El narcopriista Esteban Villegas debe ser extraditado, junto con los narcogobernadores morenistas
- El narcopriista Esteban Villegas debe ser extraditado, junto con los narcogobernadores morenistas.
La defensa a ultranza que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum del narcogobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico y tenencia ilícita de armas, ha indignado a millones de mexicanos que nos negamos a ser “gobernados” por un narcoEstado.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con su “política” de “abrazos no balazos” quedó sobreentendido que este exmandatario rufián había hecho pactos inconfesables con el crimen organizado para permitirle hacer y deshacer a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Esos pactos, por lo que se ve, fueron heredables a la administración de Claudia Sheinbaum, pero no contemplaron solamente la impunidad de los narcogobernadores morenistas, sino también incluyeron la intocabilidad de un narcopriista: Esteban Villegas Villarreal.
El narcoporro tricolor Esteban Villegas obtiene la gubernatura de Durango el 4 de junio de 2022, financiado por el capo Ismael “El Mayo” Zambada, con el visto bueno del entonces presidente López Obrador, quien traicionó a su misma correligionaria de partido, la morenista Marina Vitela, excandidata a la gubernatura de esta entidad norteña, cuyos operadores de campaña fueron “levantados” el día de las votaciones. Así, Marina Vitela “perdió” las elecciones por un margen descabellado de 100 mil votos.
Lo que ha sucedido con el estado de Durango a partir del 15 de septiembre de 2022, día en que el narcogobernador priista Esteban Villegas tomó posesión de su cargo, ha sido catastrófico para la ciudadanía, pues además de poner las instituciones más sensibles (Seguridad, Procuración de justicia, Poder Judicial y Finanzas) en manos del crimen organizado, impuso como titulares de las secretarías y direcciones más importantes a compadres y amigos inescrupulosos, cuyo único objetivo ha sido saquear el erario a manos llenas, de manera más que descarada.
Así las cosas, bajo este régimen mafiócrata interponer denuncias contra estos servidores públicos impresentables es un acto infructuoso (yo he interpuesto una docena de denuncias con pruebas documentales y ninguna ha procedido; todas las tiene archivadas el corrupto titular de la Fiscalía Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, vinculado al crimen organizado).
Hoy, los resultados saltan a la vista pues Durango está mucho más rezagado que nunca, con un desempleo brutal; con inversiones extranjeras que solo existen en el discurso del narcogobernador “gigante”; con su industria de la construcción colapsada y ubicado como uno de los estados con menor Actividad Económica Estatal en la República mexicana.
Los jóvenes siguen huyendo de Durango para buscar mejores condiciones de vida, mientras el presupuesto estatal, más de 45 mil millones de pesos anuales, se va en pago de nóminas; en contratos millonarios para financiar empresas ligadas al crimen organizado; en contratos megainflados para adquisición de despensas para los más necesitados y en contratos ilegales que funcionarios cercanos al narcogobernador otorgan abiertamente a sus familiares, sin ser sancionados por la titular de la secretaría de la Contraloría, la corrupta Isolda del Rosario González Cisneros.
Es por demás decir que los nexos del narcogobernador priista Esteban Villegas con el crimen organizado ya han sido expuestos y documentados por prestigiados periodistas de medios nacionales especializados en la materia, como la directora de Narcosistema, Anabel Hernández, y el director de Narcopoliticos.com, Miguel Meza. En los últimos meses otros importantes periodistas a nivel nacional, como Óscar Balderas, de Milenio; Salvador García Soto, de El Universal, y Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, han exhibido a este narcopolítico por sus vínculos con el crimen organizado y sus graves omisiones que han dejado al descubierto la ingobernabilidad que padece Durango y el control que grupos delincuenciales tienen sobre el Poder Judicial.
Todo este cargamento de evidencias es imposible que no haya sido registrado por el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch; por la secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Isela Rodriguez; por la Guardia Nacional, dependiente de la secretaría de la Defensa; y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de Marcela Figueroa. Y por supuesto que todas esas evidencias ya deben formar parte de algunos expedientes de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos.
No actuar en contra de un narcopolítico tan señalado es un acto de complicidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, como en el que incurrió con el narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros narcogobernadores morenistas.
Por eso resulta ocioso que millones de ciudadanos le exijamos a Claudia Sheinbaum que asuma su papel de presidenta de todos los mexicanos y aplique la ley de manera enérgica a estos narcogobernadores, pues ya estamos viendo con el caso Rocha Moya que por razones inconfesables no lo va a hacer por voluntad propia.
Hay muchos, muchísimos mexicanos que jamás nos imaginamos tener que pedirle al gobierno estadounidense que solicite o exija la extradición de narcogobernadores perniciosos que le han hecho mucho daño a nuestro país y al suyo, porque quizá guardábamos una poca de esperanza en que la presidenta Claudia Sheinbaum haría lo correcto, pero ese momento ha llegado. Claudia Sheinbaum nos ha decepcionado. Urge que el gobierno norteamericano solicite la extradición inmediata de los narcogobernadores morenistas, incluyendo, por supuesto, al narcogobernador priista Esteban Villegas Villarreal.
Hasta aquí nuestra Tarde de Perros con narcogobernadores criminales protegidos por la presidenta Sheinbaum.