A pesar de haberse cumplido con los principios de equidad informativa, la abogada acudió ante las autoridades para exigir medidas de protección de emergencia bajo el argumento de que había sido víctima de “violencia” por la difusión del material. El juez a cargo otorgó los conceptos con una celeridad sospechosa, imponiendo restricciones que prohíben al reportero transmitir cualquier información sobre ella en televisión, radio o redes sociales, incluso bloqueando su derecho a informar sobre la propia notificación judicial.

Un precedente peligroso para la libertad de los ciudadanos

El asedio judicial en contra de Irving Pineda busca sentar un peligroso precedente donde cualquier inconformidad con una nota periodística sea castigada con la cárcel o con demandas por reparación de daño monetario, brincándose las vías civiles para llevar el debate al terreno de la persecución criminal. “Estoy preocupado, no tengo miedo porque no he cometido ningún delito. Lo único que hice fue difundir una noticia y dar el derecho de réplica… Lo que me preocupa es que esto llegue a más personas y que cualquier ciudadano común, porque a alguien con muchísima influencia no le guste algo, lo citen a una audiencia en un reclusorio. Eso se llama intimidación y coartar la libertad”, advirtió Pineda ante el citatorio fijado para este miércoles.

Este caso enciende las alertas sobre el uso faccioso del sistema judicial para proteger a personajes vinculados al poder político. Intentar “matar al mensajero” en lugar de investigar las evidencias de maltrato animal expone los primeros tintes de una censura descarada en el país, donde el tráfico de influencias se convierte en el arma principal del régimen para amedrentar a periodistas y ciudadanos que utilizan las plataformas digitales para denunciar abusos.