SIP alerta por violencia contra periodistas e impunidad en México
KARLA ALVA
La SIP condenó los asesinatos de los periodistas mexicanos Josué Martínez Contreras, Francisco Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga Rosas, y exhortó a las autoridades a investigar los crímenes.
En el marco de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se expuso el caso de México, marcado por asesinatos de periodistas, amenazas, agresiones físicas, procesos judiciales y medidas regulatorias que generan preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. El informe documentó un entorno de riesgo para el ejercicio periodístico, así como la persistencia de la impunidad y de mecanismos de presión que pueden derivar en censura indirecta.
Asesinatos y amenazas mantienen en riesgo a periodistas
Entre los casos más graves señalados en el informe se encuentran los asesinatos de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, asesinado en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido, quien fue asesinado en agosto en Puebla.
La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigieron investigaciones exhaustivas y llamaron a no descartar la actividad periodística como posible móvil de los homicidios. El reporte también consignó otros tres asesinatos respecto de los cuales, según la información disponible al momento de su elaboración, no existían indicios de relación con el trabajo periodístico de las víctimas.
La violencia incluyó amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes sociales, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información. En Tamaulipas, dos periodistas denunciaron que efectivos de la Secretaría de Marina los obligaron a borrar imágenes y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo.
Asimismo, periodistas incorporados al Mecanismo de Protección en Chiapas y Oaxaca advirtieron que las medidas implementadas no eliminaban los riesgos asociados con sus coberturas. En septiembre también se reportaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y una agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México.
Leyes y procesos judiciales generan preocupación por la censura indirecta
El informe identificó el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales como otro factor de riesgo para la libertad de expresión. Entre los casos destacados figura la denominada “Ley Serrano”, en San Luis Potosí, relacionada con el uso de inteligencia artificial y que derivó en procesos contra periodistas.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuestionaron la amplitud de algunos conceptos legales y advirtieron que podrían utilizarse para perseguir o inhibir voces críticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación.
Otro caso relevante es el del diario Vanguardia, de Coahuila. Tras la detención de su director general, Armando Castilla Galindo, en enero de 2026, y su posterior liberación por decisión judicial, continuaron las controversias legales que ponen en riesgo el patrimonio y la operación del periódico.
El 23 de junio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ocho votos contra uno, revocó las sentencias relacionadas con el litigio y ordenó una nueva revisión judicial. La controversia mercantil incluye medidas de embargo y la eventual adjudicación de bienes del medio, en un proceso cuestionado por presuntas irregularidades.
La SIP, Artículo 19 y la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) han advertido sobre los riesgos de utilizar mecanismos judiciales para intimidar o debilitar económicamente a empresas periodísticas. El caso de Vanguardia refleja la preocupación por el posible uso del hostigamiento judicial como una forma de censura indirecta, incluso sin una orden explícita para restringir contenidos.
Lineamientos y monitoreo de medios abren debate sobre libertad editorial
La discusión sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias también formó parte de las preocupaciones documentadas. Organizaciones periodísticas, académicos y otros actores advirtieron que algunas disposiciones podrían afectar la libertad editorial y propiciar la autocensura, particularmente ante la posibilidad de que autoridades administrativas intervengan en contenidos periodísticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las medidas constituyeran censura y defendió la regulación como un mecanismo para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos fueron aprobados el 26 de agosto, aunque persistieron cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión, así como sobre los mecanismos de supervisión.
Días después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar sus lineamientos de monitoreo de medios y anuló la denominada “variable 14”, destinada a registrar y clasificar mecanismos discursivos indirectos de descalificación, incluidas expresiones de ironía y sarcasmo de comunicadores hacia precandidatos y candidatos.
El tribunal consideró que la aplicación subjetiva de esa variable podía afectar el ejercicio periodístico y generar un efecto inhibitorio sobre la cobertura informativa.
Presidencia y medios protagonizan nuevas confrontaciones
La relación entre el gobierno federal y algunos medios de comunicación también estuvo marcada por enfrentamientos públicos. El conflicto entre la Presidencia y TV Azteca derivó en acusaciones cruzadas de censura.
Posteriormente, la Consejería Jurídica de la Presidencia puso en marcha el espacio “Derecho de Réplica” y presentó, en agosto, un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital” que incluía listas de periodistas, comentaristas y analistas.
Artículo 19 y la Alianza de Medios MX cuestionaron la metodología del análisis y alertaron sobre sus posibles efectos intimidatorios. El gobierno federal sostuvo que el ejercicio buscaba analizar la dinámica de las redes sociales y negó que tuviera como objetivo estigmatizar a periodistas.
SIP y CPJ piden fortalecer la protección y combatir la impunidad
Ante este panorama, la SIP y el CPJ sostuvieron reuniones con la Suprema Corte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en las que plantearon la necesidad de mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los crímenes contra periodistas.
No obstante, organizaciones nacionales e internacionales mantuvieron sus señalamientos sobre la impunidad como uno de los principales factores que incrementan los riesgos para quienes ejercen el periodismo en México.
En su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026, Reporteros Sin Fronteras ubicó a México en el lugar 122 de 180 países, mientras que en el indicador de seguridad ocupó la posición 160.
El panorama presentado ante la SIP advierte que los riesgos para la prensa mexicana no se limitan a la violencia física: también comprenden amenazas, restricciones durante las coberturas, litigios contra medios y medidas regulatorias que pueden limitar la labor informativa y debilitar el ejercicio de la libertad de expresión.
SIP exige esclarecer crímenes
En su resolución, la organización pidió que la actividad periodística de las víctimas sea considerada una línea prioritaria de investigación y que se informe públicamente sobre los avances de las indagatorias, a fin de evitar que los homicidios permanezcan impunes.
La SIP también instó a las autoridades mexicanas a garantizar protección efectiva a periodistas y comunicadores amenazados, así como a implementar medidas preventivas para evitar nuevas agresiones.
Asimismo, reiteró la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar los ataques contra quienes ejercen el periodismo, además de garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten la justicia.
Pierre Manigault, presidente de la SIP; Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa; Carlos Jornet, primer vicepresidente, y Daniel Dessein rindieron, a través de un video, un homenaje a los periodistas asesinados y expresaron su solidaridad con sus familias y colegas.
(La Silla Rota)