Corrupción: el mal que no se combate debilitando a quienes vigilan
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Cuando la contratación pública se concentra y no existe competencia suficiente, no solamente debemos preguntarnos quién obtiene los contratos, sino quiénes quedan fuera y qué impacto tiene eso en las economías locales. La opinión de @JulietDelrio
Seamos objetivos. Hay señales que saltan por todos lados y preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder.
Aparecen nombres, empresas, redes de proveedores y posibles vínculos que han sido señalados públicamente alrededor de contratos y negocios en distintos sectores. Mientras tanto, cientos de constructores, empresarios y proveedores se preguntan por qué las oportunidades parecen concentrarse en unos cuantos.
Y esto también tiene consecuencias económicas. Cuando la contratación pública se concentra y no existe competencia suficiente, no solamente debemos preguntarnos quién obtiene los contratos, sino quiénes quedan fuera y qué impacto tiene eso en las economías locales.
Hablemos, por ejemplo, del balasto utilizado para los trenes. Cómo olvidar los recursos que llegaban al INAI ante negativas de entregar nombres, contratos y montos relacionados con proyectos emblemáticos.
La sociedad, periodistas y organizaciones solicitaban información sobre proveedores y contrataciones y, frente a las negativas, ahí estaba el INAI para ordenar, cuando legalmente correspondía, que esa información fuera entregada.
CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2025.- A dos días de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, trabajadores, tomaron los accesos al edificio sede y por momentos bloquearon Avenida de los insurgentes, los inconformes exigen certeza laboral tras la desaparición del INAI.
También hemos conocido cuestionamientos sobre medicamentos adquiridos a empresas de reciente creación o con antecedentes que han generado dudas y que terminaron participando en contrataciones millonarias del sector salud.
¿Qué decir de Segalmex? Uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia reciente. Y aquí existe algo todavía más delicado: hablamos de recursos destinados a la alimentación y al bienestar de millones de mexicanos.
La corrupción no solamente se mide en pesos: también en medicamentos que no llegan, obras que cuestan más, servicios deficientes y oportunidades que se pierden.
Y aparecen también personajes y empresas vinculados con entretenimiento, espectáculos, grandes eventos y servicios contratados reiteradamente por distintos niveles de gobierno.
La pregunta es inevitable: ¿cómo combatir la desigualdad si los grandes contratos públicos terminan concentrándose una y otra vez alrededor de los mismos grupos?
Si una empresa, una persona o una red de intereses aparece alrededor de medicamentos, obras emblemáticas, materiales para trenes, eventos u otros negocios financiados con recursos públicos, lo mínimo que debemos exigir es transparencia e investigación.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de revisar contratos, conocer montos y beneficiarios, identificar posibles conflictos de interés y, si existen irregularidades o delitos, sancionarlos.
Porque esa información es pública y pertenece a la sociedad.
Y los datos confirman que la corrupción sigue siendo un problema que está lejos de resolverse. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción, mientras 15.6% de quienes realizaron trámites, pagos, solicitaron servicios o tuvieron contacto con alguna autoridad experimentaron actos de corrupción. El costo estimado fue de 17 mil 707 millones de pesos durante 2025.
Más preocupante todavía; ese costo aumentó 48.7% respecto de 2023, de acuerdo con la misma encuesta.
Entonces, ¿podemos afirmar que el problema está resuelto?
Ese es precisamente el abuso de poder al que me he referido a partir del mensaje de la presidenta. El problema no es solamente quién gobierna, sino qué sucede cuando quienes ejercen el poder concentran también la capacidad de contratar, decidir, investigar y controlar la información que permitiría vigilarlos.
¿Y qué estamos haciendo frente a todo esto?
¿Emitir periódicamente boletines de sanciones menores mientras los grandes casos siguen esperando respuestas? Porque existen investigaciones y cuestionamientos sobre posibles redes de intereses en distintos sectores y sobre la eventual participación de servidores públicos.
Investigar no significa acusar. Investigar significa que nadie debe estar por encima de la ley.
La corrupción es un mal que aqueja a México desde hace décadas. No nació ayer ni pertenece exclusivamente a un partido político. Hay casos emblemáticos prácticamente en todos los gobiernos. Y sí, también hay que reconocer cuando una administración investiga y sanciona a funcionarios o gobernantes.
Pero una cosa es reconocerlo y otra muy distinta cerrar los ojos frente a lo que ocurre hoy.
Todos los días surgen preguntas sobre contrataciones, posibles triangulaciones y redes de intereses en salud, seguridad, construcción, proyectos petroleros y obras emblemáticas.
¿Quién investiga? ¿Quién vigila? ¿Quién garantiza que la información llegue a los ciudadanos? ¿Quién sanciona cuando existen irregularidades?
Ahí está uno de los grandes problemas de esta nueva etapa institucional.
México desapareció instituciones que tenían entre sus funciones precisamente vigilar, transparentar y poner límites al poder. El INAI desapareció y con él se perdió una institución autónoma que, con todas sus áreas de oportunidad, podía ordenar a las autoridades entregar información y daba a ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones una herramienta para conocer y cuestionar las decisiones gubernamentales.
Su sustituto no puede convertirse simplemente en una oficina subordinada al mismo poder que debe vigilar.
La historia puede repetirse en otras instituciones. Tenemos un Tribunal Electoral con vacantes y debemos preguntarnos cuándo y cómo serán cubiertas. Ya vivimos en el INAI las consecuencias de dejar puestos sin nombramientos hasta comprometer el funcionamiento de una institución. No deberíamos repetir la historia.
Y tenemos un Instituto Nacional Electoral que parece dedicar cada vez mayor atención a expresiones y ciudadanos, mientras frente a sus ojos aparecen actos anticipados, eventos y movimientos políticos que todos podemos observar.
No necesitamos llenar el país de nuevas leyes. Necesitamos que las que ya existen se cumplan y que las instituciones encargadas de aplicarlas tengan independencia, capacidad y voluntad para hacerlo.
Por eso tampoco debería sorprender la baja participación ciudadana en mesas que pretenden presentarse como ejercicios de parlamento abierto o gobierno abierto.
¿Para qué participar si las propuestas terminan archivadas?
En materia de transparencia, lo digo con conocimiento de causa: participé en ejercicios, entregamos análisis y propuestas junto con especialistas reconocidos y muchas veces simplemente no fueron considerados.
La sociedad deja de participar cuando deja de confiar en que su opinión tendrá consecuencias.
Y aquí está la gran contradicción: mientras se habla de honestidad, austeridad, transformación y combate a la corrupción, se debilitan o desaparecen instituciones que permitían a los ciudadanos saber qué hace el poder, cuánto gasta, a quién contrata y con quién hace negocios.
La presidenta ha dicho que los cargos no son eternos. Tiene razón.
Los cargos pasan. Los gobiernos pasan. Los partidos pasan. Pero los documentos permanecen, las decisiones dejan huella y las responsabilidades pueden alcanzar a quienes ejercieron el poder muchos años después. La historia reciente de México nos lo demuestra.
Por eso los hechos importan más que los discursos.
Y quizá dentro de algunos años muchos de quienes hoy toman decisiones tendrán que responder una pregunta muy sencilla: ¿Qué hicieron cuando tuvieron el poder para combatir la corrupción: la enfrentaron fortaleciendo los controles y la transparencia, o simplemente cambiaron a quienes tenían el control?
(Eme Equis)