Viento en popa, la narcocracia duranguense | Fernando Gamero, juez en el Poder Judicial y presidente del DIF en Nuevo Ideal
- Viento en popa, la narcocracia duranguense.
- Fernando Gamero, juez en el Poder Judicial y presidente del DIF en Nuevo Ideal.
La semana pasada se llevaron a cabo las comparecencias de los titulares de las secretarías y organismos “autónomos” del gobierno del estado de Durango, dentro de la glosa del Cuarto “Informe de Gobierno” del narcogobernador priista Esteban Villegas.
Como en los anteriores años, estas “comparecencias” fueron de trámite, sin cuestionamientos serios por parte de los diputados del NarcoCongreso duranguense.
En este NarcoCongreso, 24 de sus 25 diputados tienen compromisos económicos con el narcogobernador malandro priista, lo que les impide desempeñar las funciones que les fueron conferidas por sus electores.
Así, la única voz discordante en estas “comparecencias” fue la de la diputada morenista Georgina Solorio, quien entre sus intervenciones más sobresalientes puso en evidencia a la Fiscal General, la corruptísima Sonia Yadira de la Garza, en cuanto al papel que ha protagonizado como brazo ejecutor de la represión que el narcogobernador priista Esteban Villegas ha ejercido sobre los 29 presos políticos de Dinamita, Gómez Palacio, que hasta la fecha continúan recluidos en el CERESO Núm. 1 de Durango, por haber protestado contra los despidos injustificados de la empresa minera marmolera Sotomex.
A estos 29 ciudadanos, esta “fiscal” (vinculada al crimen organizado), los responsabilizó de delitos como ataques a las vías de comunicación y transporte, robo equiparado, asociación delictuosa, extorsión y privación de la libertad.
Solo la diputada Georgina Solorio llamó la atención sobre esta injusticia perpetrada por el narcogobernador Villegas, mientras los otros 24 diputados guardaron silencio sumiso.
Así las cosas, por la tribuna del NarcoCongreso de Durango desfiló el equipo de sátrapas que conforman el gabinete del gobernador malandro Esteban Villegas y ninguno de los 24 diputados los tocó ni con el pétalo de una rosa, pues, como se sabe, este no es un ejercicio democrático ya que con antelación los diputados corruptos del NarcoCongreso pactan acuerdos con el gabinete encabezado por el narcomandatario priista para realizar preguntas a modo, tanto a los secretarios de los despachos estatales como a los titulares de los organismos “autónomos”.
Por ahí estuvo el corrupto nepotista titular de Salud, Moisés Nájera, a quien no cuestionaron severamente por el desabasto de medicinas y la pésima atención que dan a la ciudadanía en el Hospital 450, en donde, de acuerdo a testimonios de trabajadores inconformes, tratan con la punta del pie a indígenas que a duras penas llegan de algún municipio para ser atendidos de sus padecimientos, “pero si se trata de personas heridas por armas de fuego inmediatamente son atendidas porque así lo ha ordenado el gobernador”.
Tampoco para el expresidiario titular de Educación, Guillermo Adame Calderón, hubo cuestionamientos duros por sus más que notorios actos de ineptitud y corrupción que han provocado el cierre de infinidad de escuelas por parte de padres de familia, indignados por la falta de profesores. Como se sabe, este sátrapa local inventó la Zona Escolar Núm. 88 exclusivamente para designar a su amiga íntima, Vianey Socorro Escalante Estrada, como supervisora de esta zona; sin embargo, ningún diputado se preocupó por cuestionarlo sobre estos actos de incompetencia y corrupción.
Al más que impresentable secretario de Finanzas, Franklin Corlay, los diputados del NarcoCongreso lo tuvieron de frente y para nada le reclamaron los saqueos que ha estado perpetrando al erario con su equipo de contadores foráneos. A este rufián, tampoco lo cuestionaron sobre los motivos por los cuales no les paga sus facturas a cientos de proveedores duranguenses, muchos de los cuales han tenido que cerrar sus empresas por haber quebrado.
Fernando Rosas Palafox, el “brillante” secretario de Desarrollo Económico, tampoco fue interrogado por sus raquíticos resultados que tienen al estado de Durango con cero crecimiento económico.
El narcosecretario de Seguridad, Óscar Galván, tampoco fue increpado por haber habilitado esta entidad como refugio del crimen organizado y consentir o proteger el libre tránsito por territorio duranguense de más de 300 vehículos con reporte de robo que han sido asegurados por elementos de élite del Ejército Mexicano, desde mediados de junio pasado a la fecha.
El “fiscal anticorrupción”, Noel Díaz, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCED), también fue tratado con mucha suavidad a pesar de ser uno de los principales facilitadores de la corrupción, junto con la titular de la secretaría de Contraloría y “Transparencia Gubernamental”, la impresentable Isolda del Rosario González Cisneros, par de funcionarios que están protegiendo hasta la ignominia al ladronzuelo director de Comunicación Social, Víctor Hugo Hernández Fuentes, denunciado desde diciembre de 2023 por darle contratos de 350 mil pesos mensuales a su papá, el pseudoperiodista Víctor Hernández Guerrero.
Estas “comparecencias” solo ponen en evidencia el verdadero papel que representan los diputados del NarcoCongreso de Durango, un papel que los hace cómplices de los saqueos e ineptitudes que cometen los titulares de los despachos del gobierno estatal y los titulares de los organismos “autónomos”. Y es que la mayoría de estos “representantes del pueblo” tienen compromisos con el narcogobernador Villegas y otros han cometido delitos por los que deberían estar en la cárcel y tienen que atender al pie de la letra las órdenes del gobernador malandro, para seguir gozando de su protección.
Un servidor público que ya nos está costando muy caro a los contribuyentes por el daño que le está haciendo a la ciudadanía es Fernando Gamero de la Hoya, quien ocupa dos cargos públicos al mismo tiempo y en ninguno de los dos actúa con eficacia.
Fernando Gamero de la Hoya es titular del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito, en el Poder Judicial de Durango, y como tal se ha convertido en una verdadera pesadilla para ciudadanos y abogados que tienen la desgracia de tener que lidiar con este empleado público.
Las anomalías que comete este juez y que enumeran los abogados litigantes van desde actuar con notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones hasta impedir en los procedimientos judiciales que la partes ejerzan los derechos que legalmente les corresponden y obstruir el trabajo de abogados litigantes.
Otros abogados y ciudadanos señalan también las frecuentes ausencias de este empleado judicial, ausencias que retrasan los juicios y perjudican a las partes.
Estas ausencias, denuncian los efectados, se dan porque el juez Fernando Gamero de la Hoya tiene otra chambita en el municipio de Nuevo Ideal, en donde funge como presidente del DIF ya que la alcaldesa de esta demarcación es su esposa, Zaira Guadalupe Quiñones Valenzuela.
Ciudadanos de Nuevo Ideal informan a razacero las ineptitudes de esta alcaldesa, que durante su gestión (2025-2028) ha sido incapaz de procurar justicia a la ciudadanía, pues ni siquiera ha podido nombrar al Juez Municipal.
“Su esposo, el juez Fernando Gamero, tiene mucha influencia sobre la presidenta municipal, básicamente él y unas cuantas personas son los que mal gobiernan Nuevo Ideal’, denuncian ciudadanos de este municipio.
“El que a dos amos sirve, con alguno queda mal”, reza el conocido refrán, pero el empleado público Fernando Gamero de la Hoya es tan incompetente que ninguna de las dos tareas que tiene las realiza con eficacia.
“Que se vaya al DIF de Nuevo Ideal”, dicen los abogados que litigan en el Poder Judicial de Durango y que ya no aguantan a Fernando Gamero de la Hoya. Y por su parte, los ciudadanos de Nuevo Ideal nos comentan: “Que se quede de juez allá en el Poder Judicial, aquí no lo queremos”.
Hasta aquí nuestra Tarde de perros con diputados duranguenses que traen tatuado en la frente el signo de pesos y el sello del narcogobernador Villegas, y empleados públicos que por vergüenza deberían renunciar a sus cargos y buscarse una actividad en donde no perjudiquen a la ciudadanía.