Esteban Villegas: boquete millonario
SOFÍA GARCÍA
La revisión de 2024 documentó uno de los casos más delicados.
La reciente entrega de la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardiel, vuelve a poner sobre la mesa los pendientes del gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas Villarreal.
Su administración arrastra antecedentes de observaciones millonarias en el manejo de recursos federales que alcanzaron 846.2 millones de pesos en 2023 y otros 416.6 millones en 2024. En conjunto, más de mil 262 millones de pesos que fueron señalados por la autoridad fiscalizadora y cuyo estado actual de solventación requiere una explicación pública.
La revisión de 2024 documentó uno de los casos más delicados. La ASF señaló 364 millones 353 mil pesos destinados a la conservación de diez carreteras libres de peaje, sin documentación suficiente para justificar los pagos realizados.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal no acreditó cómo se determinaron las mensualidades del contrato, ni presentó evidencias de supervisión, controles de calidad o reportes técnicos que respaldaran los trabajos.
Entre los documentos entregados figuraban fotografías de los tramos carreteros, insuficientes para comprobar el ejercicio de los recursos.
Las observaciones venían desde 2023, cuando la ASF identificó 846.2 millones de pesos pendientes de aclaración, entre ellos 518.4 millones relacionados con incrementos en servicios personales y otros 287 millones vinculados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El gobernador Esteban Villegas sostuvo entonces que los incrementos salariales correspondían a decisiones del gobierno federal y aseguró que las observaciones estaban justificadas administrativamente. Sin embargo, las declaraciones del mandatario no sustituyen la comprobación documental que exige la ASF.
La legislación establece que, una vez notificados los pliegos de observaciones, las autoridades fiscalizadas disponen de 30 días hábiles para presentar las aclaraciones correspondientes. Si no logran solventarlas, la ASF puede promover procedimientos de responsabilidad administrativa y, cuando existan elementos que acrediten posibles delitos, presentar las denuncias penales correspondientes.
Por ello resulta indispensable conocer cuánto de los recursos señalados en Durango fue finalmente comprobado, qué cantidades permanecen pendientes y si se han iniciado procedimientos contra funcionarios responsables de su administración. Hasta hoy, no hay nada.
El monto de los recursos observados en Durango exige determinar cuánto dinero permanece sin justificar y quién autorizó los pagos que la ASF cuestionó. Si las irregularidades no fueron solventadas, los funcionarios responsables podrían enfrentar procedimientos administrativos y, de acreditarse conductas delictivas, denuncias penales.
En el caso de Esteban Villegas, cualquier responsabilidad tendría que establecerse a partir de su intervención en los hechos, no únicamente por su cargo, tiene que responder ¿dónde está el dinero que aún no se ha comprobado y quién tendrá que responder por él?
(EL HERALDO DE MÉXICO)