El “investigador” de las casas de EPN, Rivera y Videgaray es hijo político… de Videgaray

Linaloe R. Flores.

Virgilio Andrade Martínez, nombrado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto como Secretario de la Función Pública (SFP), es amigo cercano de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.

Andrade Martínez tiene el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a los precios más baratos del mercado o con hipotecas blandas.

La remuneración salarial para el Secretario de la Función Pública será en términos brutos de 205 mil 122 pesos con cinco centavos al mes, además de algunos bonos como colectivo de retiro, gastos médicos y gratificación de fin de año, según el perfil de puesto en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).

Desde que Andrade Martínez y Videgaray Caso se conocieron en el ITAM no han roto el vínculo. Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha atestiguado esa relación añeja, describe: “En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE), y ya en la administración peñista, también lo recomendó para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”.

Para Villanueva, estudioso de los formatos de Declaración Patrimonial, el nombramiento de Andrade Martínez entraña un conflicto de interés en sí mismo: “Se le pide que haga una investigación sobre su jefe, la esposa y su amigo. Más paradójico no pudo ser el anuncio para dirigir una dependencia que ciertamente ya no podía andar sola, sin cabeza. Pero, definitivamente, no se requería más demagogia”.

Virgilio Andrade Martínez nació en el Distrito Federal en 1967, y hasta el momento de ser designado secretario de la Función Pública fue titular de la Cofemer. Además de la Licenciatura en Derecho, tiene una maestría de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia. En 2002, fue secretario técnico y director adjunto de Promoción del Banco Nacional de Crédito Rural y Financiera Rural.

El Presidente anunció: “Reafirmando mi absoluto compromiso con la Transparencia y la Rendición de Cuentas he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a empresas que celebraron compra-venta de inmuebles con mi esposa, con el titular de la SHCP y con un servidor”.

En esta parte, puso énfasis: “El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios… Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN: LA SIMULACIÓN

En general, el anuncio del Presidente fue calificado por luchadores emblemáticos de la transparencia en México como un golpe al combate a la corrupción que acaba por hundir las posibilidades de la creación de una comisión desconcentrada que investigue y penalice las acciones corruptas de la burocracia mexicana. Ahora, hay más dudas que certezas después de que el Primer Mandatario tomara el micrófono para hablar, por primera vez en dos años de gobierno, sobre la corrupción.

Virgilio Andrade Martínez, el nuevo titular de la SFP, y el presidente Enrique Peña Nieto, durante la farsa que interpretaron en Los Pinos el pasado 3 de febrero.
Virgilio Andrade Martínez, el nuevo titular de la SFP, y el presidente Enrique Peña Nieto, durante la farsa que interpretaron en Los Pinos el pasado 3 de febrero.

“No cambia nada. Ni con las ocho medidas, ni con el nombramiento en la Función Pública. Todo apunta a que este anuncio se desinflará conforme pasa la nota. No implica nada. En Transparencia, lo importante son las acciones, y pareciera que el Presidente se resiste a la actuación”, exclamó Ernesto Gómez Magaña, quien en la última década ha impulsado la política del Gobierno Abierto desde varias organizaciones civiles y hoy se encuentra en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.

Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideró el anuncio también como una paradoja porque justo en el tema en el que se requiere una respuesta con seriedad, ocurren contradicciones.

Sobre todo, la incógnita es cómo Andrade Martínez, nuevo encargado de la gobernanza nacional, logrará realizar su labor en una dependencia que desde el primer día del gobierno peñista inició un proceso de desmantelamiento de sus órganos internos de control debido a que el Presidente se planteó una Reforma Constitucional que implicaba extinguirla para dar paso a la Comisión Anticorrupción, que hasta la fecha no ha sido creada.

En los primeros dos años del gobierno del presidente Peña Nieto, el ámbito de la Transparencia no fue sobresaliente. Desde que tomó posesión y hasta el 3 de febrero, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala y funcionó con un encargado de despacho: Julián Alfonso Olivas, cuya facultad, en realidad, era la de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones.

La Transparencia y la Rendición de Cuentas integran apenas tres párrafos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento en el que los mandatarios mexicanos trazan las rutas críticas de los ámbitos en los que les interesa focalizar el trabajo de su administración.

Y hasta el mediodía del 3 de febrero, “corrupción” fue una palabra que el presidente pronunció muy pocas veces en dos años de gobierno. No lo hizo en su Primer Informe de Gobierno, el cual es el ejercicio mayor de la Rendición de Cuentas ante los gobernados, según marca la Constitución. En el segundo, la mencionó una sola vez.

(sinembargo.mx).

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