La fe mueve montañas y entierra investigaciones
Juan Carlos Romero Puga
Lo que las autoridades en México han decidido archivar cabría en 1100 páginas de horror meticulosamente documentadas. Como ya es público, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en la investigación contra los líderes de la iglesia de La Luz del Mundo por trata de personas, explotación sexual y delincuencia organizada.
La investigación, iniciada en 2019 a raíz de las denuncias de las sobrevivientes Sóchil Martin y Sharim Guzmán, contenía elementos que en cualquier otro país habrían bastado para desmantelar una estructura criminal de primer orden: testimonios de víctimas, rutas de dinero hacia paraísos fiscales, un hospital donde se practicaban abortos a menores de edad abusadas y un brazo paramilitar que entrenaba en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En México, sin embargo, todo esto ha merecido irse a un cajón cerrado con llave y una promesa presidencial de ser revisado, que por ahora, no ha pasado de ser un gesto mediático. Similar a aquella frase tras su toma de posesión de “no llego sola, llegamos todas”.
El contraste con Estados Unidos es tan abismal que resulta vergonzoso. Mientras la FGR decidió que no hay delito que perseguir, Naasón Joaquín García cumple una condena de dieciséis años y ocho meses de prisión en California tras ser demostrado con evidencia el abuso sexual de tres menores. Más aún, la historia no quedó ahí, en septiembre de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense le imputó nuevos cargos por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Esta acusación adicional describe cómo la cúpula de la iglesia utilizó durante décadas su estructura para abusar de forma sistemática de niñas, niños y mujeres.
De acuerdo con la fiscalía general con sede en Nueva York, Naasón y sus cómplices “aprovecharon la estructura e influencia de la iglesia para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de menores”, además de ordenar la producción de pornografía infantil para su satisfacción personal. La investigación estadounidense involucra a “decenas de víctimas” y ha solicitado la extradición de al menos tres sospechosos mexicanos que se encuentran prófugos.
La pregunta inevitable es cómo una organización con este historial delictivo ha logrado esquivar a la justicia mexicana durante casi un siglo. La respuesta parece tener nombre y apellido: poder político. La Luz del Mundo cuenta hoy con una representación parlamentaria que envidiaría cualquier partido emergente. En las filas de Morena militan el senador Emmanuel Reyes Carmona, fundador de la corriente “Humanismo Mexicano”, considerada un como un moderno brazo político de la secta; además está el diputado federal Favio Castellanos Polanco y Hamlet García Almaguer, consejero nacional del partido guinda.
A ellos se suma el exsenador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Rogelio Israel Zamora Guzmán, cuya familia ha sido señalada como operadora financiera de la organización religiosa. La propia denuncia presentada ante la FGR por las víctimas menciona explícitamente a estos personajes como parte de una red que ha facilitado “estrategias de lavado de dinero y protección política” a los jerarcas de la iglesia.
Un menor abusado, un puesto público, un escalón al cielo
El clientelismo electoral de La Luz del Mundo no es un rumor de pasillo, sino un mecanismo aceitado que ha operado impunemente durante décadas. La relevancia electoral de la iglesia radica en su capacidad de operar como un bloque corporativo de votantes, altamente disciplinado y cohesionado bajo una estructura jerárquica. La investigadora Reneé de la Torre ha hecho un amplio trabajo de campo que explica cómo la organización no sólo moviliza a sus fieles como una comunidad religiosa, sino que ha desarrollado una identidad política capaz de negociar con diversos partidos. Esto convierte al grupo religioso en un actor político capaz de ofrecer una base social cautiva y leal, a cambio de beneficios para su liderazgo.
Esta capacidad de control sobre la voluntad colectiva de sus miembros, sumada a su presencia estratégica en regiones clave, le ha permitido influir directamente en varias elecciones. Así, el grupo se consolidó como un aliado indispensable para los políticos que buscan asegurar triunfos. La lealtad de los creyentes, que antes era exclusiva del PRI, ha cambiado con los años y la alternancia en el poder.
Por ejemplo, en el municipio poblano de Amozoc, la familia De la Rosa, dueña del poder político local desde hace años, ha sido acusada repetidamente de inflar las urnas con miles de votos de fieles de la congregación, mediante un padrón de votantes que incluye a personas que ni siquiera residen en la localidad.
Según un reportaje de Status Puebla, la iglesia cuenta con más de 188 mil fieles en el país, “suficientes para inclinar la balanza a favor de algún candidato en un escenario reñido de competencia electoral”. En las elecciones de 2021, al menos 20 pastores de la organización fueron postulados a cargos de elección popular: quince por Morena, tres por Movimiento Ciudadano y dos por el PVEM.
El trueque es tan simple como siniestro: votos y diezmos a cambio de impunidad. Y mientras los partidos se reparten el botín electoral, las víctimas de abuso sexual infantil siguen esperando que alguien en México se atreva a tomar en serio el expediente que la Fiscalía decidió ignorar.
Como si la red de complicidades no fuera ya lo suficientemente densa, las víctimas han exhibido recientemente un contrato que vincula a Canal Once, emisora pública del Instituto Politécnico Nacional, con el morenista Hamlet García Almaguer para “conducir y transmitir mensajes informativos, realizar entrevistas y sintetizar información”, con un pago de 9,000 pesos por programa.
Si bien pareciera sólo un contrato por un espacio de opinión, en realidad es la constatación de que los espacios de la autodenominada 4T, desde el Legislativo hasta los medios públicos, han sido ocupados por una organización cuyos líderes enfrentan cargos por múltiples crímenes en tribunales extranjeros. La pregunta que sobrevuela todo este entramado es ¿hasta dónde llega la protección política a la élite depredadora de este grupo? ¿Cuántos funcionarios han recibido como pago el apoyo electoral o financiero de una iglesia que, según el Departamento de Justicia estadounidense, funciona como una organización criminal transnacional?
El dinero de Dios y la ceguera de Hacienda
Si el brazo político de La Luz del Mundo ha operado con una eficacia envidiable, el financiero no se queda atrás. En diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia y su líder por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos fiscales. Las investigaciones consideraban que la organización, constituida como asociación religiosa sin fines de lucro, realizaba “actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos” que no correspondían a su naturaleza legal.
Entre las operaciones detectadas figuraban transferencias internacionales a países clasificados como paraísos fiscales, compra de vehículos blindados, adquisiciones de inmuebles por debajo de su valor de mercado y pagos millonarios a tarjetas de crédito. En total, la UIF bloqueó seis cuentas bancarias de la iglesia que acumulaban 356 millones de pesos. Cinco años después, la FGR ha decidido que no hay nada que investigar. Las denuncias de la UIF duermen el mismo sueño burocrático que los testimonios de las víctimas.
Un destino similar enfrenta el caso del hospital Siloé. Este hospital condensa como pocos elementos la magnitud del horror que México ha decidido archivar. La tarde del 26 de junio de 2019, tres agentes de la extinta Policía Federal se estacionaron frente al hospital privado Siloé de Guadalajara. Fotografiaron el inmueble desde su auto y se marcharon. Nunca entraron. Según los testimonios recabados por la investigación, en ese hospital, que forma parte de la red de La Luz del Mundo, se practicaban abortos a las menores que quedaban embarazadas tras ser abusadas por el apóstol y su círculo cercano.
La información consta en la página 617 del tomo 1 del expediente que la FGR ha enviado al olvido. También constan los nombres de los “guaruras” (los guardias) que participaban en la selección y traslado de las víctimas. Son los mismos que formaban parte de la “guardia secreta” de la iglesia. De ellos, 38 integrantes fueron detenidos en septiembre de 2025 en Vista Hermosa, Michoacán, mientras recibían entrenamiento paramilitar.
La FGR tenía sobre la mesa la ruta completa: el abuso sexual, el aborto forzado, el lavado de dinero y la infiltración política. Sin embargo, decidió, con una firma y un sello, que todo eso no era suficiente.
El único castigo tangible que México ha impuesto a los líderes de La Luz del Mundo es la cancelación del registro de Naasón como ministro de culto. Un castigo tan impresionante como ponerle un taparrabos a una ballena. Mientras tanto, sus incondicionales siguen legislando en el Congreso, participando en medios públicos y movilizando votos para quien ofrezca la mejor tajada de impunidad.
El carpetazo de la FGR, lejos de ser un error procesal, es la culminación lógica de un pacto no escrito: la conveniencia electoral de millones de fieles de la iglesia a cambio de una justicia que mira para otro lado. Y así, mientras Estados Unidos construye un caso de crimen organizado que podría llevar a Naasón a cadena perpetua, México archiva el horror con la misma diligencia con la que se guarda un recibo de luz vencido. Lo que la FGR está desechando es la dignidad de las víctimas, la credibilidad de la procuración de justicia y, de paso, la certeza de que en este país la fe todavía mueve montañas y carpetas de investigación.
Juan Carlos Romero Puga
Periodista, analista en asuntos públicos con experiencia en temas de derechos humanos y diversidad religiosa.
(nexos)