¡Libertad a Bryan, Jack y demás jóvenes luchadores sociales!
Acabo de leer con cierta preocupación en la revista Fórum, que existen ocho mil indígenas en cárceles mexicanas y que “no han salido de prisión por falta de abogados defensores bilingües”. Puta madre, qué enorme podredumbre de la llamada “justicia mexicana”: años en la prisión por hablar lengua indígena y no saber hablar español. Yo de cárceles sólo he conocido las experiencias que narra Víctor Hugo en su novela Los Miserables, los años de visitas que hice a Lecumberri, a la cárcel de mujeres y a los reclusorios oriente y norte del D.F., más de 500 veces visitando a mis amigos presos políticos de izquierda, así como las dos ocasiones que he sido detenido algunos días en cárceles preventivas, por represión política.
Señalan las articulistas Lara y Villeda que, según el Censo, las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil. Destacan que entre los años 2013 y 2014, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas logró la excarcelación de más de 2,500 indígenas con el apoyo de 576 intérpretes-traductores en el año 2013, y más de 1,250 en el 2014. Además, agregaron, el año pasado se brindaron 3,591 asesorías, 2,145 gestorías y 178 peritajes culturales. ¿Crisis del sistema carcelario? Sólo una enorme irresponsabilidad por mantener presa a gente inocente por el hecho de ser miserable y no poder defenderse.
Un presidente de la República -aunque sea un funesto gobernante al servicio del capital, pero inteligente- desde el primer día de su gobierno ordenaría que todos los presos del país: por indígenas o porque hayan asaltado o robado un pan para que su familia no muera de hambre -quizá arriba de 100 mil- quedaran liberados; obvio, después de algunas horas o un día de pláticas, de orientaciones, de advertencias, de garantizarles un pequeño ingreso económico financiándoles un trabajo como el que realizaban en la cárcel, así como de asegurarles un breve periodo de control en los lugares a los que regresarán. ¿Acaso no es condenable un gobierno que tiene llenas las cárceles con gente miserable, explotada, desempleada y, por tanto, inocente?
Por ello es risible, pero también hiere la dignidad, que en estos días el presidente, sus ministros, los legisladores, los empresarios y los medios de información, estén hablando de “impulsar” una “ley anticorrupción” que según ellos es la causa fundamental de la pobreza en México, cuando todos ellos -desde el lugar que ocupan- son los jefes de la corrupción. También es condenable que estos mismos señores del capital estén instrumentando leyes contra las protestas, las manifestaciones callejeras, las pintas de consignas en los edificios públicos y residencias privadas, para encarcelar a los jóvenes luchadores sociales, cuando los millonarios que controlan el país desfalcan el erario público, asesinan a miles de ciudadanos y nunca van a la cárcel.
Se han publicado en el diario Excélsior datos en el sentido de que en México existen 418 centros penitenciarios; de éstos, 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación, y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Se asienta también que en México existen recluidas 240 mil personas; de ellas, alrededor del 44%, es decir, 105 mil 600, se encuentran (inconstitucionalmente) a la espera de que se les dicte sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. De esas 240 mil personas recluidas seguramente todas pertenecen a clases miserables, pobres y media baja.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió en su diagnóstico de 2012 que es urgente llevar a cabo una profunda reforma al sistema penitenciario; exige que no se dé la espalda a la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan reincorporarse a una vida apegada a la legalidad; o bien, que aquellas personas exoneradas no sean estigmatizadas por haber sido detenidas aun sin haber cometido un delito. De acuerdo al examen de la CNDH, hay una larga lista de problemáticas no atendidas por el Órgano de Prevención y Readaptación Social, las cuales se pueden resumir en el hecho de que actualmente las prisiones con frecuencia “propician abusos de poder, dadas las características de encierro y de vulnerabilidad en que, por lo mismo, se encuentran las personas recluidas”.
Sin embargo, son claras las condiciones inhumanas que los internos viven al interior de todos los presidios por la alta corrupción del sistema y la falta de infraestructura de los CERESOS y CEFERESOS, la carencia de un personal capacitado que tenga como fin primordial lograr la reinserción del interno a la sociedad, reinserción que ha sido nublada por las ambiciones de otros. Los internos, al cumplir su condena y ser puestos en libertad, en muchas ocasiones se vuelven delincuentes más peligrosos por cuestiones como la marginalidad, apatía, odio contra el Estado, discriminación, etc. En fin, el sistema carcelario mexicano sólo ha servido a la clase dominante para que siga imponiendo su poder.