Jueza del Poder Judicial de Durango protege a hijo de exsecretario General de Gobierno aispurista, para que no pague pensión alimenticia
De la redacción de razacero
En entrevista exclusiva para razacero, el abogado Alejandro Acosta Nájera, revela actos de corrupción inaceptables perpetrados por la jueza Ivonne Olivia González Hernández, titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango; actos que lesionan los intereses de una menor de edad.
“El día tres de agosto de dos mil veintiséis, presenté una demanda en la vía de Controversia del Orden Familiar, a fin de que se obtuviera una pensión alimenticia provisional y la guarda y custodia de una menor; desafortunadamente, le correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto de lo Familiar, del cual es titular la Licenciada Ivonne Olivia González Hernández, y digo desafortunadamente porque esta jueza no atendió el interés superior de la menor por la que se le solicita una pensión alimenticia, ya que de manera irresponsable omitió dictar la medida cautelar de pensión alimenticia, atendiendo a intereses políticos, económicos o sociales, pues el demandado es Adrián Alanís Curiel, hijo de un “prestigiado” y conocido político local, así lo demuestra el auto de fecha trece de agosto del año en curso”, denuncia el abogado Alejandro Acosta Nájera, haciendo alusión al exsecretario General de Gobierno durante el sexenio de José Aispuro Torres, Adrián Alanís Quiñones.
El abogado Alejandro Acosta Nájera detalla las graves anomalías en las que está incurriendo la jueza Ivonne Olivia González Hernández y que perjudican directamente a la menor de edad: “La ley y criterios federales son claros al determinar que se fije la pensión alimenticia provisional para una menor, sin la audiencia del deudor, pero la Jueza Cuarta de lo Familiar, atendiendo instrucciones o conociendo al demando o al padre de este, se abstuvo de pronunciarse al respecto, como es su obligación, ello en franca violación de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, establecen de manera clara en protección a los menores de edad, con tal de que no se lastime en lo económico o en alguna otra forma al demandado, Adrián Alanís Curiel, dicho sea de paso a quien ‘no ha podido’ emplazar a juicio”, manifiesta el abogado Acosta Nájera.
Ante este flagrante atropello a los derechos más elementales de la menor de edad, el abogado Alejandro Acosta señala: “Acudiremos a las instancias correspondientes a fin de que no se violenten más los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por juzgadores sin escrúpulos, que atienden solamente su propio interés o intereses de terceros que tienen la obligación moral y legal de cubrir las necesidades de sus menores hijos, pero se escudan en un Poder Judicial que está en decadencia precisamente por atender otros intereses, menos los de los justiciables”, finalizó.
Este es solo uno entre muchos casos que suceden en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y que no se dan a conocer. El combate a la corrupción extrema de algunos jueces y magistrados sin duda alguna es una tarea que debe llevar a cabo inmediatamente la nueva presidenta del Poder Judicial duranguense, Iliana Angélica Alvarado Salinas, y el Tribunal de Disciplina Judicial, a reserva de que este tipo de prácticas sigan erosionando la credibilidad y el poco prestigio que le queda a esta institución.