principalmente, y sus compañeros de bancada morenista, los expriistas Pablo César Aguilar, Iván Gurrola y Otniel García fueron totalmente complacientes y permisivos con el exmandatario panista Aispuro Torres, quien recientemente reveló en su círculo cercano haber entregado generosas dádivas a los diputados de esta legislatura, dádivas que llegaron a alcanzar hasta los 500 mil pesos para cada diputado cada vez que aprobaban alguna propuesta o iniciativa de ley que enviaba al Congreso.
Las revisiones de las Cuentas públicas realizadas en esa LXVIII Legislatura, en las que nunca hubo un solo servidor público denunciado por hacer malos manejos del erario, también revelan el alto grado de corrupción que practicaron Sandra Amaya y sus compañeros de partido: Pablo César Aguilar e Iván Gurrola, quienes también ocuparon la presidencia de la JUCOPO.
Al respecto, es preciso mencionar que el exdiputado plurinominal priista y actual gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, también fue presidente de la JUCOPO en esta LXVIII Legislatura y fue uno de los principales beneficiarios de la corrupción aispurista.
Ya encaramada en el Congreso duranguense, Sandra Amaya repite como diputada en la actual LXIX Legislatura, esta vez por la vía plurinominal pues luego del deplorable papel realizado ya era imposible que el electorado duranguense volviera a votar por ella.
Hoy, Sandra Amaya vuelve a ocupar la JUCOPO del Congreso de Durango en el último año de esta LXIX Legislatura y nuevamente está traicionando a los electores del partido Morena que votaron por esta opción política pensando que realmente sus diputados defenderían sus intereses en el Congreso duranguense.
Nuevamente la diputada morenista Sandra Amaya opera a favor del gobierno en turno. El sexenio pasado lo hizo con el panista José Aispuro Torres y hoy lo hace con el priista Esteban Villegas avalando los créditos millonarios que este mandatario ha solicitado a instituciones bancarias y que ascienden a por lo menos 3 mil 100 millones de pesos; respaldando el replaqueo ilegal impuesto a la ciudadanía; apoyando la burda imposición de la auditora carnala, Diana Gaitán, como titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, con el objetivo claro de que el mandatario priista pueda saquear el erario duranguense sin ningún temor a ser denunciado; aprobando la reforma a la Constitución duranguense que elimina la obligación del titular del Poder Ejecutivo estatal de presentarse ante el Congreso a rendir su informe de gobierno y a responder los cuestionamientos de los diputados.
En los hechos, la diputada morenista Sandra Amaya ha significado un auténtico y descomunal fraude electoral, pues los electores votaron por ella en 2018 y por su partido en 2021 pensando que realmente defendería sus intereses como diputada de izquierda, como opositora y contrapeso de los gobiernos del PAN, encabezado por José Rosas Aispuro, y del PRI, encabezado por Esteban Villegas.
Por el contrario, la legisladora de marras ha sido fiel comparsa de los últimos gobernadores corruptos de Durango y hoy, de acuerdo a graves revelaciones del diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda (que en los hechos ha asumido el papel de único diputado de oposición al régimen villeguista), a menos de una semana de haber asumido la presidencia de la JUCOPO, Sandra Amaya inmediatamente ha emprendido una depuración de trabajadores para incrustar en la nómina del Congreso a sus incondicionales y a recomendados de “poderes fácticos”.
La intervención abierta de “poderes fácticos” en el Congreso de Durango, bajo los auspicios de la diputada morenista-villeguista Sandra Amaya, debe poner en alerta no solo a las principales instituciones de seguridad pública del país, sino a la ciudadanía entera.
Así las cosas, este último año de la LXIX Legislatura el Congreso de Durango, con sus 400 millones de presupuesto, se convertirá en un jugoso botín para los morenistas encabezados por la diputada Sandra Amaya y para los recomendados de los “poderes fácticos”.