Trasladan a Tere Ochoa, activista del Frente Unido, al Cereso de Durango
JORGE ESPEJEL LOMAS
Habitantes y organizaciones civiles de la Comarca Lagunera denunciaron la detención de la activista Tere Ochoa, quien fue ingresada en las últimas horas al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 en la ciudad de Durango. Este arresto se suma a una serie de detenciones derivadas de los recientes conflictos en la comunidad de Abisinia, perteneciente al sector de Dinamita, donde grupos locales mantienen una movilización por derechos laborales y territoriales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial detallando los cargos específicos que enfrenta Ochoa. Representantes de las comunidades afectadas señalaron que se mantienen a la espera de información jurídica clara para determinar su situación legal, mientras hicieron un llamado a evitar la propagación de versiones no confirmadas sobre el caso.
Contexto del conflicto en Dinamita
La situación en la zona de Dinamita y Abisinia ha escalado tras diversos enfrentamientos que han dejado un saldo de personas detenidas y un fallecido. Según los reportes de las organizaciones de ejidatarios y trabajadores, actualmente se contabilizan 29 personas bajo custodia, incluyendo a Tere Ochoa, a quienes los colectivos califican como “presos políticos” debido a su participación en la defensa de derechos campesinos en el municipio de Gómez Palacio.
El movimiento social en la región también manifestó su pesar por el fallecimiento de Javier Mendoza, un integrante de la comunidad cuya muerte ocurrió en el marco de estos acontecimientos. Familiares y compañeros de Mendoza exigen el esclarecimiento de los hechos y justicia por lo que consideran una pérdida irreparable vinculada a la represión de la protesta social en la Comarca Lagunera.
Llamado a la unidad y resistencia civil
Los portavoces del movimiento enfatizaron que su lucha se centra en la protección de los derechos humanos y laborales de los campesinos de la región. En un pronunciamiento dirigido a los pueblos hermanos de Durango, negaron las acusaciones de criminalidad y defendieron su postura como una resistencia legítima de la comunidad contra abusos de autoridad y persecución política.
“No somos criminales, somos gente de pueblo que lucha por derechos laborales y por nuestros campesinos”, indicaron los representantes a través de sus canales de comunicación. Los colectivos han solicitado el apoyo de la sociedad civil y la intervención de organismos de derechos humanos para garantizar la integridad física de los detenidos y asegurar un proceso legal transparente que conduzca a su libertad inmediata.
(MN)