
Irregularidades y desconfianza ponen en riesgo el padrón de telefonía celular
JULIETA DEL RÍO
Pero no se trata de difusión, la sociedad requiere información de la seguridad con la que cuentan las compañías para registrar sus líneas, el tratamiento que le darán a sus datos

Hace días, en redes sociales, ciudadanos denunciaron que al momento de intentar vincular su línea aparecían hasta 11 números telefónicos a su nombre, números que no reconocían. Este tipo de casos enciende las alarmas y profundiza la desconfianza sobre el registro obligatorio de líneas celulares en México, que no sólo avanza con lentitud, sino que también resulta revelador.
Existe tanta desesperación por cumplir la meta que se anunció una estrategia de difusión en espacios públicos, como transporte y portales gubernamentales, para incentivar el registro y prevenir delitos como la extorsión; sin embargo, el registro sigue sin avanzar.
Pero no se trata de difusión, la sociedad requiere información de la seguridad con la que cuentan las compañías para registrar sus líneas, el tratamiento que le darán a sus datos. No necesita publicidad ni hostigamiento recordándote que debes de hacerlo antes del 30 de junio.
Millones de mexicanas y mexicanos enfrentan diariamente llamadas de extorsión, fraudes y mensajes engañosos, lo que ha convertido al teléfono celular en una herramienta de riesgo constante.
En este contexto, solicitar datos personales sin plena claridad sobre los mecanismos de resguardo, seguridad y responsabilidad en su tratamiento sólo incrementa la desconfianza. A ello se suma que la instancia encargada de esta función (antes en manos de un órgano autónomo como el INAI), mantiene un bajo perfil, operando con escasa visibilidad y generando un vacío de información sobre las medidas de protección.
A estas preocupaciones se suman fallas y vulnerabilidades detectadas desde el inicio del padrón, incluidos reportes sobre posibles filtraciones de datos personales. Además, especialistas han advertido que mecanismos como el uso de números virtuales permiten evadir el registro, lo que pone en duda su efectividad como herramienta de seguridad.
Es clara la ausencia de una autoridad sólida, visible y confiable en materia de protección de datos personales. Sin supervisión efectiva ni sanciones claras, cualquier política basada en la recolección masiva de información enfrenta un déficit de legitimidad.
La autoridad debe transparentar sus procesos, establecer controles independientes y demostrar con hechos que los datos estarán protegidos. De lo contrario, no será una meta alcanzada, sino la confirmación de una brecha de confianza que continúa ampliándose.
La fecha límite establecida por la comisión es el 30 de junio. Aún hay tiempo para exigir a las compañías telefónicas información clara sobre avisos de privacidad, medidas de seguridad y responsabilidades ante posibles vulneraciones. Sin embargo, resulta difícil pensar que se cumplirá la meta. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué hará la autoridad reguladora? ¿Será capaz de dejar sin servicio a más de 100 millones de líneas?
Incluso, ya personas físicas y asociaciones civiles han promovido amparos contra esta obligación.
Ningún registro será eficaz si quienes deben integrarlo no confían en él. Es indispensable replantear la estrategia, transparentar todo el proceso y, sobre todo, aclarar las posibles exposiciones masivas de datos evidenciadas en denuncias donde un solo ciudadano aparece con múltiples líneas registradas, sin contar los miles de casos que aún no se han hecho públicos.
(El Heraldo)
