El gobernador bananero sigue endeudando a Durango | La senaduría de la discordia | Retazo con hueso

• El gobernador bananero sigue endeudando a Durango.
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Resulta que la “reingeniería financiera” que el gobernador bananero de Durango, Esteban Villegas, anunció al inicio de su sexenio “para mejorar la estabilidad económica del estado” consistió en contraer más y más deuda. Así, a la deuda de más de 3 mil millones de pesos adquirida en los primeros meses de su mandato, ahora el priista de marras le ha sumado recientemente tres créditos más que ascienden a mil 425 millones de pesos, con el banco Banobras.

Los diputados del Congreso, principalmente los de “oposición”, han autorizado este endeudamiento de manera dócil e irresponsable a cambio de las prebendas que mes tras mes reciben provenientes del gobierno estatal villeguista.

Mientras esto sucede, el exporro sanjuanero que dijo que no iba a encubrir a nadie, refiriéndose a los saqueos perpetrados por su antecesor panista José Rosas Aispuro, sigue protegiendo a este personaje nefasto y a su clan saqueador.

Uno de los más destacados integrantes del cartel aispurista es el exsubsecretario de Administración de la secretaría de Finanzas, Luis Ignacio Orrante, quien fungió como brazo derecho del ahora prófugo ex titular de Finanzas, Arturo Díaz Medina.

Luis Ignacio Orrante actualmente ocupa el cargo de director de Finanzas en el municipio de Durango, con el alcalde panista José Antonio Ochoa.

Esta semana trascendió que este protagonista podría ser requerido por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango. Orrante fue una de las piezas claves en la sustracción de cantidades enormes del erario durante el sexenio pasado y pertenece al círculo cercano del exmandatario Aispuro Torres, por lo que se ve difícil que la Fiscalía Anticorrupción duranguense lo consigne ante un juez para encarcelarlo por las fechorías que cometió, debido al pacto de impunidad establecido entre el exgobernador panista y el actual dictadorcillo priista local, Esteban Villegas.

En medio de todo esto, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI e IMSS, durante los últimos doce meses en Durango solo se han generado 2,755 empleos, ocupando esta entidad el penúltimo lugar a nivel nacional, solo después de Tamaulipas.

En los hechos, si el gobernador bananero priista, Esteban Villegas Villarreal, trabajara para una empresa particular ya habría sido despedido por sus nulos resultados.

Y una diputada que quiere trabajo nuevo, pero ahora como senadora, es la morenista-villeguista Sandra Amaya, quien prácticamente ya anda en campaña ante la molestia de no pocos legisladores del partido Morena.

Con un historial más que nefasto y manchado de corrupción, Sandra Amaya ha servido más a los intereses de los dos últimos gobernadores (Aispuro, del PAN, y Esteban Villegas, priista) que a los intereses de sus electores, por lo que se ve difícil que obtenga el boleto para ocupar un escaño en el Senado de la República, y más cuando hay otras opciones menos desalentadoras como la de la excandidata a la gubernatura y actual Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Durango, la lagunense Marina Vitela, quien obtuvo más de 200 mil votos en la pasada contienda electoral de junio de 2022.

Otra política del partido Morena en Durango que también aspira a la senaduría por la vía de la reelección es Margarita Valdéz, quien a pesar de sus yerros y notorios desatinos ha sido fiel a la 4T y no se le conocen actos de corrupción, entreguismo o servilismo, ni con el gobierno de Aispuro Torres ni en esta administración encabezada por el exporro estudiantil priista Esteban Villegas.

Cualquiera de estas dos exponentes morenistas haría un papel mucho más decoroso en el Senado de la República que la cuestionada diputada presidenta de la JUCOPO del Congreso duranguense, Sandra Amaya, quien, junto con su cónyuge, se han dedicado a coleccionar propiedades millonarias y lujosos vehículos.

Y no paran las desapariciones y asesinatos de jóvenes en nuestro país. Tanto en Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas continúan los homicidios, ya sea entre carteles de las drogas o del crimen organizado contra la población civil. La ausencia total de Estado de derecho en estas entidades no enciende las alarmas ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados. ¿Las razones? Toda la clase política anda preocupada y ocupada preparándose para la próxima campaña electoral de 2024. Hay que asegurar gubernaturas, cargos públicos, curules y escaños para seguir sustrayendo el erario y haciendo fortunas ilegales. Después de todo, seguimos siendo un país tristemente subdesarrollado y vergonzosamente electorero, en el que los gobernantes llegan al poder no para beneficiar a la ciudadanía sino para robar el erario, financiar las campañas electorales de sus partidos políticos y sostenerse en el poder manteniendo este círculo vicioso.

¿A quién le interesa terminar con el baño de sangre, la pobreza, las carencias institucionales y la ausencia de futuro que ahoga a nuestra juventud?

Hasta aquí nuestra Tarde de perros con gobernadores fracasados; diputadas venales y un país resquebrajado.