La mitad de la población carcelaria, en 27 de los 387 penales del país
Jaime Arizmendi.
El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS, por sus siglas en inglés), señala que en México están recluidas 254 mil personas en espacios diseñados para 199 mil; en sólo 27 de los 387 penales existentes se concentra más de la mitad de la población carcelaria nacional, lo cual demuestra que es necesaria una mejor distribución.
El grave problema que representa la sobrepoblación en el sistema penitenciario del país, impide la readaptación social de los reos, acusa Enrique Aubry de Castro Palomino, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, quien por ello previene: urge resolver el hacinamiento en los penales locales y federales.
El diputado ecologista alerta que atender esa problemática “es una de las acciones más urgentes para mejorar las condiciones en las prisiones del país, y emprender una profunda renovación del sistema penitenciario”. Así lo expone en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, remitido a comisiones legislativas para su dictaminación.
Llama a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de Readaptación Social estatales y federales, a establecer mecanismos de control que permitan el respeto irrestricto del derecho al no hacinamiento, a la salubridad y a otras condiciones materiales de reclusión óptimas.
Y que lograr efectividad en los programas de reinserción social, radica en resolver la sobrepoblación en las prisiones. “La vulneración de los derechos de los reclusos se extiende a distintas áreas, como la de trabajo, educación, alimentación, salud, familiar y recreación, entre otras, debido en buena parte al sobrecupo.
A pesar de que la población penitenciaria se ha duplicado, los mexicanos no se sienten más seguros, porque el sistema penitenciario no cumple con sus objetivos sociales y legales. Se deben generar políticas públicas que renueven el sistema, con atención y solución de la sobrepoblación, infraestructura, insuficiencia de recursos y personal penitenciario.
Refiere que para construir un sistema efectivo de reinserción social, se requiere respetar y seguir las recomendaciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Como hace décadas, las cárceles siguen siendo escuelas del delito; o, peor aún, bolsas de empleo de las bandas criminales…
(Argonmexico).